El 15 de febrero, el primer ministro australiano, Anthony Albanese, expresó en una ronda oficial de preguntas en el Parlamento de su país: “Esto no puede seguir y seguir de manera indefinida”. Albanese se expresó de este modo al explicar una medida que adoptó un día antes, el Día de San Valentín. No, no se estaba refiriendo a la propuesta de matrimonio que le hizo a su pareja, Jodie Haydon, que ella aceptó. El primer ministro estaba explicando por qué apoyó una moción parlamentaria, aprobada por abrumadora mayoría el 14 de febrero, en la que se pide la liberación de un ciudadano australiano, el fundador de WikiLeaks, Julian Assange. El apoyo de Albanese se suma al de una creciente cantidad de dirigentes australianos de todo el arco político que solicitan que el Reino Unido no extradite a Assange a Estados Unidos y que ese país retire los cargos de espionaje y jaqueo de información que pesan sobre él. Assange, que desde 2019 se encuentra encarcelado en la tristemente célebre prisión de máxima seguridad de Belmarsh, en Londres, tiene por delante una audiencia de apelación clave que se celebrará en el Reino Unido la próxima semana.

Jennifer Robinson, integrante del equipo legal de Assange, envió el jueves un mensaje de texto a DN! en el que dice:

“La audiencia de apelación de la próxima semana podría ser la última instancia de apelación de Julian contra su extradición a Estados Unidos. Si se deniega el permiso para apelar, no tendremos más recursos de apelación disponibles en el Reino Unido”. En caso de ser extraditado, Assange podría enfrentar hasta 175 años de prisión en Estados Unidos. Como dijo el primer ministro Albanese: “Ya basta”.

Antes de ser trasladado a la prisión de Belmarsh, Assange había vivido durante siete años recluido en las reducidas instalaciones de la Embajada ecuatoriana en Londres, donde se le había concedido asilo político.

Assange fundó WikiLeaks, un sitio web que publica documentos filtrados y que garantiza el anonimato de los informantes. Aunque el sitio fue creado en 2006, fue recién en 2010 que el Gobierno estadounidense comenzó a hostigar de manera pública y enérgica a WikiLeaks y Assange. Esto ocurrió después de que el sitio publicara importantes documentos filtrados relacionados con la invasión y ocupación estadounidense de Irak y Afganistán.

El lunes 5 de abril de 2010, en el Club Nacional de Prensa de Washington D.C., Julian Assange hizo público un impactante material audiovisual. El video, que WikiLeaks tituló “Asesinato colateral”, fue filmado en 2007 desde un helicóptero Apache de las fuerzas armadas estadounidenses que estaba sobrevolando la capital de Irak, Bagdad. La grabación muestra con gran detalle, en blanco y negro, el ataque del helicóptero de combate contra un grupo de personas que se encontraba en la calle. Doce civiles, entre ellos dos empleados de la agencia de noticias Reuters, fueron acribillados por el fuego automático del helicóptero. En la filmación se pueden escuchar las voces de los miembros de la tripulación del helicóptero cuando solicitan autorización a sus superiores para ”entablar combate” con sus objetivos. Asimismo, se puede oír cómo los soldados estadounidenses se ríen y profieren insultos mientras cometen la masacre. Se trata de un video escalofriante, que documenta un crimen de guerra.

A la publicación del video le siguió la divulgación en Wikileaks.org de cientos de miles de registros digitales de las fuerzas armadas estadounidenses, denominados “Registros de la guerra de Irak” y “Diarios de la guerra de Afganistán”. Estos documentos aportaron nuevas pruebas de que Estados Unidos estaba cometiendo crímenes de guerra. Algunos funcionarios electos estadounidenses llegaron a pedir que se asesinara a Assange. El entonces vicepresidente del país, Joe Biden, calificó a Assange de “terrorista de alta tecnología”.

Poco después, el Departamento de Justicia de Estados Unidos convocó a un gran jurado secreto que emitió una acusación secreta contra Assange. La existencia de esa acusación se reveló en WikiLeaks en una filtración posterior, en 2012. Desde entonces, Estados Unidos y el Reino Unido han perseguido a Assange de manera persistente y severa. En 2021, una investigación realizada por el periodista Michael Isikoff y su equipo, descubrió que, en 2017, la CIA había tramado planes para secuestrar a Assange de la Embajada de Ecuador e incluso asesinarlo.

Andrew Wilkie, miembro independiente del Parlamento australiano por el estado de Tasmania, fue quien presentó esta semana la resolución de apoyo a Assange. En su discurso ante la Cámara de Representantes, Wilkie expresó: “Esta Cámara tiene presente que los días 20 y 21 de febrero de 2024, el Tribunal Superior de Justicia del Reino Unido celebrará una audiencia para determinar si el periodista Julian Assange, galardonado con un premio Walkley, puede apelar su extradición a los Estados Unidos de América. […] Tanto el Gobierno australiano como la oposición han declarado públicamente que este asunto se ha prolongado demasiado y enfatizan la importancia de que el Reino Unido y EE.UU. pongan fin a esta situación para que el señor Assange pueda regresar a casa con su familia en Australia”.

El Gobierno australiano no es el único que pide la liberación de Assange. En noviembre de 2022, cinco importantes periódicos que colaboraron con WikiLeaks —The New York Times, The Guardian, Le Monde, El País y Der Spiegel— publicaron una carta conjunta en la que pedían que cesara la persecución judicial y se retiraran los cargos contra Assange. En un fragmento, la carta dice: “Recabar y difundir información sensible cuando es necesario para el interés de la población es una parte fundamental del trabajo diario de los periodistas. Si ese trabajo se criminaliza, el debate público y nuestras democracias se debilitan de manera significativa”.

La abogada de Assange Jennifer Robinson asistirá a la audiencia de apelación que se celebrará en el tribunal londinense. En conversación con Democracy Now!, Robinson expresó: “Tal como lo venimos diciendo desde hace años, este es un caso político que requiere una solución política. El respaldo político sin precedentes que el Parlamento australiano mostró anoche pone de manifiesto que el caso de Julian es una prioridad tanto para el Gobierno australiano, como para nuestro Parlamento y toda la población. Estados Unidos debería escuchar las preocupaciones de uno de sus países aliados y abandonar el caso [contra Assange]”.