La presión para debilitar el cifrado pondría en riesgo la seguridad de millones de usuarios en Europa, advierte ESET

Las extensiones de cifrado de extremo a extremo (E2EE) se han convertido en un elemento esencial para garantizar la privacidad de las comunicaciones digitales. Sin embargo, la creciente presión de algunos gobiernos para debilitarlo ha reabierto un debate con implicaciones legales, técnicas y de derechos fundamentales en toda Europa.

ESET, compañía global de ciberseguridad, advierte que estas medidas no solo vulneran la privacidad de los ciudadanos, sino que, además, podrían comprometer la integridad de las comunicaciones y datos de millones de usuarios. En España, donde las aplicaciones de mensajería cifrada están entre las más utilizadas a diario, un debilitamiento del E2EE tendría un impacto directo en la vida digital de ciudadanos y organizaciones.

Un debate que crece en Europa

Recientemente, el Gobierno del Reino Unido reiteró su intención de poder acceder, bajo solicitud, a los mensajes y datos cifrados de extremo a extremo de todas las personas en el país, con el objetivo declarado de combatir delitos graves como el terrorismo y el abuso sexual infantil. Para lograrlo, sería necesario introducir una “puerta trasera” (backdoor) en los servicios, algo que la mayoría de las empresas tecnológicas rechaza por el riesgo que supone para la seguridad global. La alternativa, limitar la medida a aplicaciones locales vinculadas a la configuración regional, resultaría igualmente ineficaz frente a plataformas y servicios internacionales.

Este escenario no es exclusivo del Reino Unido. Suecia estudia obligar a aplicaciones como Signal o WhatsApp a implementar puertas traseras, mientras que en Francia la Asamblea Nacional rechazó recientemente una propuesta similar, considerada una victoria para la privacidad. Además, la Comisión Europea contempla en su iniciativa ProtectEU la posibilidad de establecer marcos legales para acceder a comunicaciones cifradas antes de 2026, aunque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya ha dictaminado que debilitar el cifrado vulnera derechos fundamentales.

Una medida de difícil aplicación y alto riesgo

“Restringir el cifrado de extremo a extremo por país es, en la práctica, inaplicable. En un contexto global e interconectado, cualquier intento de limitarlo obligaría a los usuarios que viajan a territorios con estas restricciones a realizar procesos técnicos complejos, como descifrar datos o modificar aplicaciones, para cumplir con la normativa local. La única vía real de control sería en las fronteras, lo que generaría un caos operativo sin precedentes y pondría en riesgo la privacidad y la seguridad de millones de personas”, explica Josep Albors, director de Investigación y Concienciación de ESET España.

Un ejemplo reciente de estas tensiones se dio cuando Apple retiró su función Advanced Data Protection (ADP) – que ofrece E2EE para iCloud – en Reino Unido tras recibir una orden técnica que exigía construir una puerta trasera. WhatsApp respaldó públicamente la decisión de Apple, alertando sobre el riesgo de que esta medida sentara un precedente global de erosión del cifrado.

Un riesgo que afecta a todos

ESET advierte que debilitar el cifrado no detendría a los ciberdelincuentes – que podrían recurrir a herramientas y servicios alterativos, pero sí pondría en riesgo a millones de ciudadanos y empresas:

• Usuarios particulares, expuestos a espionaje, robo de datos o chantajes.
• Empresas, con su propiedad intelectual y datos confidenciales más vulnerables.
• Instituciones públicas, que verían comprometida la seguridad de información estratégica.

“En ESET consideramos que un cifrado robusto es esencial para proteger la privacidad personal, salvaguardar datos sensibles y prevenir el cibercrimen. Debilitarlo, aunque sea con fines legítimos, abre la puerta a que otros gobiernos sigan el mismo camino, incluso en entornos con menos garantías para sus ciudadanos. Actualmente, incorporar este tipo de puertas traseras tiene muchos más inconvenientes que beneficios para los usuarios y, por mucho que se nos quiera vender que es para luchar contra delitos como el terrorismo o la distribución de pornografía infantil, la realidad es que estas medidas no solucionan el problema, pero sí que reducen considerablemente los derechos de los ciudadanos, declara Albors.