El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha arremetido este viernes contra quienes defienden las diputaciones provinciales pese a que su eliminación supondría, según su partido, un ahorro de 6.000 millones de euros para las arcas públicas.

"Diputados y asesores de partido en diputaciones en rebeldía por ahorrar 6000M que defiende C's. ¿Lo siguiente qué será, huelga de senadores?", ha escrito en su cuenta de Twitter, respondiendo así a las críticas recibidas por su propuesta de eliminar las diputaciones, que finalmente ha logrado incluir en el pacto de gobierno con el PSOE.

La mayoría de las 18 diputaciones gobernadas por los socialistas rechazan la desaparición de estas instituciones, y los presidentes de algunas de ellas incluso han anunciado que votarán "no" al acuerdo de legislatura entre el PSOE y Ciudadanos en la consulta a las bases que realiza el candidato a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez.

En el documento firmado por los dos partidos se plantea sustituir las diputaciones provinciales de régimen común por consejos de alcaldes que se encarguen de los asuntos de los municipios de menos de 20.000 habitantes, los que más ayuda reciben de la institución provincial.

La oposición a esta medida es mayor aún en el PP, que ha llegado a poner en duda su constitucionalidad y ha acusado al PSOE de haber traicionado a sus electores por este "ataque frontal a los municipios españoles, y de forma muy especial a los pequeños ayuntamientos".

CIUDADANOS LAS VE INNECESARIAS
El argumento de Ciudadanos para abogar por la eliminación de las diputaciones provinciales --manteniendo las diputaciones forales del País Vasco y los cabildos y consejos insulares de Canarias y Baleares-- es que son un nivel de gobierno "redundante" con una gran cantidad de cargos políticos que suponen un gasto público innecesario.

Aunque Rivera habla de conseguir un ahorro de 6.000 millones de euros si se suprime "todo el aparato burocrático" de las diputaciones, hasta ahora su partido ha venido diciendo que el ahorro estaría cerca de los 5.000 millones. Actualmente, mantener estos órganos cuesta unos 25.000 millones de euros cada año.

La formación naranja también quiere acabar con el Senado. Esta opción también se contempla en el pacto con el PSOE, aunque como 'plan B' en el caso de que no se consiga reformar la Cámara Alta para convertirla en una verdadera cámara territorial y que no tenga más de cien senadores.