​Donde ser bueno es un error

Es frecuente oír en estos tiempos que los constituyentes se equivocaron al redactar el título VIII de la Constitución Española de 1978, error que se deduce de los resultados patentes de tensión político-territorial y enfrentamiento social crecientes que asolan España desde hace años. Según los que así opinan, la redacción de los artículos de dicho título, particularmente desde el 143 al 158, los del capítulo tercero, los que se ocupan de la organización de las Comunidades Autónomas, por inconcretos y poco previsores, son los culpables del evidente deterioro de la igualdad entre españoles y están detrás de los desmanes separatistas que están destruyendo el Estado y, con él, la nación, que para muchos españoles es, a día de hoy, un concepto ajeno a la modernidad, propio de otros tiempos; franquista, por lo menos, desde el siglo XVI.

No soy especialista en técnica legislativa (Dios me libre), pero (cualquier español de pro siempre tiene un “pero” para hablar con firmeza de lo que desconoce) una mirada al articulado desde el sentido común y la perspectiva caballera que da la edad, parece indicar que el error de los padres de la Constitución no fue de impericia, sino de desconocimiento sociológico del pueblo español, al que creyeron redimido de la deslealtad y del cainismo atávicos tras la muerte del dictador.

Me parece que los constituyentes obraron de buena fe, y ese fue su desacierto. A los españoles, históricamente, nunca nos ha sentado bien la libertad, no porque no sea un principio intrínsecamente bueno e imprescindible para el desarrollo integral de un pueblo, sino porque lo digerimos mal. Nadie discute los beneficios de los productos lácteos o de los cereales, pero los intolerantes a la lactosa y los celiacos, respectivamente, no pueden con ellos. Y algo así le sucede desde tiempos inmemoriales al español medio, que ingiere libertad y se descompone con ella, con lo que nuestro crecimiento social ha sido tradicionalmente deficiente, rayano con el raquitismo.

Buena parte de los españoles creen que el ejercicio de la libertad consiste en esperar el momento adecuado para imponer a los demás las ideas propias, arrumbando las ajenas que las precedieron (la tan publicitada transformación social progresista, que poco tiene que ver con la mejora de las condiciones de vida y la igualdad y mucho con la unicidad de credo). De tal forma que, si se es capaz de configurar una mayoría doctrinaria opuesta a los mandatarios anteriores, lo primero que procede es vengarse ideológicamente de los predecesores, después, desprestigiarlos en su integridad e impedir por todos los medios que puedan volver siquiera a exponer sus ideas —no sea que, por esas casualidades económicas de la vida, puedan volver a convencer a un número suficiente de votantes—, para lo que hay que dedicarse en cuerpo y alma a destruir la posibilidad de que el votante pueda formarse una opinión racionalmente fundada, manipulando la realidad presente y pasada para producir en masa analfabetos funcionales hedonistas, discapacitados políticos de diseño con una noción mesiánica de la libertad.

Bien es verdad que esto es muy notorio hoy en día, en que la mentira, la revancha, la represalia, el escarmiento y la ocupación indiscriminada de lo público y lo privado son el santo y seña de nuestros dirigentes. Pero, nada nuevo bajo el sol ibérico: es tan viejo como la tos hacer del ejercicio del poder un instrumento de alienación colectiva y de la ideología una religión, en la que los enajenados de a pie estiman que masacrar al disidente intelectual o ideológico es un deber social, un ejercicio honesto y virtuoso de la libertad por el bien común.

Así que, no nos engañemos, somos lo que hemos sido siempre, con las consiguientes consecuencias recurrentes: Lázaros oportunistas, Alonsos Quijano enfurecidos e ilusos, Sanchos resignados, fantaseadores y tolerantes, fanáticos don Pablos aferrados a las instituciones o Segismundos desdichados lamentándose en un periódico, en un libro o en algún foro minoritario que a nadie importan.