El juzgado de Instrucción número 14 de Valencia ha imputado al presidente del Puerto de Valencia, Rafael Aznar, a otros dos directivos de la institución y a un trabajador del organismo --técnico del departamento económico-financiero-- por presuntas irregularidades en la gestión de la autoridad portuaria, según han informado a Europa Press fuentes conocedoras del procedimiento.

De esta forma, el juez ha citado para el día 1 de diciembre a los directores y al trabajador del Puerto en calidad de imputados, y ha dejado para el día 3 a Rafael Aznar, quien ha sido citado en la misma condición que los otros empleados.

Aznar y los otros tres miembros de la autoridad portuaria han sido imputados después de que la Fiscalía los denunciara hace ahora más de un año --en julio de 2013-- por presuntos delitos de malversación y prevaricación.

En la denuncia se expuso, entre otras cuestiones, que tanto Aznar como otros dos altos cargos del Puerto recibieron por sus trabajos en Valencia Plataforma Inermodal Logística S.A. --empresa participada entonces al 98 por ciento por el Puerto y responsable de la comercialización de la ZAL-- 77.000 euros, cuando según la ley no podían haber cobrado nada porque no podían tener dos sueldos públicos. Según han informado a Europa Press, los directivos ya habrían devuelto estas cantidades cobradas.

La denuncia del ministerio público recayó en el juzgado de Instrucción 14 de Valencia, que desde julio ha ordenado varias diligencias, entre ellas, ha pedido al Puerto que certifique gastos efectuados en relación a las gafas adquiridas por importe de 27.000 euros; los 59.000 euros en cestas de Navidad; y los 300.000 euros en gastos médicos y de farmacia. También preguntaba por las cantidades anuales entregadas al Palau de les Arts, así como las abonadas en relación a la Fórmula 1.

Así mismo, el juez ha solicitado durante la instrucción un informe de la Intervención del Estado sobre la concesión por la autoridad portuaria de 1.940.840 euros a la Fundación Valenciaport en el ejercicio 2009, y alguna testifical, como la de la interventora encargada de las auditorías de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV).

Esta interventora, citada en octubre del pasado año, declaró que se habían constatado deficiencias o irregularidades en la gestión de este organismo, pero no vio indicios racionales de delito en la percepción de retribuciones complementarias de Aznar.

Por su parte, el informe de la Intervención, unido a la causa la pasada semana, contempla sueldos de 120.000 euros sin justificar en la Fundación ValenciaPort --entidad sin ánimo de lucro constituida en mayo de 2003 para proyectar la Comunidad Logístico-Portuaria, y cuyo presidente del patronato es Rafael Aznar--.

En este informe también se aludía, por otro lado, a los gastos en viajes y restauración, y se señalaba que los trabajadores de la sociedad gastaron 289.078,28 euros. Del total, 24.999,59 se destinaron a gastos por restauración; 30.552,15 a gastos por estancia en hoteles; 3.575,83 euros por gastos de transporte; y 229.950,71 en gastos gestionados por agencias de viajes.

SIEMPRE SE HA DESVINCULADO
Desde el inicio de la investigación, Rafael Aznar se desvinculó públicamente de cualquier tipo de irregularidad, y en varias ocasiones defendió que son gestores "sensatos, correctos y, por supuesto, claramente honrados".

La última declaración fue hace una semana cuando se desvinculó de estas presuntas irregularidades y distinguió entre la autoridad portuaria y la fundación: "Unas personas estamos en el patronato y el patronato tiene información de lo que tiene información. La gestión de la fundación es una cosa diferente".

Así mismo, el presidente de la APV expresó su "absoluta tranquilidad" porque llevan "mucho tiempo" en la gestión de lo público. "Comprendo --agregó hace una semana-- que de vez en cuando haya algún viento, pero ante los vientos lo que hay que tener es firmeza en los cimientos", dijo.

Por su parte, igualmente la pasada semana, el director general de la Fundación Valenciaport, Vicente del Río, afirmó que esta entidad es "anualmente auditada en sus estados económicos con opinión favorable", además de "los controles y la dación de cuentas a que se encuentra obligada como consecuencia de la percepción de subvenciones públicas para el desarrollo de proyectos de I+D, tanto a nivel nacional como europeos", al tiempo que defendió un trabajo "profesional" y que "siempre se ha conducido con estricta legalidad".