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¿Hasta dónde es lícito gravar la propiedad privada?

Estado, autonomías y municipios se ceban con el ciudadano
Miguel Massanet
domingo, 13 de noviembre de 2016, 09:20 h (CET)
Los postglosadores del Derecho Romano dieron una definición del Derecho a la Propiedad que pretendía abarcar todo lo que el propietario de una cosa podía hacer con ella y como disfrutar de ella y sus frutos. El famoso concepto de “ius utendi, fruendi vel abutendi quatenus iuris ratio patitur”, con el transcurso de los años ha quedado desfasado y se puede decir que, hoy en día, tales facultades, en mayor o menor extensión, pueden estar vedadas al propietario, sin que desaparezca por eso su derecho de propiedad o, en determinadas circunstancias, incluso ser privado de él. No es el propósito de este comentario entrar en temas como: la señoría jurídica o la señoría plena de la cosa, tema que nos llevaría por otros derroteros en los que no se pretende entrar. Más bien quisiéramos incidir en el pensamiento liberal que, en la actualidad, se le quiere dar al derecho del individuo sobre sus bienes y los obstáculos y limitaciones no derivadas del Derecho Civil sino de la fiscalidad insaciable y la influencia de determinadas limitaciones y restricciones derivadas del concepto de “bien común” que, generalmente, se basan en cubrir necesidades de orden social; que pesan notablemente y a veces de forma excesiva, en el derecho de propiedad legítimamente adquirido por quien sea el legítimo titular del bien en cuestión.

La filosofía política del Liberalismo se centra principalmente en el individualismo, la igualdad y la libertad, tres aspectos que, en muchas ocasiones, entran en colisión con otros sistemas de gobierno que piensan que: es el Estado quien debe ocuparse de conducir, como rebaños, a sus ciudadanos, diciéndoles cómo deben comportarse, lo que deben hacer, lo que les está prohibido y aquello que pueden tener y lo que le han de entregar, como contribución a la función tutelar que el Estado ( Gran Hermano) desempeña “para su propio bien” y el del resto de ciudadanos de la colectividad. Para el liberalismo todos los ciudadanos deben recibir el mismo trato ante los ojos del gobierno; defiende que los ciudadanos tienen deseos y necesidades que están por encima del sistema político y, en consecuencia, es a éste a quien le corresponde proporcionar esos bienes a los ciudadanos.

Es evidente que el problema surge cuando una igualdad política de este tipo se puede mantener cuando hay inmensas diferencias adquisitivas. Para John Rawls (1921-2002) la idea de verdadera igualdad no puede lograrse en el caso de que existan disparidades económicas tan notables; no obstante, otros pensadores han defendido que las personas tienen un derecho natural a la propiedad y que este derecho ha venido existiendo desde antes de que existiera cualquier gobierno, entre ellos John Locke y Robert Nozick. Nosotros entendemos que, como suele suceder en la mayoría de casos, la resolución se encuentra en un término medio, que particularmente se debe centrar en la forma como los distintos sistemas de gobierno administran los impuestos de los ciudadanos, en cómo distribuyen las distintas asignaciones entre las dotaciones presupuestarias estatales, de modo que no sean los mismos ciudadanos que paguen los impuestos a través del IVA, el IRPF, el IS, los carburantes, etc. los que se vean obligados a contribuir de nuevo en sus respectivas comunidades autónomas por otros conceptos locales o, en un nivel inferior, en el ámbito municipal, por tasas locales, arbitrios, el IBI y los mil y un sistemas de sacar dinero ( y no es el menor el de multar, poner recargos por retrasos, multas por morosidad y demás inventos en los que tan hábiles se muestran tanto la Hacienda del Estado como las haciendas locales).

De lo que no hay duda es de la extrema voracidad recaudatoria que se ha apoderado de nuestros gobernantes y, en este punto, véanlo ustedes, no se puede decir que difieran demasiado las derechas de las izquierdas porque, tanto unos como otros, siempre encuentran una excusa (para unos las infraestructuras en carreteras, vías ferroviarias, hospitales, enseñanza etc. y para los otros, además de los ya citados, las llamadas prestaciones sociales materializadas en proporcionar vivienda a todos los ciudadanos – generalmente se conforman dándoselas a los paniaguados de su propio partido, para pagar favores o tapar bocas – o en el establecimientos de utopías de costes privativos como sería el de establecer un salario mínimo para toda la población algo que ha fracasado cuando las posibilidades de financiarlo han superado las recaudaciones precisas para conseguirlo. Para los liberales el gobierno debe ser capaz de garantizar la libertad de sus ciudadanos, algo que supone garantizar los bienes de cada uno. Podemos llegar a entender que debe existir solidaridad entre los que más ganan y los que carezcan de los medios para ganarse la vida dignamente. Lo que ya no compartimos es que, a costa de los impuestos, en muchas ocasiones repetitivos, desmesurados y, muchas veces, hasta incautatorios, se establezcan ayudas, donaciones, subvenciones o préstamos sin interés o se den empleos en empresas públicas, por amiguismo, nepotismo o enchufismo a elementos que, como los antisistema, los que no buscan trabajo o se niegan a aceptar determinadas ocupaciones; los que no quieren estudiar y piden becas para seguir haciéndolo aunque su nota no llegue a aprobado; también abominamos de aquellas autoridades que sin competencias para ello y sin usar los métodos legalmente establecidos, intentan restringir los derechos de los propietarios sobre sus inmuebles, chantajean amenazando con multas si no los alquilan ( es posible que el propietario piense venderlo y es evidente que, con un inquilino, el piso tiene menos posibilidades de venderse y su precio disminuye sensiblemente). Hay ciudades en España en las que el ciudadano se ve sometido a toda clase de arbitrariedades municipales, debido a que el consistorio está dirigido, utilizado, mangoneado por grupos de comunistas ineptos y dispuestos a saltarse todas las leyes con tal de dar salida a sus instintos anticapitalistas y leninistas.

