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A partir de diciembre, los hoteles españoles deberán recabar hasta 42 datos personales de sus clientes

La medida, que parte del Real Decreto 933/2021, busca reforzar la seguridad, pero ha suscitado controversias tanto por la privacidad como por la viabilidad de su implementación
Redacción
lunes, 7 de octubre de 2024, 10:04 h (CET)

El próximo 2 de diciembre entrará en vigor en España una nueva normativa que obliga a hoteles, plataformas de alquiler vacacional y agencias de viaje a recopilar hasta 42 datos personales de cada huésped. Esta medida, regulada por el Real Decreto 933/2021, tiene como objetivo mejorar la seguridad del país frente a amenazas terroristas y el crimen organizado. Sin embargo, la magnitud de la información requerida ha generado preocupaciones sobre la privacidad de los ciudadanos y la capacidad del sector turístico para adaptarse.


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Objetivo de la normativa


El Ministerio del Interior, encabezado por Fernando Grande-Marlaska, ha promovido esta nueva normativa como una herramienta clave para la prevención y detección de actividades delictivas. Con la creciente preocupación por la seguridad global, el gobierno español ha decidido reforzar los controles en sectores clave como el turismo y el alquiler de vehículos, canales que pueden ser utilizados por delincuentes para ocultar sus actividades.


Hasta ahora, los hoteles solo debían solicitar una serie de datos básicos a los clientes, como el DNI o pasaporte, y la fecha de nacimiento. Sin embargo, a partir de diciembre, los establecimientos deberán recabar una serie de datos adicionales, entre los que se incluyen la residencia habitual del huésped, el correo electrónico, el número de teléfono, información sobre el método de pago (como el nombre del titular de la tarjeta y su fecha de caducidad), y detalles sobre la relación entre los viajeros, en caso de que sean familiares.


Estos datos serán enviados directamente a la Secretaría de Estado de Seguridad, lo que ha despertado preocupación tanto entre los defensores de la privacidad como en el sector turístico. Aunque la Agencia Española de Protección de Datos ha aprobado técnicamente la normativa, también ha advertido sobre los riesgos que implica la interconexión de estos datos con otras instituciones, subrayando que su uso debe estar estrictamente limitado a investigaciones concretas y legalmente justificadas.


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Críticas del sector turístico


La implementación de este real decreto no ha estado exenta de controversias. Los principales actores del sector hotelero y de alquiler vacacional han mostrado su preocupación por el volumen de información que se les exige recopilar, así como por las implicaciones que esto puede tener en la competitividad del sector.


Otro de los puntos conflictivos es el sistema de sanciones. El decreto prevé multas de hasta 30.000 euros para aquellos establecimientos que no cumplan con la normativa, lo que ha generado inquietud entre los pequeños empresarios que temen no poder adaptarse a tiempo.


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Implicaciones para los viajeros


Para los viajeros, este cambio en la normativa también supone un reto. Hasta ahora, la mayoría de los turistas solo debían proporcionar unos pocos datos al registrarse en un hotel. Con la nueva normativa, la información solicitada es mucho más detallada, lo que podría generar inquietudes sobre la privacidad de sus datos personales.


El Gobierno ha asegurado que los datos recopilados serán gestionados con estrictas medidas de seguridad y que su uso estará limitado a las fuerzas y cuerpos de seguridad para investigaciones relacionadas con delitos graves. No obstante, los expertos en privacidad advierten que la gran cantidad de información solicitada podría abrir la puerta a posibles vulneraciones de la privacidad si no se garantiza una protección adecuada de los datos.


El Real Decreto 933/2021 representa un esfuerzo por reforzar la seguridad en España, pero ha suscitado una oleada de críticas tanto por parte del sector turístico como de los defensores de la privacidad. A medida que se acerca la fecha de su entrada en vigor, las dudas sobre la viabilidad y el impacto de esta normativa persisten. Lo que está claro es que este cambio marcará un antes y un después en la forma en que los hoteles y otros alojamientos gestionan la información de sus huéspedes, obligando tanto a las empresas como a los viajeros a adaptarse a una nueva realidad.

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