El 3 de febrero pasado, el descarrilamiento de un tren de carga en East Palestine, estado de Ohio, cubrió esa localidad con una mezcla de sustancias químicas y gases tóxicos, que contaminó el aire y los cursos de agua y provocó la muerte de miles de peces y ranas. Luego del accidente, los residentes de la localidad han reportado problemas respiratorios, irritación en la garganta, ardor en los ojos y erupciones cutáneas. Las consecuencias a largo plazo de estas afecciones aún se desconocen. 

El tren de carga que descarriló, de más de tres kilómetros de largo, era operado por la compañía ferroviaria Norfolk Southern y ha sido denominado como un “tren-bomba”, ya que entre sus 141 vagones había varios vagones cisterna con la capacidad de contener, cada uno, alrededor de 120.000 litros de productos químicos tóxicos altamente inflamables. Además del derrame, el descarrilamiento provocó un incendio fuera de control que se prolongó durante varios días, seguido de una quema “controlada” de la carga más tóxica del tren, que produjo una enorme bola de fuego y una nube de humo en forma de hongo. La catástrofe podría haberse evitado si no hubiera existido una regulación laxa y la enorme presión que compañías como Norfolk Southern ejercen a favor de sus intereses.

Cinco días después del accidente, se comunicó a los residentes de la zona que habían sido evacuados que era seguro regresar a sus hogares. El levantamiento de la orden de evacuación no le sentó bien a Emily Wright, directora de desarrollo de River Valley Organizing, una organización comunitaria del Valle del Río Ohio, un área que incluye la localidad de East Palestine.

En conversación con Democracy Now!, Wright expresó: “Hay ocho kilómetros de distancia entre mi casa y el lugar donde se produjo el descarrilamiento. 'Van a estar bien', [dijeron las autoridades]. Repetían lo mismo una y otra vez en los medios y en las ruedas de prensa: 'No hay toxinas en el aire. No hay toxinas. No se preocupen'”.

A pesar de las garantías que brindaban las autoridades, Emily Wright estaba preocupada. “En mi casa […] empezamos a sentir náuseas y —perdón por ser explícita— diarrea. Mi padre padece asbestosis bilateral por trabajar en una fábrica [metalúrgica] y tenía dificultad para respirar. Así que estas industrias nos están matando de diferentes maneras”.

Para ese entonces, el riesgo de exposición a sustancias tóxicas había aumentado, al igual que el temor a que ocurriera una explosión de gran magnitud. Entonces, a Wright y a sus vecinos se les dijo que “se refugiaran en un lugar seguro”.

Durante la entrevista con Democracy Now!, Emily Wright continuó: “Unos 25 millones de estadounidenses viven en la zona de riesgo de explosión de trenes petroleros, que abarca las áreas más pobres de Estados Unidos, incluyendo [comunidades en] Conway, Illinois, Pensilvania y la [región de los montes] Apalaches. [Y las autoridades] continúan reduciendo los requisitos en materia de seguridad, y no se preocupan por nosotros, porque somos las personas que históricamente no pueden defenderse”.

Aunque el tren tenía tres kilómetros de largo, tenía un peso considerable y transportaba una alarmante variedad de productos químicos peligrosos, su sistema de frenos se basaba en una tecnología que data de la época de la Guerra Civil estadounidense. Este mecanismo de frenado funciona como los autos chocadores: cuando la locomotora de adelante reduce la velocidad, el vagón de atrás choca contra ella y frena, y así pasa sucesivamente con el resto de los vagones.

Actualmente ya está en uso un sistema de frenado ferroviario mucho más moderno y eficaz, conocido como “frenos neumáticos controlados electrónicamente” (ECP, por sus siglas en inglés). Los trenes de pasajeros operados por la empresa Amtrak tienen este sistema, al igual que los trenes que transportan residuos nucleares.

Tal como informó el medio digital The Lever luego del descarrilamiento, el Gobierno de Barack Obama promulgó en 2014 una normativa, que debía entrar en vigencia en 2023, que establecía que los trenes que cargan el tipo de materiales peligrosos que transportaba este último tren-bomba debían usar el sistema de frenos neumáticos controlados electrónicamente. La compañía Norfolk Southern y otras empresas líderes de la industria contribuyeron con más de seis millones de dólares a las campañas del Partido Republicano mientras presionaban contra la implementación de esa regla. El Gobierno de Trump revocó la norma en 2018 y, hasta la fecha, el Gobierno de Biden y el secretario de Transporte, Pete Buttigieg, no han hecho nada para restablecerla.

Además de bloquear la implementación de normas de seguridad más estrictas, Norfolk Southern y otros gigantes ferroviarios han estado recortando costos para aumentar sus ganancias.

Ross Grooters, ingeniero ferroviario y copresidente del sindicato Railroad Workers United, dijo a Democracy Now!: “La raíz de todo esto está en los recortes de personal. Hay empresas que están ganando cantidades obscenas de dinero […] y hay menos personal, que debe realizar muchas más tareas de manera más rápida. Hay un recorte generalizado en las áreas de mantenimiento de infraestructura de importancia crítica, como los vagones, las locomotoras y las vías. Y luego tenemos trenes cada vez más largos y pesados, como el que vimos aquí, que tienen una mayor propensión a descarrilar”.

Según la investigación de The Lever, mientras Norfolk Southern se sumaba al lobby contra las normas federales de seguridad para los trenes de carga —argumentando que la actualización de los sistemas de frenado, por ejemplo, sería demasiado costosa de implementar— gastaba mil millones de dólares en la recompra de sus propias acciones para impulsar el alza de su valor de mercado.

Mientras tanto, los residentes de East Palestine y de muchas otras comunidades de un área cada vez más grande afectada por este gran derrame de químicos tóxicos, siguen bebiendo agua embotellada mientras se les asegura que todo está bien.

El día que el director de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, Michael Regan, visitó East Palestine, Emily Wright conversó nuevamente con Democracy Now! y reclamó la intervención de las autoridades federales: “Realmente necesitamos que se declare una emergencia federal. […] Necesitamos a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias trabajando aquí. Las consecuencias a corto y largo plazo de este descarrilamiento serán unas de las más graves de las que se tenga registro para este tipo de accidentes en Estados Unidos”.