Está a la vista de todos que cuando los “anti sistema” entran a dirigir el sistema éste no mejora en absoluto, al contrario, se está desplegando una peligrosa espiral de odio y revancha que pone en peligro la convivencia. Ahí están los ayuntamientos de bastantes capitales que no están mejorando precisamente en manos de radicales y los sucesos de Barcelona en los que el movimiento okupa reparten instrucciones sobre la forma de actuar contra las fuerzas de seguridad.

Destrozar el mobiliario urbano y las oficinas bancarias, quemar coches y golpear cacerolas no parece que sea ningún ejercicio de convivencia pacífica. Vocear que hay que desobedecer a los tribunales, incumplir los compromisos con la Unión Europea y no pagar la deuda tampoco parece el camino más acertado para normalizar nuestra situación. La amenaza de declararse independientes es el resultado de una política central equivocada: no hacer nada y esperar a que escampe.

A la crisis económica que padecemos: desempleo y deuda, se añade desde el 20 de diciembre del año pasado la crisis institucional, que no sabemos si se resolverá con las próximas elecciones.

Todo ello es el resultado de una acumulación de errores que se han ido produciendo desde el periodo mismo de la transición, como pueden ser la desmembración autonómica y un deficiente sistema electoral que entregó la llave de la gobernabilidad a los nacionalismos periféricos y que ningún gobierno se atrevió a modificar.

Ni siquiera el último del Partido Popular, a pesar de haber obtenido la más amplia mayoría, fue capaz de afrontar ninguna de las reformas necesarias. Absorto en los problemas económicos el Presidente no quiso saber nada de otra cosa, y lo que hizo al final de su mandato tampoco supo venderlo a los ciudadanos, lo que demostró su escasa entidad como estadista que gobierna pensando en las próximas generaciones.

Por otro lado la sociedad en su conjunto ha confundido la modernidad con el abandono de los deberes y normas tradicionales para reclamar del estado, que se dice del bienestar, toda clase de prestaciones y cuidados, desde la cuna a la tumba. Como naturalmente los derechos que se reclaman cuestan dinero los gobiernos de turno no tienen otra forma de conseguirlos que cargando de impuestos a los ciudadanos que trabajan o pidiendo prestado.

Mientras que las personas que pasaron su vida trabajando y cotizando ven que peligra el derecho a sus pensiones, otros que no trabajaron ni cotizaron exigen que se les mantenga. Los que perdieron su trabajo por diversas causas pueden no encontrar otro por su edad, pero hay bastantes que quizás ni siquiera lo han buscado, quizás abandonaron los estudios, quizás estudiaron cosas que nadie demanda, quizás han vivido demasiado tiempo a costa de sus padres. ¿Qué se puede hacer? ¿Se buscan soluciones?

Ante todos estos problemas unos político esperan que se resuelvan solos y otros quieren resolverlo haciendo la revolución. Pero quitar trabas burocráticas, facilitar la creación de empresas, la llegada de inversiones, apoyar a los emprendedores, buscar nuevos mercados a nuestros productos, etc. es la tarea de fomento que habría que esperar de los gobiernos, pero no oigo nada de esto en los que hablan de cambio, ni tampoco en los que hablan de otras cosas.