Con alharacas y redobles de tambor nuestros gobernantes han decidido aprobar el Ingreso Mínimo Vital (IVM) con el cual piensan resolver el terrible problema económico que tenemos después de la pandemia.

Ya me he pronunciado contra esta medida, ya que dar dinero sin contraprestación no resuelve los problemas sino los eterniza. Los españoles necesitan trabajo y para eso hacen falta empresas e inversiones, pero no parece fácil que con un gobierno que ha demostrado su incompetencia y que está trufado de comunistas que no se recatan en defender la nacionalización de empresas, nadie en su sano juicio invertiría ningún capital en España.

Un presidente obsesionado por seguir en el poder al precio que sea (precio que pagamos todos los españoles) y un vicepresidente cuya divisa es: cuánto peor, mejor. Politizar el dolor y el descontento es su divisa. Luego, él se encargaría de tomar medidas como las que han llevado a la ruina a varios países de la América española. Cuando la gente no tiene para comer se vuelve dócil y apoya a cualquiera que le dé una cartilla de racionamiento, sobre todo si además este “salva-patrias” es apoyado por fuerzas armadas revolucionarias, (cosa poco probable en España)

La gran obsesión de la extrema izquierda que padecemos es eliminar la constitución del 78, la monarquía, la independencia judicial y todas las garantías y libertades de los ciudadanos.

Forma parte de este juego la permanente descalificación de los políticos de derecha a los que, en el colmo de la desfachatez acusan de querer perpetrar un golpe de estado, cuando quien quiere llevarlo a cabo, si llega la ocasión, son el señor Iglesias y sus conmilitones.

La gestión de la pandemia ha puesto de manifiesto que la sanidad pública de la que tanto presume este gobierno, y los anteriores, no estaba preparada para la contingencia que se presentó de improviso, ni fue capaz de gestionar con rapidez, eficacia y honestidad, los medios que necesitaba. Solo los militares fueron capaces de levantar hospitales de campaña con más rapidez que los chinos.

Por otro lado están los mayores, en residencias o no, un auténtico escándalo al impartir instrucciones sobre la prioridad en los tratamientos, que ha llevado a la tumba a mucha gente a la que solo se le facilitó morfina y tranquilizantes, quizás como un ensayo para la eutanasia que viene.

(Los que formando parte del amplísimo consejo de ministros que contrajeron el virus ninguno, que yo sepa, acudió a los hospitales de la Seguridad Social)

Los poderes extraordinarios que consiguió el gobierno con la aprobación del estado de alarma y sus prorrogas, se han utilizado para fines que nada tenían que ver con la pandemia como por ejemplo: leyes de educación, eliminación de la enseñanza especial, colegios concertados etc. y ¡ah! el nombramiento del vicepresidente para manejar el Centro Nacional de Inteligencia.

Por último el escándalo organizado por un juez, convertido en ministro del interior, que quería conocer los informes que la policía judicial tenía que reportar solo y exclusivamente a la juez que tramita una denuncia contra el delegado del gobierno en Madrid. Esta denuncia es solo la primicia del alud de cuestiones judiciales que se avecinan al gobierno y sus ministros.

Hay que ir a nuevas elecciones pero, quienes no han sido capaces de contar 30.000 muertos ¿serán capaces de mantener un escrupuloso recuento de 30 millones de votos?