Algunos datos sobre el caso de las “black”

Que el mayor número de personas con tarjetas sean del PP se debe a que este partido político gozaba de mayoría en la Comunidad de Madrid

José García Pérez

José García Pérez

miércoles, 5 de octubre de 2016, 01:18 h (CET)

Realmente estas palabras no conforman una columna de opinión, sino más bien un conjunto de datos sobre el “caso de las tarjetas black” que pueden llevarnos, si es que dejamos bien cerradas y bajo candado nuestras legítimas convicciones políticas, a ver con claridad que, al menos en este caso, la corrupción fue, veremos si sigue siendo, un mal endémico de nuestra sociedad política.

Creo que es bueno reconocer, aunque haya pasado desapercibido, que el Subsecretario de Economía y Hacienda, señor Temboury, ha dimitido de su cargo porque su suegro es uno de los “tarjeteros”, y no ha querido que se pudiera hacer sangre con el gobierno en funciones.

Al mismo tiempo, y está en su derecho de hacerlo, un senador “podemita” sigue en su puesto aunque un familiar directo, su padre, haya usado la “B”.
Dos exministros, PP y PSOE, se encuentran en el fatídico listado de los mimados por la vida: Rodrigo Rato (PP) y Virgilio Zapatero (PSOE)

Además de directivos de Caja Madrid, los beneficiados y/o comprados son 26 miembros del PP, 15 del PSOE, 4 de IU, 6 de CCOO, 4 de UGT y 2 de la Patronal.
El que se ha llevado la “copa” ha sido un señor de IU que ha gastado más de 450.000 euros.

Es justo reconocer, con nombre y apellidos, que el Consejero Félix Manuel Sánchez (UGT) y los Directivos Iñigo María Aldaz y Esteban Tejera nunca hicieron uso de las tristemente famosas tarjetas black.

El hecho de que el mayor número de personas con tarjetas sean del PP se debe a que este partido político gozaba de mayoría en la Comunidad de Madrid; en otros casos, según Comunidades, la mayoría de Consejeros la tenía el partido mayoritario, aunque sin tarjetas.
No es el asunto de las “tarjetas blak” un caso de corrupción exclusivamente del PP, sino de todo el sistema conformado por todos los partidos políticos del momento, sindicatos y patronal.

Ahora toca esperar a que la Justicia aplique la Ley.

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