España, en otros tiempos la que menos carga impositiva mantenía sobre sus ciudadanos, se está convirtiendo en uno de los países europeos donde la fiscalidad es más onerosa para los españoles y, señores, esto no ha hecho más que empezar, porque con un gobierno débil, dependiente de lo que decidan otros partidos políticos, la mayoría de ellos con ganas de que se aumenten los impuestos a los ricos, algo, como es sabido, siempre acaba por perjudicar a las sufridas y siempre perjudicadas clases medias que, en definitiva, se han convertido en las habituales víctimas de cualquier gobierno que se las dé de defensor de los pobres y utilice, como ocurre siempre que necesitan recaudar, con la sobada excusa de favorecer a las clases necesitadas, y, cuando pasa el tiempo y se aclaran las cuentas, acabamos conociendo que aquellas pobres gentes no han recibido un chavo y, los mismos que presumían de caritativos, han sido los que se han embolsado aquellos impuestos que, sin vergüenza alguna ni la más mínima opción de equivocarse o ingresar el dinero en Haecienda con un mínimo retraso, sin recibir, de inmediato, la oportuna sanción, recargo de intereses y requerimiento de pago para que sepamos que Hacienda somos todos... los que debemos pagar a toca teja.

Resulta, poco menos que incomprensible, que haya quienes entiendan que, para evitar la pobreza ,lo mejor que hay es encomendarle a Estado que se ocupe, no de las obras públicas, de la Seguridad Social, de las obras públicas o de mantener un Ejército que nos defienda de posibles agresiones externas o, si es preciso, sostenga el orden interno, junto a las fuerzas de orden público; si no que, la historia lo ha venido confirmando, cuando se ha tratado de países que han querido suplantar la iniciativa privada, que han intentado dirigir la economía de la nación, que han burocratizado la producción y han convertido a los obreros en funcionarios; los resultados han sido catastróficos y han acabado, como concluyó todo el entramado construido por la Unión Soviética y todas las naciones que estuvieron sojuzgadas por ella, en un derrumbe total escenificado en la caída del Muro de Berlín y sus consecuencias en la caída del bloque comunista del Este de Europa. Por eso, cuando grupos políticos intentan venir a contarnos maravillas de un régimen que se ha demostrado que ha fracasado en todos los intentos en los que ha procurado imponer sus teorías; que intentan vendernos que, el mejor sistema, es el cubano o el venezolano y, para demostrarlo, se presentan en el Parlamento haciendo el ganso, disfrazados de desarrapados y con modos y maneras de verdaderos palurdos aunque, en realidad, se trata de pijos universitarios, activistas mercenarios subvencionados desde Venezuela e Irán, que intentan subvertir el régimen español para introducir el sistema caduco y desacreditado del viejo comunismo estalinista, con el propósito de contribuir a lo que se ha dado en llamar, la extensión del “populismo” anticapitalista cuando, en realidad no se trata de otra cosa que de restablecer aquella vieja aspiración soviética de implantar lo que, en la segunda república española se conoció como “Frente popular”, un invento que desencadenó una ola de asesinatos, torturas, robos etc. que pronto se cobró miles de víctimas de éstas que, por cierto estos “sabios” de la Memoria Histórica parece que se han olvidado tan entretenidos y obcecados con buscar víctimas del franquismo, incluso las que solamente se las puede descubrir en sus vengativos y fanáticos cerebros.

Cuando España se encuentra con una deuda pública que sobrepasa el 99% del PIB y la UE nos está advirtiendo de la necesidad de que reduzcamos, en 6.500 millones de euros, nuestro déficit público advirtiéndonos de que debemos seguir profundizando en nuestra reforma laboral y de que se nos va a sancionar por no haber presentado nos PGE en el tiempo determinado (15 de octubre pasado), amén de recomendarnos que, cuanto antes debemos reducir la enorme deuda que estamos soportando; suena a broma pesada que haya quienes insistan en aumentar nuestras prestaciones sociales, que acojamos a más inmigrantes, que aumentemos las prestaciones por desempleo y que, por añadidura, les compliquemos la vida a los empresarios exigiéndoles que adelanten el pago del IS precisamente en unos momentos en los que se las ven y se las desean para poder competir con el resto de las empresas de la competencia en los países del resto de la UE.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, es como vemos con preocupación cómo se van proyectando gastos, se exigen cambios en las prestaciones sociales, se demandan más ayudas para parados, se piden el aumento de los impuestos y se pone en cuestión la propiedad privada satanizando a aquellos que estiman que se les está robando cuando observan que los impuestos llegan a límites imposibles de soportar.
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