Andalucía está padeciendo este mes de noviembre unos sobresaltos que ensombrecen, de una manera u otra, el optimismo y la alegría que el prolongado verano y el ansiado turismo había proporcionado a los empresarios del sector y a las maltrechas economías familiares, víctimas de la cruel pandemia que tanto sufrimiento nos ha causado durante casi dos años.

En lo político, las filtraciones interesadas de las cavernas de un partido que se debate entre la vida y la muerte como Ciudadanos; el incomprensible error estratégico de Vox negando el pan y la sal a un gobierno de centro derecha o la tradicional aversión del socialismo andaluz hacia un electorado que no represente las “esencias” de la izquierda, quieren impedir, rechazando los Presupuestos para el próximo año, que Andalucía continúe la senda de la normalidad institucional; del respeto a las libertades y del impulso al desarrollo, a la creatividad e innovación empresarial y al crecimiento del empleo que un gobierno popular como el de Juanma Moreno está propiciando.

En lo social, el panorama no es más alentador. La inacción del gobierno para regular y legislar a nivel del Estado las medidas necesarias para coordinar la gestión de la pandemia que no cesa, vuelve a dejar en manos de los tribunales decisiones tan relevantes como el pasaporte Covid para garantizar a los vacunados el acceso a los locales y centros públicos, sin poner en riesgo su salud. A esto se une la galopante inflación, la subida de la electricidad y carburantes o el profundo malestar de los agricultores y de las Fuerzas policiales del Estado, por la nueva Ley de inseguridad ciudadana con la que nos amenaza el gobierno socialcomunista de Sánchez.

Pero es en el sector económico y financiero donde se ha desatado un nuevo torbellino que hace peligrar la paz social de la que hemos disfrutado tantos años en Málaga.Toda una eficaz y brillante trayectoria de una entidad como Unicaja, producto de la fusión desde 1991 de las cajas de Ahorros de Ronda, Antequera, Málaga, Cádiz, Almería y Jaén y que ha venido colaborando muy activamente en el desarrollo económico y social de Málaga, Andalucía e incluso Melilla, no puede ni debe truncarse con decisiones que perjudican gravemente a quienes se esfuerzan día a día en sacarla adelante, como son sus trabajadores y accionistas.

Sería muy frustrante que el respaldo social e institucional del que ha disfrutado la fusión de Unicaja Banco con Liberbank para hacerla más competitiva en el mundo financiero, se convirtiera en la excusa del  Consejo de Administración para reducir los costos del nuevo Banco mediante el despido de 1500 de sus empleados, dejando además una seria duda en el horizonte sobre la continuidad de Unicaja como entidad que ha aportado una situación financiera saneada y preponderante en la fusión.

Cuestión esta, que debería hacer meditar hoy a los máximos dirigentes de la nueva entidad Unicaja Banco y a los patronos de su Fundación como accionista mayoritario, para que sean criterios de justicia social, generosidad y no otros, los que primen en la solución definitiva del conflicto.