La gran estafa

Durante años, se nos pidió responsabilidad. Se nos exigió sacrificio, se nos decía que “vivíamos por encima de nuestras posibilidades”. Y mientras millones de ciudadanos aceptaban resignadamente recortes, congelaciones salariales y pensiones menguantes, otros desde los despachos donde se decide el rumbo económico del país, jugaban con otras reglas. El reciente escándalo que salpica al ex ministro de Hacienda vuelve a poner sobre la mesa una pregunta tan incómoda como necesaria, ¿quién nos devuelve todo lo que nos han quitado?

Desde el año 2008 hasta hoy, el poder adquisitivo de gran parte de la población española ha sufrido un desgaste constante. Según datos del INE y el Banco de España, los salarios reales han perdido entre un 12% y un 18% de poder de compra. En el caso de los pensionistas, durante los años (2011-2018), las pensiones se revalorizaban solo un 0,25% anual, mientras el coste de vida subía muy por encima. El resultado, una ciudadanía que trabaja más, gana menos y vive peor. Una clase media empobrecida, extinguida y una juventud sin horizonte. También se hicieron recortes en sanidad, en educación, se anunciaban seguros de salud privados en todos los medios, nos llevaron hacia un callejón sin salida.

Hoy, más de 3,7 millones de pensiones (el 36,8%) están por debajo del umbral de la pobreza, lo que revela el alcance de una crisis sociológica y económica que alcanza el corazón del sistema del bienestar.

Mientras la mayoría sufría la contención salarial y el estiramiento de la vida diaria, el despacho “Equipo Económico”, tejía conexiones con grandes empresas para favorecer reformas fiscales a medida. La investigación judicial apunta a comisiones cercanas a 50 millones de euros y beneficios fiscales de hasta 2.200 millones en el 2012 para gasistas y eléctricas.

Se ha revelado un entramado de despachos, pagos directos desde empresas e incluso sociedades ficticias en más de diez países para ocultar fondos. La UCO detalla que gran parte de esos pagos acababan directamente en cuentas personales de sus socios. Actualmente hay más de 27 implicados, imputados por delitos como cohecho, tráfico de influencias o fraude. Sin embargo, la respuesta política continua marcada por silencios y bloqueos, como el caso de Madrid.

Los ciudadanos han pagado una factura que no han firmado. Mientras los precios subían y los salarios se estancaban, ciertos poderes actuaban sin control ni pudor.

El 10% de las familias más ricas acapara más del 50% de la riqueza del país. Esta brecha sigue abierta, sostenida por decisiones estructurales, privilegios y redes de influencia.

No se trata solo de la caída del poder adquisitivo. Es una deuda moral con quienes han trabajado, pagado impuestos, cotizado y sin embargo vieron como su vida se empobrecía mientras otros manipulaban los hilos del poder.

¿Quién nos devuelve lo que nos han quitado? ¿Quién responde por años de empobrecimiento mientras otros acumulaban privilegios? No se trata solo de dinero, que también es necesario y nos lo han quitado, se trata también de dignidad, de justicia, de futuro.

A pesar de los escándalos, los gobiernos (de todos los signos) suelen evitar asumir responsabilidades por decisiones pasadas que afectaron a millones. Reconocerlo sería abrir la puerta a indemnizaciones o reajustes masivos. Compensar retroactivamente a trabajadores y pensionistas implicaría enormes partidas presupuestarias que no están dispuestos a sumir. Pero si podrían hacer unas subidas un poco más generosas a los trabajadores y pensionistas con el fin de equiparar un poco más con la inflación real del día a día. También corregir el descuento del IRPF a estos mismos, con el único fin de aliviar tantos millones que se han llevado estos “señores”, que han salido de apretarse el cinturón los más débiles, lo mínimo que deberían de hacer, sería devolverlos y tendrían que estar ya en la cárcel. Pero, como siempre, todo se tapa, todo se disuelve, nada se recupera y siempre pagan los mismos.