Técnicos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) adscritos a la Fiscalía Anticorrupción no aprecian que exista relación entre las presuntas donaciones de empresarios al PP reflejadas en los papeles del extesorero Luis Bárcenas y las adjudicaciones de contratos concedidas a sus compañías, ha informado a Europa Press fuentes fiscales.

Según los datos recabados por esta unidad de apoyo del Ministerio Público, los expertos no han detectado, por el momento, la comisión de un delito de cohecho, a falta de recibir información aún pendiente de remitir por parte de algunas de las empresas afectadas.

Así, indican que no existe vinculación de las cantidades dinerarias supuestamente percibidas por el PP a través de sus extesoreros Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, incluidas en la contabilidad B con las adjudicaciones y contratos de los que resultaron beneficiadas las sociedades relacionas con los empresarios investigados en la causa.

Esta información está siendo reflejada en varios informes de parte que ha solicitado a sus peritos la Fiscalía Anticorrupción y que no han sido aún notificados al juez de la Audiencia Nacional, que investiga la presunta contabilidad B del PP, y al que sí se han comunicado estas primeras conclusiones verbalmente.

Ruz solicitó a la Agencia Tributaria el pasado mes de julio un informe sobre si el Partido Popular y las personas físicas y jurídicas posibles preceptoras de dinero en negro pudieron cometer delitos fiscales y si estos presuntos delitos tenían "trascendencia penal".

Asimismo, el magistrado pidió a los peritos de la Intervención General del Estado (IGAE) que determinaran si los cargos del PP han cometido cohecho por las adjudicaciones públicas a empresarios que han realizado donaciones al partido. Los informes de Anticorrupción son independientes de estos dos solicitados por el magistrado.

Informes del juzgado
El juez de la Audiencia Nacional señalaba en julio que, una vez incorporadas a la causa la anotaciones contables originales y otra documentación entregada por Bárcenas, los peritos de Hacienda debían determinar si existe delito cometido por el PP en relación al impuesto de sociedades y el IRPF (retenciones) para los ejercicios fiscales de 2007 en adelante, al encontrarse los anteriores prescritos, "efectuándose las oportunas estimaciones de cuotas que en cada caso procedieren".

El informe también deberá hacer mención a la posible trascendencia penal en que pudieran haber incurrido los supuestos preceptores de sobresueldos en B respecto de los mismos impuestos y también desde 2007, teniendo en cuenta la normativa vigente sobre el IVA, efectuándose igualmente las estimaciones de cuotas en cada caso.

Ruz investiga en esta causa a más de una quincena de empresarios a los que ha tomado declaración en dos tandas. El pasado mes de mayo interrogó a nueve supuestos donantes del Partido Popular (PP) que aparecían en la contabilidad B atribuida a Bárcenas, entre los que se encontraban el presidente de la constructora OHL, Juan Miguel Villar Mir, y el expresidente de Sacyr Vallehermoso, Luis del Rivero.

El pasado 4 de diciembre el magistrado imputó a diez nuevos empresarios por la presunta entrega de donaciones irregulares al partido, entre ellos el exdirector comercial de FCC; Camilo José Alcalá, y Vicente Cotino, sobrino de Juan Cotino y administrador único de Asedes Capital.