Ley 4/2023 y R.D. 1026/2024, obstáculos y confusión en los derechos LGTBI+

La implementación de normativas que promuevan la igualdad y no discriminación en el entorno laboral es esencial para avanzar hacia una sociedad más justa e inclusiva. En este marco, la Ley 4/2023, conocida como "Ley Trans", y el Real Decreto 1026/2024 establecen la obligación de que las empresas con más de 50 empleados implementen un Plan LGTBI+.

Este conjunto de medidas tiene como objetivo garantizar los derechos de las personas LGTBI+, prevenir la discriminación y crear entornos laborales seguros y respetuosos. Sin embargo, la novedad de estas normativas y la falta de claridad sobre su aplicación están generando confusión y desinformación, dificultando que muchas organizaciones cumplan con los requisitos establecidos.

Retos de implementación del Plan LGTBI+ en las empresas

La Ley 4/2023, en vigor desde marzo de 2023, obliga a las empresas a contar con medidas que apoyen la diversidad LGTBI+. Se trata de la primera normativa que aboga por introducir en el mundo laboral acciones para conseguir ambientes más igualitarios en torno al género.

A pesar de su propósito inclusivo, muchas empresas enfrentan desafíos para implementar estos planes debido a la falta de orientación específica, especialmente en sectores donde no existen precedentes en la adopción de políticas de diversidad. Asimismo, no se ha indicado cómo debían proceder las empresas y cuáles eran los bloques obligatorios que se debían cumplir.

No es hasta el 9 de octubre que se publica en el BOE el Real Decreto 1026/2024, de 8 de octubre, por el que se desarrolla el conjunto planificado de las medidas para la igualdad y no discriminación de las personas LGTBI+ en las empresas. Aquí ya sí se introducen aspectos concretos que se deben tener en cuenta para cumplir con la Ley 4/2023.

Entre las medidas a tener en cuenta destacan las políticas de igualdad y no discriminación, que deben abarcar aspectos como la identidad sexual, la expresión de género y las características sexuales, formación, clasificación profesional, permisos y régimen disciplinario. Además, se exige erradicar estereotipos en el acceso al empleo, poniendo especial atención a las personas trans, consideradas un colectivo especialmente vulnerable.

Las sanciones por incumplimiento incluyen multas de hasta 150.000 euros, la exclusión de ayudas públicas y la prohibición de contratar con entidades públicas durante varios años.

Servicios de igualdad para facilitar la adaptación normativa

Frente a la confusión generada, Ingade ofrece soporte integral para implementar el Plan LGTBI+ en empresas, adaptándolo a las necesidades de cada organización y garantizando el cumplimiento normativo. Este enfoque permite a las empresas incorporar medidas como la igualdad retributiva, la gestión de situaciones de acoso y otros protocolos relacionados con la inclusión.

Entre las medidas esenciales destacan los protocolos contra el acoso laboral, diseñados para identificar y actuar en casos de discriminación hacia personas LGTBI+. También se promueven programas de formación para sensibilizar al personal en diversidad y respeto, fomentando un ambiente inclusivo. Además, se eliminan barreras en los procesos de selección, priorizando la contratación de personas trans bajo criterios de igualdad.

Las auditorías internas de igualdad evalúan periódicamente las políticas de inclusión y detectan áreas de mejora, mientras que la revisión de convenios colectivos refuerza el compromiso empresarial con la diversidad. Por último, Ingade asegura que las organizaciones con un Plan de Igualdad gestionado por la empresa integren el Plan LGTBI+ sin costes adicionales, garantizando una transición fluida hacia el cumplimiento normativo.