Más de 4.000 taxistas de Madrid, Barcelona,
Bilbao, Valencia, Sevilla, Málaga y Valladolid se manifestaron el martes, en
Madrid, convocados por la Federación Profesional del Taxi de Madrid, junto con
UGT- Uniatramc, para pedir al Gobierno que frene la entrada de las centrales de
reserva de Prestaciones de Servicio de Transporte, como Uber, ya que “desprecian
las más elementales normas legales”, y “rompen” la estructura de un sector que
aporta 855 millones de euros anuales al Estado en forma de impuestos
directos y mantiene a más de 120.000 familias.
La manifestación, convocada desde las 11.00 horas, ha terminado a las 13.00
horas frente al Ministerio de Fomento, donde los representes de la Federación
Profesional del Taxi de Madrid han entregado un manifiesto para exigir a la
Administración “un posicionamiento tajante y contundente frente a estas
prácticas que solo buscan economía sumergida, fraude e ilegalidad”.
El presidente de la Federación Profesional del Taxi de Madrid, Julio Sanz, ha
recordado que en todas aquellas ciudades en las que se han introducido este
tipo de empresas, el taxi ha desaparecido, y se ha preguntado “cómo es que
la Administración permite la entrada de este tipo de economía sumergida, y cómo
va a pagar las pensiones que se pagan con los millones de euros que recibe
el Estado por parte del sector del taxi en forma de IVA, impuesto especial de
hidrocarburos, IRPF o los seguros sociales, si éste se extingue”.
Por eso, ha pedido “de forma rotunda y urgente, que no se permita esa
aplicación, ya que es totalmente ilegal al vulnerar las más elementales normas
establecidas en materia de transporte, seguridad vial, consumo, seguridad
social y hacienda, entre otras”. Sanz ha añadido que “la Administración quiere
negociar, pero no se puede negociar con quién está cometiendo una ilegalidad”.
En este sentido, el colectivo profesional del taxi demanda que se cumpla la
legislación que dicta que si un conductor quiere ejercer, debe disponer de
licencia municipal, concedida por los Ayuntamientos, estar dado de alta en
el impuesto de Actividades Económicas, y declarar todos sus ingresos,
condiciones que no cumplen los conductores de Uber.
Además, explica que este tipo de transportes implica un retroceso en la calidad
del servicio y en materia de seguridad en el transporte de ciudadanos, ya que los
taxistas están obligados a contar con un seguro de accidentes de 50 millones de
euros de póliza, condición que tampoco cumple Uber.
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