La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha defendido este lunes la importancia de la Ley 24/2015 de emergencia habitacional y pobreza energética, con la que ha asegurado que se han logrado parar 639 desahucios desde enero mediante la Unidad contra la Exclusión Residencial.
Lo ha dicho en rueda de prensa tras reunirse con representantes de la PAH --de la que fue portavoz--, de la Alianza contra la Pobreza Energética y el Observatori Desc, un día antes de que entidades, Generalitat y Ayuntamiento aborden en una reunión convocada por el presidente del Govern, Carles Puigdemont, la decisión del Gobierno central de impugnar ante el Tribunal Constitucional (TC) parte de esta Ley.
Colau ha recordado que la Ley también ha permitido enviar alrededor de 1.500 requerimientos a grandes tenedores de vivienda; que 550 pisos pasen a manos municipales para hacer frente a la emergencia habitacional; que se hayan logrado 104 alquileres sociales y que se hayan requerido otros 81 --que ha dicho que quedarían suspendidos--, y que se hayan abierto 17 procesos sancionadores.
Además, ha dicho que han constatado mediante inspecciones que 149 pisos de los 1.500 están vacíos desde hace más de dos años, por lo que deberían pasar a alquiler social de acuerdo con la ley, y que se han frenado 412 cortes de suministro en los puntos de atención a la pobreza energética en diversos distritos.
DECISIÓN "INMORAL" "Necesitamos más herramientas legislativas como la Ley 24/2015, y no menos", ha aseverado la alcaldesa, que ha tachado la decisión del Gobierno central de inmoral y le ha acusado de incumplir sistemáticamente sus obligaciones y de criminalizar a colectivos, entidades y personas que defienden estos derechos que ha descrito como fundamentales.
"Es inadmisible y doblemente grave porque el Gobierno central está en funciones. Es una imprudencia, una irresponsabilidad y una arrogancia. No sólo no ha resuelto los desahucios, sino que los ha aumentado", ha dicho Colau.
Tras criticar que el ejecutivo central no haya logrado una mayoría suficiente para gobernar y pese a eso haya pedido la suspensión, ha aseverado: "Esperamos que en junio salga un Gobierno que restituya la legalidad en materia de derechos fundamentales" recogidos en el Estatut y la Constitución, ha resaltado.
"Tenemos la expectativa de que esto se pueda producir, pero mientras se produce esta anomalía no podemos mirar hacia otro lado", ha defendido, por lo que considera que las administraciones no pueden desentenderse de sus obligaciones y que deben seguir frenando los desahucios, algo que, si no se puede lograr con esta Ley, deberá hacerse con otros mecanismos, ha avisado.
Ha sostenido que las administraciones deben usar al máximo sus capacidades y competencias para dar cumplimiento al Estatut y a la Constitución al fijar la vivienda "como un derecho fundamental que deben cumplir una función social".
REUNIÓN DE ESTE MARTES Ha celebrado el encuentro que se producirá este martes y la respuesta de ayuntamientos, Generalitat y entidades, que ha descrito como rápida, tras lo que ha destacado: "En Cataluña nos tenemos que felicitar porque el conjunto de la sociedad y la ciudadanía tiene muy interiorizada la gravedad de la emergencia habitacional y la pobreza energética
Considera que el encuentro de este martes es muy oportuno para impulsar la coordinación, tras lo que ha abogado por que se cree un mecanismo estable de seguimiento entre Generalitat, ayuntamientos y entidades, y por un espacio propio municipalista.
En este sentido, ha añadido: "Ojalá este bache generado por esta anomalía del PP sirva para aumentar la coordinación. No contemplo ningún paso atrás, sino que sirva para dar un paso adelante".
ENTIDADES El portavoz de la PAH Carlos Macías ha destacado que la hoja de ruta que han diseñado las entidades recoge acciones concretas dirigidas a ayuntamientos, Parlament y Generalitat para asegurar los derechos que garantiza la Ley 24/2015, y pide crear "nuevos instrumentos legales para dar respuesta a los artículos que el PP ha suspendido".
Ha destacado que también exigen a Parlament y Generalitat impulsar una línea de ayudas al pago del alquiler que no sea puntual, sino permanente y vaya dirigida a los casos de pequeños tenedores de vivienda, algo que ha apoyado Colau, que ha recordado que el consistorio abrió ayudas al alquiler dotadas con ocho millones en el pasado ejercicio.
La miembro de la Alianza contra la Pobreza Energética Maria Campuzano ha recordado que los artículos de la Ley referentes a la pobreza energética continúan en vigor, y ha pedido que se "apliquen con contundencia" y que las administraciones informen de que se siguen aplicando y de los derechos de los ciudadanos y los mecanismos con los que cuentan los ayuntamientos para evitar los cortes de suministro.
Ha abogado por que los ayuntamientos "hagan frente común con la Generalitat" para alcanzar convenios con las compañías suministradoras --ha dicho que presentaron una propuesta al Govern hace dos meses y que todavía no han recibido respuesta--, algo que ha defendido también la alcaldesa, quien ha señalado que abordarán estos asuntos en la comisión mixta del Ayuntamiento y la Generalitat, que ha dicho que prevé que se reúna en junio.
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