La Ficalía Anticorrupción ha advertido a antiguos miembros del Consejo
de Administración de Caja Madrid que se encuentran imputados en la
Audiencia Nacional por el uso de las 'tarjetas black': "Ser consejero es un
asunto serio y no se trata de rellenar el Consejo con personas dispuestas
a ser plegables instrumentos en manos de ejecutivos".
Así figura en el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press,
presentado por el fiscal Alejandro Luzón contra los recursos interpuestos
por los exconsejeros Gonzalo Martín Pascual y Rodolfo Benito contra su citación como
imputados por indicios de delitos de administración desleal y apropiación indebida.
El representante del Ministerio Público defiende que el juez Fernando Andreu ha acordado
sus comparecencias cumpliendo todos los trámites procesales y sin ocasionar "merma"
alguna en sus derechos fundamentales. Recuerda que sus interrogatorios no afectan al
ejercicio de sus derechos, entre los cuales pueden interesar el sobreseimiento de la causa.
Además, tilda de "absurda" la alegación de varios exconsejeros argumentando que nunca
fueron recriminados, sancionados o apercibidos por los máximos responsables de Caja
Madrid en el uso de las 'visa' opacas. "La alegación deviene absurda desde el momento en
que fueron presuntamente dichos máximos responsables quienes decidieron su emisión y
entrega y ellos mismos eran también usuarios de las tarjetas", expone.
LA AGENCIA TRIBUTARIA NO
CONOCÍA LAS 'TARJETAS B'
Luzón pone de relieve que "no consta" que la
Agencia Tributaria tuviera conocimiento de las
circunstancias de la emisión de las tarjetas, su
finalidad y su opacidad fiscal, "siendo en todo
caso irrelevante, fuera del ámbito tributario, la
consideración que la Administración Tributaria
concediera a las mismas de cara a la existencia
de un posible delito de administración desleal".
El fiscal invoca la doctrina del Tribunal
Supremo para dejar claro que los
administradores deben ser capaces de
identificar los "asuntos clave" que afectan a la
entidad al margen de que las facultades de administración se encuentren delegadas.
"Las leyes mercantiles, los códigos de buen gobierno corporativo, la normativa mercantil
imponen unas estrictas obligaciones de vigilancia puesto que 'ser miembro de un Consejo
de Administración es un asunto serio' y 'no se trata de rellenar el Consejo con personas
dispuestas a ser plegables instrumentos en manos de ejecutivos'".
Así se pronuncia frente a los recursos interpuestos por el ex secretario de política regional
de UGT en Madrid, Gonzalo Martín Pascual, y el representante de CCOO Rodolfo Benito, que
cargaron 129.700 y 140.600 euros, respectivamente.
En el marco de esta investigación, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4
mantiene imputados a 82 antiguos miembros del Consejo de Administración y exdirectivos
de Caja Madrid, entre ellos los expresidentes Miguel Blesa y Rodrigo Rato o el ex director
financiero Ildefonso Sánchez Barcoj. Los primeros 27 exconsejeros declaran esta semana.