El pueblo peruano toma las calles contra el alza de los carburantes y alimentos. En diversos lugares hay paros de transportistas y agricultores, bloqueos de caminos y pistas, quemas de estaciones de suministro de gasolina o peajes. Los culpables de ello son los grandes monopolios que han financiado al fujimorismo. Las actuales movilizaciones populares contra las subidas de precios deben ser volcadas contra la oligarquía golpista que las origina. 

Hace una década muchos pueblos árabes cansados de tanta injusticia se rebelaron espontáneamente contra sus oligarquías. Esto es algo que puede estar empezando hoy en el Perú. El primer Presidente sindicalista de la historia peruana bien puede aprovechar estas para retornar a sus promesas electorales y aplicar un programa que rompa con el monetarismo y que vaya erradicando la pobreza en un país tan rico. Si no hace ello las masas y la derecha lo harán trizas.

Alzas

En los últimos días, se ha venido generando una ola de diversas protestas sociales ante el alza de precios. El Gobierno ha respondido proponiendo rebajar o eliminar impuestos a combustibles y alimentos y a que desde mayo se eleve en un 10% la Remuneración Mínima Vital (RMV), la cual se ha mantenido congelada desde hace 4 años. Todas estas medidas son progresivas, pero insuficientes.

Aunque el salario básico suba S/ 95 al mes (de S/ 930 a S/ 1 025), este no va a alcanzar para sobrevivir. Los costos de la renta de un departamento con todos sus servicios en un barrio popular de Lima superan los mil soles, monto que es menor a lo que gana un congresista por un día de trabajo (entre sueldos, bonificaciones y otras prebendas) y cifra a la cual varios de ellos (desde la derecha hasta la izquierda "duras") sostienen que no les alcanza.

Productos esenciales (como pan, aceite, pollo, gas, azúcar, aceite o arroz) han subido más o menos el doble, algunos incluso aún más (como los de la zanahoria, papa o alverjas). Se podrá decir que varias de estas alzas se deben a los efectos de la guerra ruso-ucraniana (que ha encarecido los carburantes y el trigo) o a que no estamos en la estación de su cosecha. El Premier Aníbal Torres podrá aconsejar remplazar al pollo por pescado, pero varios productos del mar están aún más caros que las aves.

Neoliberalismo

A diferencia de las culturas prehispánicas, el Perú carece de un sistema de tambos para almacenar alimentos para tiempos de escasez. Vivimos en medio del capitalismo, el cual permite sí sistemas de regulación y control de precios. Incluso en los países capitalistas más neoliberales hay intervención estatal, controles de precios y legislaciones anti-monopólicas, las mismas que urge imponer. 

Esto último es algo que aplican distintos gobiernos neoliberales (desde varios de Europa hasta el Ecuador del oligarca Presidente Guillermo Lasso, quien está congelando precios de combustibles y alimentos). 

El Perú, sin embargo, es un paraíso de los monopolios. La ortodoxia monetarista plantea que el Estado no controle empresas y precios, los cuales deben ser regulados por el libre mercado. Empero, nosotros no tenemos nada de eso.

El Perú está en el peor de los mundos. Mientras en otras naciones el Estado controla buena parte de las empresas y precios (para garantizar estabilidad económica), aquí el 80% de varios sectores estratégicos (como prensa, banca, alimentos, farmacias, etc.) están concentrados en un determinado monopolio, el cual no está interesado en el bien de la sociedad o la economía, sino en aplastar a sus competencias y en lucrar lo más posible.

La ultraderecha quiere pescar a río revuelto en las protestas sociales. Si antes acusaba a estas de "terroristas" y pedía una feroz represión, hoy se cuela en medio de muchas de ellas (e incluso promueve actos vandálicos, como atentar a la casa de Vladímir Cerrón). Sin embargo, las marchas no dan vivas al fujimorismo ni piden la vacancia. Más bien, dentro de los acuerdos del Gobierno con los transportistas, ambos cuestionan a los oligopolios y monopolios.

Castillo muy bien puede basarse en las protestas y en esos acuerdos para plantear inmediatamente una legislación anti-monopólica como las que hay en EEUU, Canadá, Japón o Europa. En muchos de estos países existen controles o topes de precios, algo que también se puede emular.

Insurgencia

Muchos dirán que la constitución de 1993 no permite ello, pero también se dijo que no se podía evitar que se aplique la sentencia del indulto a Fujimori del Tribunal Constitucional (TC). Una lección a aprender es que el ministro que más abiertamente se resignó a aceptar ello públicamente, Héctor Condori (quien hizo esto para evitar ser echado), ha terminado siendo el que peor votación ha tenido ante una moción de censura congresal. Mientras más se adapta al marco legal fujimorista más el fujimorismo a uno le exprime y luego le tira al tacho (como al limón sin jugo).

