El tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares, encargado de juzgar a la Infanta Cristina y a los otros 17 acusados del caso Nóos, ha admitido como prueba en la vista oral el informe entregado por el fiscal anticorrupción Pedro Horrach para reforzar sus tesis sobre la hermana del Rey Felipe VI, así como el aportado por la defensa de ésta.

La Sala ha reanudado el juicio, tras un receso de dos horas, a las 21.30 horas para decidir sobre las nuevas diligencias propuestas por las partes en esta primera jornada y, entre otras, ha declarado pertinente como prueba el dictamen entregado por Horrach y elaborado por la jefa de la Unidad Central de Coordinación en materia de Delitos contra Hacienda, Caridad Gómez, sobre el papel de los socios no administradores de empresas utilizadas para defraudar, como habría sucedido en el caso de la Infanta con la sociedad Aizoon.

De hecho, el dictamen señala que quienes no ostentan funciones de gestión no pueden incurrir en responsabilidades penales por el mero hecho de ser socios en la misma.

Del mismo modo, el tribunal también ha admitido el informe aportado por el abogado de la Infanta, Jesús María Silva, que rebajaría en 50.000 euros el total de 587.413 que ya abonó la hermana del Rey a petición de Anticorrupción en concepto de participación en los fondos supuestamente defraudados por su marido, Iñaki Urdangarin.

Según las acusaciones, Urdangarin utilizó Aizoon como "pantalla" para facturar a través de la misma retribuciones procedentes de entidades privadas por su condición de consejero asesor que debía haber declarado en su IRPF.

Se trata de unos ingresos que percibió de mercantiles como Motorpress Ibérica, Aceros Bergara, Mixta África, Pernod Ricard (Francia), Havas Sports France y Seeliger y Conde que quería ocultar a la hora de pagar el IRPF y que, según Hacienda, deben imputarse a la persona física [en relación al marido de la Infanta] y no a la persona jurídica [Aizoon]. Mediante esta ardid, Urdangarin habría defraudado hasta un total de 337.138 euros en las cuotas del IRPF correspondientes a los años 2007 y 2008.

La pericia de la Infanta, cuya aportación a la causa ha sido informada favorablemente por Horrach, fue entregada el pasado 30 de diciembre a la defensa de Cristina de Borbón y vendría a solventar, aunque arrojando una diferencia económica mínima, las dudas que esta parte tenía sobre la "correcta magnitud de esta participación" de la infanta en el presunto fraude.

La defensa de la doña Cristina consignó los 587.413 euros que le reclama la Fiscalía Anticorrupción en diciembre de 2014. Se trataría de la cantidad de la se habría beneficiado, en concreto, a través de Aizoon, empresa propiedad al 50 por ciento del matrimonio y que de forma presuntamente irregular se nutrió de más de un millón de euros de la trama Nóos. Con su sociedad, Urdangarin defraudó además hasta un total de 337.138 euros en las cuotas del IRPF de 2007 y 2008.