El genocidio a los pueblos originarios de la Patagonia en el marco de la Campaña del Desierto entre 1878 y 1890 llegó a la Justicia argentina.

Ivana Noemí Huenelaf, mujer mapuche-tehuelche, presentó la denuncia ante los Tribunales Federales de Retiro de la ciudad de Buenos Aires. Para la presentación, la mujer apeló a documentos del Estado argentino donde constaría que las acciones cometidas entre los años 1878 y 1890 en el sur del país constituyeron un plan sistemático de exterminio sobre la población indígena.

La mujer realizó la denuncia ante la Justicia y ratificó la demanda penal con el objetivo de que se realice un juicio de la verdad que ponga luz sobre los hechos ocurridos hace más de 100 años.” Es prioritario que haya un reconocimiento respecto de que esto fue un genocidio. La “Campaña del Desierto”, como fue llamada, se trató de un plan sistemático de exterminio, algo que surge de la propia documentación que posee el Estado”, afirmó el abogado Fernando Cabaleiro.

El abogado, que representa también a la ONG Naturaleza de Derechos, amplió que "la demanda contiene información que forma parte del repositorio del Conicet, es decir, que el propio Estado que ya tiene la información; lo que hicimos nosotros fue llevarlo a la Justicia". El caso está ahora en las manos del juez federal Daniel Rafecas e interviene el fiscal Ramiro González.

Cabaleiro añadió que entre la documentación presentada figura “nada más y nada menos que la ley nacional N.º 947 que insta a la matanza, así como el discurso presidencial de Nicolás Avellaneda, que se refiere en los mismos términos”.” Allí se muestra que había un plan para eliminar las etnias que habitaban la región, y se observa que se trató de una política de Estado”.

El abogado agregó que se hablaba “tanto en esa ley, que financiaba la campaña, como en el discurso presidencial, de ´limpiar La Pampa y la Patagonia’, y hasta se enumeraban 20 mil almas, de las cuales, cuando luego se hicieron las expediciones muchas murieron, al margen de las 14 mil personas que fueron confinadas en campos de concentración”.

A la presentación de la documentación oficial se le sumó en la denuncia el trabajo de “historiadores y especialistas, tesis doctorales al respecto”, y obra como antecedente el juicio de la verdad sobre la Masacre de Napalpí, donde recientemente el Estado admitió que se trató de un genocidio”. Sin duda, ese caso abre un camino de reparación que tiene que ser continuado, por eso esperamos que la Justicia obre en este caso en consecuencia”, afirmó Cabaleiro.