Castillo puede invocar el artículo 82 de la Constitución de 1979. Allí se dice "Son nulos los actos de toda autoridad usurpada. El pueblo tiene el derecho de insurgencia en defensa del orden constitucional." Con ello pudiese anular todas las leyes y la carta magna de 1993 impuestas por la dictadura de Fujimori la cual hace exactamente 30 años (el 5 de abril de 1992) intervino militarmente todos los otros poderes del Estado y luego hizo aprobar una nueva carta magna de manera ilegal y fraudulenta.

Incluso, si decide respetar la constitución fujimorista de 1993, puede llamar a acatar el artículo 46, donde se dice: "Nadie debe obediencia (..) a quienes asumen funciones públicas en violación de la Constitución y de las leyes. La población civil tiene el derecho de insurgencia en defensa del orden constitucional."

Este TC está controlado por el fujigolpismo. La propia Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le ha evitado que imponga su ilegal indulto a Fujimori. Este Congreso ha cambiado inconstitucionalmente la carta magna, pues ha eliminado el derecho del pueblo al referéndum, el equilibrio entre los poderes legislativo y ejecutivo y facultades presidenciales. Ante ambos se aplica el artículo 46.

Alternativas

Si hace 3 décadas Fujimori pisoteó al Congreso y a la Judicatura, hoy Castillo podría declarar como inconstitucional a uno de los parlamentos más impopulares, obstruccionistas y golpistas del planeta, así como al TC. A diferencia del exdictador, Castillo no puede ni debe apelar a las fuerzas armadas y policiales a que edifiquen con él un gobierno cívico-militar. Su fuerza debe radicar en las movilizaciones populares.

El actual gobierno que se autoproclama "del pueblo" puede plantear medidas anti-monopólicas; que inmediatamente se nacionalicen varias minas y sectores estratégicos como los del gas y el petróleo (especialmente a la Repsol, que ha destruido al mar y ecosistema de Lima y Callao); que se reduzca drásticamente los precios de los alimentos, carburantes, luz, agua y otros productos básicos; que se eleven los salarios de acuerdo al alza de precios y que se moralicen varias autoridades y jueces. Si Castillo hace esto, su autoridad se potenciaría y cientos de miles pudiesen salir a las calles para defenderle frente al golpismo.

Puede que Castillo considere que estas medidas sean "radicales", aunque su fuerza electoral se ha basado en su radicalismo. Incluso, con un programa "moderado", él pudiese emular a Lula quien, al llegar al poder en Brasil 2002, originó un sistema para distribuir decenas de millones de canastas familiares a los hogares más pobres para dar paso al "hambre cero" y con ello presionar a la baja de precios. También podría ligar decretos de urgencia de controles de precios con los derechos humanos de 33 millones de peruanos, para amenazar a Augusto Ferrero, Presidente del TC y accionista del monopolio de Alicorp, con invocar a la CIDH.

"Primavera árabe" contra los monopolios

A inicios del 2011 una serie de protestas espontáneas fueron sacudiendo a más de una decena de naciones árabes, las mismas que produjeron la caída de diversos regímenes en Túnez, Egipto, Libia o Yemen. En algunos casos, la derecha se mantuvo con la represión o sacó provecho de ello para sus propios intereses. En otros lugares dio paso a guerras civiles o intervenciones militares extranjeras. Lo importante es que estos movimientos sacudieron a sus respectivas sociedades generando, en muchas partes, una apertura hacia la democracia y el fin del autoritarismo.

La "primavera peruana" no se da contra una dictadura gubernamental, sino contra la dictadura de los monopolios. El 80% de la distribución de los alimentos está en manos de Alicorp de los Romero (quienes controlan el Banco de Crédito, el más poderoso del país). Los Romeros están ligado al grupo Wong-Metro, que tiene su propio canal de difamación (Willax TV), a  Interbank que es propietario de Macro y del 83% de las farmacias y boticas, y a la Repsol, con quienes tienen la mayoría de los grifos. Ferrero es accionista de Alicorp y como Presidente del TC siempre sacará cara en favor de los monopolios y de perdonarles sus deudas (como ya ha pasado).    

