Amnistía Internacional ha calificado como “un momento decisivo y un hito en la historia de la regulación de Internet” el acuerdo político alcanzado de madrugada por representantes del Consejo, la Comisión y el Parlamento europeos sobre la nueva Ley de Servicios Digitales (DSA) que incluye nuevas reglas para que las plataformas 'Big Tech' evalúen y gestionen riesgos en sus sitios web como la promoción del odio o la propagación de desinformación.

Así lo expresó la asesora legal y de políticas de Amnesty Tech, Claudia Prettner, en un comunicado en el que acogió con “satisfacción” que, a partir de ahora, la DSA requerirá que las principales plataformas consideren cómo sus sistemas algorítmicos, modelos publicitarios y prácticas de obtención de datos “contribuyen a los riesgos sistémicos y adapten sus sistemas y procesos en consecuencia cuando se identifiquen fallos”.

“La DSA también garantizará que las personas ahora tengan derecho a elegir cómo se les presenta el contenido en sus fuentes de noticias, eligiendo el orden cronológico en lugar de perfiles algorítmicos que se ajustan para maximizar y mantener el compromiso”, abundó.

No obstante, lamentó y consideró “una oportunidad perdida” que no se haya ido “más allá” al eliminar de forma progresiva “todas las prácticas publicitarias invasivas basadas en la vigilancia” para defender “realmente” los derechos de las personas “a la privacidad, la protección de datos y la no discriminación”.

Amnistía recordó que, a partir de ahora, las plataformas 'Big Tech', incluidas Facebook, Instagram y YouTube, deberán “evaluar y gestionar los riesgos sistémicos que plantean sus servicios, como la promoción del odio y la propagación de desinformación” y valoró que, por primera vez, también deberán someterse a auditorías anuales independientes y brindar acceso a los datos de la plataforma e información sobre sus 'cajas negras' algorítmicas para “garantizar un mayor escrutinio y responsabilidad”.

“La DSA nos lleva hacia un mundo en línea que respeta mejor nuestros derechos humanos al frenar efectivamente el poder desenfrenado de las 'Big Tech'”, abundó, convencida de que, “durante demasiado tiempo, nuestros datos más íntimos se han utilizado como armas para socavar nuestro derecho a la privacidad, amplificar la desinformación, alimentar el racismo e incluso influir en nuestras propias creencias y opiniones”.

Tras valorar que la DSA “protegerá” a los ciudadanos de la UE de la recopilación “intrusiva” de datos y anuncios que usan información personal, como creencias religiosas, opiniones políticas o preferencias sexuales, estimó “crucial” que se aplique “con firmeza” y juzgó “vital” que otras jurisdicciones mundiales “sigan el ejemplo y adopten leyes estrictas para proteger aún más a las personas de los daños causados por los modelos comerciales basados en la vigilancia de las 'Big Tech'”.

Para Amnistía Internacional, al adoptar un “enfoque sistémico” para abordar los “abusos” en este ámbito, la DSA “ayudará a proteger los valores humanos fundamentales como dignidad, autonomía y privacidad en la era digital" y advirtió de que marca “un primer paso” en la revisión del modelo comercial “dominante” basado, a su juicio, “en la vigilancia y en las ganancias de las 'Big Tech'” y la transición hacia uno que “debe mitigar los riesgos para los derechos humanos”.

La Ley de Servicios Digitales fue propuesta por la Comisión Europea el 15 de diciembre de 2020 para actualizar las normas que rigen los servicios digitales en la UE y tras la aprobación formal por parte del Parlamento y el Consejo Europeo, será publicada en el Diario Oficial de la UE y entrará en vigor 20 días después.