De nuevo, en un intento más de recuperar un protagonismo que ya hace bastantes años que perdieron, los dos sindicatos mayoritarios españoles, CC.OO y UGT, insisten en la necesidad de abolir la reforma laboral que el PP, en parte debido a los requerimientos que se nos hacían desde la UE, se decidió a establecer la reforma laboral que, entre las modificaciones que comportó su implantación, estaba la exclusión de los sindicatos de la negociación laboral, dándole más fuerza a la negociación colectiva entre trabajadores y empresarios, dentro del seno de cada empresa. Este simple cambio ha sido, juntamente con otros igualmente importantes, la causa de que la conflictividad colectiva de los últimos años haya disminuido notablemente respecto a aquellos en los que, la presencia sindical, se había hecho prácticamente omnímoda.

Naturalmente, esta pérdida de influencia de los sindicatos sobre los trabajadores, el hecho indubitable de que negociar con los representantes sindicales de la propia empresa les resultaba más fácil, más cercano, más propio de los problemas de la empresa en cuestión al empresario al ser una negociación menos generalizada que aquellos que, al abarcar a todo un sector, una provincia o incluso los nacionales, debían abarcar determinados temas que, en muchas ocasiones, no afectaban a muchas de las empresas del ámbito del convenio e, incluso, en ocasiones, capaces de crear problemas internos que anteriormente no existían.

Como siempre, estos sindicatos españoles que han sido incapaces de modernizarse, de tomar ejemplo de los sindicatos europeos, de darse cuenta de que la política de la negociación salarial, está directamente relacionada con la de la productividad, con la rentabilidad de la empresa y con la necesidad de establecer, una parte de la retribución de los asalariados, ligada directamente con la producción obtenida, para establecer una relación directa entre la marcha económica de la empresa y la compensación recibida por los trabajadores que han contribuido a conseguir sus objetivos; son incapaces de desistir de la lucha de clases, de renunciar a mantener una postura de lucha hacia lo que ellos califican peyorativamente como “el capitalismo” y, desentendiéndose de la marcha de la empresa, de sus problemas, de su situación económica, de su proyección en los mercados o de sus perspectivas a corto y largo plazo, imponer un enfrentamiento constante para mantener un crispación que, necesariamente, como ha ocurrido en tantas ocasiones, suele acabar con las posibilidades de prosperar, de mantenerse en la competencia por los pedidos y, en muchos casos, sus resultados acaban acarreando situaciones de crisis que, a la vez, comportan reducciones de plantillas, de salarios y de posibilidades reales de mantener la estabilidad del centro productivo.

Es evidente que la reforma laboral acabó con una fuente importante de ingresos para las centrales sindicales. Es sabido que, los sindicatos, aparte de pedirles una cuota a los trabajadores afiliados y simpatizantes (debemos reconocer que pocos son los que se prestan a pagar esta contribución económica a su sindicato); de dónde, efectivamente, conseguían sus mayores ingresos era de su participación y asesoramiento en los convenios colectivos, tanto nacionales, sectoriales, autonómicos, locales o de empresa. No todo el mundo sabe que, por este asesoramiento, supuesta defensa de los intereses de los trabajadores, organización de conflictos colectivos y de huelgas, los sindicatos les cobraban a los trabajadores.

Es obvio que, cuando se negocia un acuerdo salarial o de condiciones de trabajo entre un empresario y sus trabajadores, pueden existir momentos de más o menos tensión, paros intermitentes e incluso, en casos extremos, huelgas que, si se limitan a la propia empresa, generalmente suelen ser de corta duración porque, ni los trabajadores ni los empresarios están interesados en que, un conflicto que baja la producción y los salarios de los que la llevan a cabo, se alargue más de lo necesario. Sin embargo, cuando intervenían los sindicatos, disponían de los medios para convertir una pequeña desavenencia en un convenio en una excusa para extender el conflicto a otras empresas en solidaridad con aquella en el que se había producido; convirtiendo un tema menor, por simples intereses sindicales, en un medio para crear un conflicto generalizado, capaz de inquietar a las instituciones laborales que, en ocasiones, se veían obligadas a intervenir para evitar que, el tema, se les escapase de la manos. Evidentemente, esto no lo suelen tener en cuenta quienes no han vivido semejante situaciones e, incluso, hay muchas personas que piensan que los sindicatos son los que se preocupan, de verdad, de que los trabajadores perciban los salarios justos, sin saber que, en muchas ocasiones, estos sindicatos de clase, de enfrentamiento y de manipulación de los trabajadores, lo único que han conseguido es que, la empresa, haya hecho suspensión de pagos o haya quebrado, con el consiguiente paso al paro de sus trabajadores.

