Esta semana se cumple un año desde la entrada en vigor de la Ley de Vivienda, una norma aprobada 'in extremis' al final de la pasada legislatura que prometía mejorar las posibilidades de acceso a la vivienda asequible, especialmente a las personas jóvenes y en situación de vulnerabilidad, así como proporcionar instrumentos a las Comunidades Autónomas para el control de los precios del alquiler y el aumento del parque de vivienda en alquiler social.

El Ministerio del Interior, en colaboración con Plena Inclusión, ha desplegado de cara a las elecciones europeas del 9 de junio un conjunto de iniciativas para garantizar el voto accesible de todas las personas con algún tipo de discapacidad, incluidas aquellas que sufren discapacidad de carácter cognitivo (parálisis cerebral, autismo, síndrome de Down…), atendiendo así a las reivindicaciones de estos colectivos.

La creciente dificultad para acceder a una vivienda en alquiler en España ha alcanzado niveles alarmantes. Un reciente estudio revela que los españoles destinan, de media, un 43% de su sueldo a pagar el alquiler, un porcentaje que supera ampliamente el límite recomendado por los organismos europeos, que aconsejan no destinar más del 30% del salario a la vivienda.