Alrededor del 80% de la prensas escrita está en manos del Grupo "El Comercio", quien utilizó todos sus medios para apoyar al fujimorismo y hoy para vacar a Castillo. El Grupo Gloria controla el 75% de la leche y de sus derivados exprimiendo a los ganaderos y al pueblo. Más del 70% de la harina de pescado, del gas o de las líneas aéreas está en manos de otros monopolios. El 99% de la cerveza lo tiene la Backus, la cual tiene su propio equipo de fútbol (Cristal). Rafael López Aliaga es propietario del único tren y hotel hacia la principal atracción turística del país (Machu Picchu).

Todos estos monopolios no tienen nada de democráticos (e incluso de realmente liberales). Son golpistas, se protegen entre ellos y han hecho bolsas para financiar la candidatura de Keiko Fujimori contra Castillo, a quien hoy quieren derrocar.  

Conciliación 

¿Qué han ganado Guido Bellido y Waldemar Cerrón con sus abrazos a Maricarmen Alva? Que ella se cubra para seguir conspirando. ¿Qué ganó Condori con sus guiños al médico de Fujimori y a su indulto? Que la derecha, tras un falso periodo de gracia, le produzca un "plop" peor que el de Condorito. ¿Qué ha ganado Castillo al rodearse de amigotes, paisanos o familiares interesados en hacerse ricos de un día para el otro o de neoliberales como el acuñista Carlos Jaico o su nuevo asesor, el ex aprista y ex fujimorista Daniel Salaverry, el saltimbanqui derechista Ricardo Belmont o el ex porkista Héctor Valer? Todos ellos le han pedido que se olvide la Constituyente o que desafile su machete para que este no corte, ni siquiera el queso.

Al adaptarse a la derecha y al establishment neoliberal, Castillo ha perdido el apoyo de la mitad o de la mayoría de quienes antes votaron por él. Al profesor le han acusado de no tener experiencia para gobernar, pero él debe aprovechar el hecho de que es el primer presidente en 200 años de historia peruana que Sí tiene experiencia en haber dirigido una gran huelga nacional. 

Él ha tenido un mérito que no lo tiene ningún otro mandatario del planeta. Gracias a su capacidad de compenetrarse con las masas y tratar de expresarlas, él logró pasar de estar por debajo del uno por ciento en las encuestas y acabar ganando las elecciones en los comicios más desiguales del mundo en cuanto a la diferencia de recursos mediáticos y financieros.

Antimonopolios

Castillo debe valerse de ese instinto y capacidad de compenetrarse con el pueblo para tratar de expresar la actual furia popular contra los monopolios y oligopolios y aprovechar este momento para ir a una contraofensiva contra estos y sus expresiones fujigolpistas. Si Castillo sigue titubeando, conciliando con la derecha, recortando su programa, renegando de la constituyente y de sus "palabras de maestro",  él va a terminar siendo barrido por las masas y por la derecha.

Este es, precisamente, el "momento constituyente". Ahora es cuando Castillo bien puede invocar el artículo 82 de la carta magna del 70 o el 48 de la de 1993 para desobedecer al Congreso impopular y golpista y a su TC. Si no quiere hacer un "5 de abril al revés", el Gobierno puede llamar a las masas a tomar las calles para ayudarle a imponer medidas de emergencia para garantizar la reducción y el control de precios, poner fin a los monopolios, nacionalizar empresas estratégicas y acaparadoras, y acabar con todas las leyes anti-laborales del fujimorato.

Mientras tanto, las organizaciones laborales y populares son quienes deben aprovechar esta coyuntura para tratar de liderar y encaminar estas protestas hacia una perspectiva antimonopólica, antigolpista y antineoliberal. 

Para este jueves 7 de abril la CGTP llama a una marcha y jornada nacional de lucha. Esta y los distintos sindicatos, juntas vecinales, asociaciones agrarias, gremios de transportistas y pequenhos productores y comerciantes, collectivos juveniles, federaciones estudiantiles y magisteriales, comités de ronderos y de licenciados y otras entidades populares bien pueden unirse para ganar las calles para derrotar las alzas de los monopolios. 

Dentro de sus demandas ha de estar, muy probablemente, varias de las demandas con las cuales Perú Libre y sus aliados ganaron las elecciones. Dentro de estas pueden figurar imponer controles de precios,  aumento de salarios, canastas familiares para los más pobres, distribución directa de productos entre el campo y la ciudad, reducción de la jornada laboral, pleno empleo, renacionalizar empresas rematas por la dictadura, eliminación de las leyes antiobreras y represivas del fujimorato, renegociar las relaciones con el FMI, y convocar ya a una nueva Constituyente con plenos poderes para reorganizar al país.