Es por eso, señores, que los sindicatos UGT y CC.OO, se quejan, reclaman y piden la derogación de la mentada reforma laboral del PP; porque añoran el poder de antaño, pretenden recuperar su facultad de convocatoria y su influencia de chantajear a las empresas de forma que, en muchas ocasiones, los empresarios, ante la amenaza de una huelga o de una disminución de la producción, se allanaban a aceptar todas las condiciones que les fueran impuestas por las centrales sindicales. La evidencia de los resultados positivos de la implantación de la reforma laboral, el hecho innegable de que la contratación de trabajadores va mejorando, de que el paro va disminuyendo, de que la capacidad de gasto de los consumidores salta a la vista y no es necesario que las autoridades nos lo digan, porque cualquiera que salga a la calle puede ver la diferencia entre esta España del 2016 y aquella que nos dejaron el 2011 las huestes de Zapatero.

No hay argumento que, hoy en día, pueda avalar el darles más influencia a los sindicatos, ni que sirva para restarles autonomía a los empresarios, puesto que, gracias a ello, han conseguido una flexibilidad que les permite adaptar a sus plantillas a las distintas situaciones por las que todas las empresas suelen pasar, con la ventaja de que así se pueden graduar las cargas que, de otra manera, podrían situarlas en una situación crítica. La señora Margaret Thatcher supo entender, cuando subió al poder en el RU, que se les debía cortar las alas a los sindicatos, los todopoderosos sindicatos ingleses, que, con sus exigencias, habían convertido a la Gran Bretaña en esclava de sus caprichos, sin que nadie osara luchar contra tal situación. La señora Thatcher, la dama de hierro, supo darles a las Trade Unions inglesas la medicina para que dejaran de incordiar. Les ganó la batalla los mineros y consiguió que los ingleses no padecieran los efectos del conflicto, con lo que los efectos deseados por los huelguistas, de crear un malestar en todo el país, no llegaron a producirse. A partir de entonces la señora Thatcher pudo desarrollar su política conservadora, logrando que el país entrara en una época de prosperidad y desarrollo, como antes no había sido conocida.

Los señores Tocho de CC.OO y Álvarez de la UGT ya han anunciado que su política va a ser la de convocar movimientos de protesta, paros, huelgas y todo lo que pueda perjudicar el normal desarrollo de la labor de nuestras empresas. No se conforman con los 50 euros que representan un 8% de aumento del salario mínimo, ni que la contratación siga en alza, ni que nuestras empresas empiecen a ser competitivas porque, a estos señores les importa un bledo si España va bien o mal, son como los de Podemos o los de IU o la CUP los tumores que han infectado el país y que, lo que quieren, es acabar con el país para, de sus escombros intentar levantar un nuevo tipo de república, al estilo de la de Maduro en Venezuela, donde les sea fácil hacerse con el poder, e implantar la llamada dictadura del proletariado, un viejo sueño del camarada Stalin que pretendía, con ello, hacerse el amo de Europa.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, contemplamos como, poco a poco, se van produciendo las condiciones, claramente reflejadas en las ciudades de Madrid y Barcelona, bajo el domino de comunistas como Carmena y Colau, para que se produzca una entente entre los de Podemos, los de la CUP y los separatistas catalanes, en su camino hacia la gran deblacle que se presenta inexorable si, como parece seguir emperrados en llevar a cabo, mantienen su convocatoria de referendo para el mes de septiembre del 2017. El intento es el de dejar de lado la actividad parlamentaria, en la que ven grandes dificultades, para conseguir sus objetivos y trasladar la acción revolucionaria a las calles, donde se ven con posibilidades de conseguir lo que, por el camino de la legalidad, se han dado cuenta de que les va a ser difícil conseguir. ¿Son conscientes nuestros gobernantes de esta deriva? Esperemos que sí y que sepan tomar las medidas pertinentes para evitar que se salgan con la suya.