Ramells Ramoneda: promover el acceso a la ocupación de personas con discapacidad intelectual límite

El pasado 01/06/2021, entró en vigor el RD 368/2021, que define qué tiene que entenderse como persona con capacidad intelectual límite y establece las medidas de acción positiva para promover su acceso a la ocupación y favorecer su integración laboral en el mercado ordinario de trabajo.

Desde el despacho Ramells Ramoneda, aunque presenta una guía informativa en su web en la cual explican las medidas de acción positiva para promover este acceso, han querido aportar un resumen con los dos aspectos más importantes a destacar. Esto es debido a que se puede entender este RD como una norma con un doble objetivo; definir lo que, a los efectos laborales de acceder a las medidas de acción positiva previstas, tiene que entenderse como persona con capacidad intelectual límite, y promover el acceso a la ocupación de las personas con capacidad intelectual límite, según los baremos vigentes de valoración de la situación de discapacidad.

Capacidad intelectual límite
La persona con capacidad intelectual límite es el individuo que cuenta con un cociente intelectual por debajo del considerado como general y, además, presenta dificultades en la interacción con el entorno, lo cual dificulta su desarrollo humano y su plena participación en la vida social.

Para determinar quién serán los destinatarios finales de este programa de ocupación, se fijan valores concretos: las personas con discapacidad intelectual de más de un 20% y que no consigan el 33%, así como las personas sordas y con discapacidad auditiva, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33%.

Subvenciones para adaptar el puesto de trabajo
Los empresarios podrán solicitar subvenciones con cargo a los servicios públicos de ocupación competentes para realizar las adaptaciones necesarias en el puesto de trabajo y eliminar barreras u obstáculos que impidan o dificulten el trabajo de las personas con capacidad intelectual límite.

Para promover el acceso al uso de este colectivo, los empresarios podrán acceder a una subvención de 2.000 euros por cada contrato de trabajo indefinido a tiempo completo.

Los contratos para la formación y el aprendizaje firmados con personas con capacidad intelectual límite podrán ampliarse hasta un plazo máximo de cuatro años. Pero solo si se justifica que el trabajador no ha conseguido un nivel mínimo de conocimientos necesario para el desempeño de sus funciones.

Esta circunstancia se tendrá que justificar en base a informes competentes y al tipo de discapacidad o circunstancias personales del trabajador, así como por las características del proceso formativo.