El juez instructor del caso Palma Arena, José Castro, ha acordado mantener la imputación de Fernando Areal, extesorero del PP balear y cuñado del expresidente del Govern Jaume Matas, al apreciar indicios suficientes de delito para que se siente en el banquillo de los acusados por las presuntas irregularidades detectadas en los gastos electorales del PP en 2007.

El magistrado ha desestimado así el recurso de reforma que interpuso el encausado contra el auto por el que Castro puso fin a estas pesquisas, que constituyen la pieza separada número 4 del caso Palma Arena.

Sin embargo, Castro ha estimado de forma parcial el recurso que por su parte presentó el administrador de la agencia de comunicación Nimbus, Miquel Romero, al considerar "innegable" que no intervino en el pago de tres facturas por servicios prestados en el mitin que el PP celebró precisamente en el velódromo Palma Arena el 18 de mayo de 2007 y que, según los investigadores, fueron pagadas por la Fundació Illesport y, por tanto, abonadas con fondos públicos.

En el marco de esta pieza, la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía de la Comunidad Autónoma se encuentran pendientes de presentar sus escritos de acusación por estos hechos, en los que están imputados Areal y Romero por un presunto delito electoral, falsedad en documento oficial y mercantil y malversación de caudales públicos.

Castro apuntaba en un anterior auto a que Nimbus, que organizó parte de la campaña electoral del PP de cara a las elecciones autonómicas y municipales de 2007, emitió facturas falsas con sobrecostes sin justificar, cobrando a cambio a 'precio coste' la organización de la campaña electoral del PP para los comicios de ese año.

De hecho, en los registros que se practicaron en la sede de Nimbus fueron intervenidos numerosos documentos que, en relación a la campaña del PP, hacían mención a que no se facturasen determinados conceptos, que en el caso de otros se hiciera a coste cero y otros en negro.

El propio Miquel Romero reconoció que se habían cobrado del PP, en efectivo y sin libramiento de facturas, determinadas partidas por cuñas publicitarias de la campaña al objeto de no superar los límites que las subvenciones imponen a los gastos electorales, de tal manera que tales gastos habían sido ocultados a la Sindicatura de Comptes, llegándose a cifrar en 71.958 euros. Unos extremos que también fueron advertidos por los empleados de la empresa publicitaria encargados del correspondiente negociado.

Facturas del PP pagadas con fondos públicos
En relación con las facturas relativas al mitin del PP, presuntamente abonadas con fondos públicos, una de ellas fue librada por Balimsa S.A. por importe de 2.726 euros en concepto de limpieza del velódromo y otros servicios, otra por Trablisa por servicios de seguridad prestados ese mismo día por 1.769 euros, y una tercera también de esta última empresa por 307 euros y en concepto de 'servicios de Atesa'. "Nota común a todas estas facturas es que fueron pagadas por la Fundació Illesport con cargo a los fondos públicos", incide el juez en su auto.

El instructor alude asimismo a diversas facturas emitidas por las empresas del grupo Nimbus contra organismos públicos, entre las que figura una factura de la entidad Romero y Compañía S.L., de 8.782 euros y cargada a la Conselleria de Vicepresidente por la 'fabricación e instalación de la señalítica del parking de la Avenida Uruguay', y otra de la misma mercantil por valor de 10.344 euros en concepto de 'impresión de ocho lonas de tribuna con el logotipo del Govern'.

"Hechos inimaginables sin el concierto de Areal y Romero"
Sin embargo, el magistrado asevera que ninguna de estas facturas responde a servicios realmente prestados por la empresa de Romero, siendo facturas supuestamente falsas que encubren el pago de servicios particulares realizados por esta sociedad para el PP con ocasión de las elecciones de 2007. Según Castro, existen "racionales indicios de que se han abonado con fondos procedentes de las arcas públicas", unos hechos, añade, "inimaginables sin el concierto habido entre don Fernando Areal y don Miquel Romero".

Se da la circunstancia de que el Juzgado dio por extraviada esta pieza el pasado mes de septiembre, si bien la Guardia Civil comunicó que la tenía en su poder para poder utilizarla en el avance de estas pesquisas, compuestas por más de 390 folios.

Cabe recordar que, a nivel global, la causa investiga el sobrecoste de más de 50 millones de euros durante la construcción del Palma Arena (2005-2007), así como su conexión con la presunta financiación irregular del PP y el enriquecimiento supuestamente ilícito de Matas. También incluye entre sus pesquisas las relativas a la actividad del Instituto Nóos, la contratación presuntamente irregular del arquitecto valenciano Santiago Calatrava y la ramificación del caso Gürtel en Baleares.