Siglo XXI. Diario digital independiente, plural y abierto. Noticias y opinión
Viajes y Lugares Tienda Siglo XXI Grupo Siglo XXI
21º ANIVERSARIO
Fundado en noviembre de 2003
España
Etiquetas | Fueras y Cuerpos de Seguridad | Fraude
Operación de la Guardia Civil en 27 provincias

Detienen a 422 personas pertenecientes a una red que ofrecía trabajo ficticio

|

La Guardia Civil ha desarticulado un entramado criminal que ofrecía contratos de trabajo ficticios a cambio de dinero y ha puesto a disposición judicial a un total de 422 personas, beneficiarios de los contratos, miembros de la red y su máximo responsable, en 27 provincias.

Según ha informado la Guardia Civil, las detenciones se han realizado en Cádiz, Huelva, Sevilla, Jaén, Málaga, Algeciras, Granada, Logroño, Valencia, Valladolid, Las Palmas, Vitoria, Toledo, Cáceres, Murcia, Tenerife, Alicante, Castellón, Guipúzcoa, Navarra, Barcelona, Gijón, Madrid, Oviedo, Teruel, Bilbao, Girona y Mallorca.

Las personas que pagaban por la obtención de estos contratos buscaban principalmente el cobro de prestaciones por desempleo, la obtención de permisos de residencia, en el caso de los extranjeros, y el acceso a beneficios penitenciarios como el tercer grado. La operación policial ha sido posible gracias a la colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social, la Inspección de Trabajo y la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Además, siguen las investigaciones sobre otras personas nacionales y extranjeras, principalmente de nacionalidad marroquí, de manera que no se descartan nuevas detenciones. La Guardia Civil ha arrestado también a 14 reclusos que en la actualidad disfrutaban del tercer grado penitenciario.

La operación, bautizada 'Relisto', se inició al tener conocimiento los guardias civiles de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Cádiz de la existencia de un entramado criminal, liderado por un vecino de la localidad de Jerez de la Frontera, que estaría creando empresas fantasma, al frente de las cuales figuraban como administradores únicos, en la mayoría de los casos, toxicómanos con gran cantidad de antecedentes penales, a los que se les pagaba por figurar como tales. Para ello, el entramado actuaba en connivencia con gestores autorizados en la red de la Tesorería General de la Seguridad Social.

El entramado llegó a montar hasta diez empresas con gran cantidad de trabajadores en su nómina. Las investigaciones desvelaron que no se cumplía con los pagos y obligaciones con los distintos organismos implicados, tales como los abonos de obligaciones fiscales y laborales contraídos por las empresas y los supuestos trabajadores, concretándose en que no tienen actividad, por lo que queda patente que se trata de empresas simuladas.

De esta forma, la red y su máximo responsable obtenían cuantiosos beneficios económicos, ya que a todos los trabajadores a los que daba de alta en las empresas se les cobraba una cantidad económica. Además a estas personas se les decía que tenían que abonar el coste que para cualquier empresa supone tener a un trabajador, seguros sociales o retenciones a cuenta, cantidades que iban a parar al cabecilla y que nunca llegaban a la Administración.

Gasto de 2,6 millones a la administración
De esta manera, ocasionaron un gasto a la Administración en forma de cotizaciones, prestaciones por desempleo y demás conceptos muy superior a los 2,6 millones de euros, cantidades que ya están siendo rembolsadas a los Organismos correspondientes.

Debido a la gran cantidad de detenciones que se han realizado por toda España, la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Cádiz, ha contado con el apoyo de las distintas Comandancias.

Detienen a 422 personas pertenecientes a una red que ofrecía trabajo ficticio

Operación de la Guardia Civil en 27 provincias
Redacción
martes, 14 de enero de 2014, 07:48 h (CET)
La Guardia Civil ha desarticulado un entramado criminal que ofrecía contratos de trabajo ficticios a cambio de dinero y ha puesto a disposición judicial a un total de 422 personas, beneficiarios de los contratos, miembros de la red y su máximo responsable, en 27 provincias.

Según ha informado la Guardia Civil, las detenciones se han realizado en Cádiz, Huelva, Sevilla, Jaén, Málaga, Algeciras, Granada, Logroño, Valencia, Valladolid, Las Palmas, Vitoria, Toledo, Cáceres, Murcia, Tenerife, Alicante, Castellón, Guipúzcoa, Navarra, Barcelona, Gijón, Madrid, Oviedo, Teruel, Bilbao, Girona y Mallorca.

Las personas que pagaban por la obtención de estos contratos buscaban principalmente el cobro de prestaciones por desempleo, la obtención de permisos de residencia, en el caso de los extranjeros, y el acceso a beneficios penitenciarios como el tercer grado. La operación policial ha sido posible gracias a la colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social, la Inspección de Trabajo y la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Además, siguen las investigaciones sobre otras personas nacionales y extranjeras, principalmente de nacionalidad marroquí, de manera que no se descartan nuevas detenciones. La Guardia Civil ha arrestado también a 14 reclusos que en la actualidad disfrutaban del tercer grado penitenciario.

La operación, bautizada 'Relisto', se inició al tener conocimiento los guardias civiles de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Cádiz de la existencia de un entramado criminal, liderado por un vecino de la localidad de Jerez de la Frontera, que estaría creando empresas fantasma, al frente de las cuales figuraban como administradores únicos, en la mayoría de los casos, toxicómanos con gran cantidad de antecedentes penales, a los que se les pagaba por figurar como tales. Para ello, el entramado actuaba en connivencia con gestores autorizados en la red de la Tesorería General de la Seguridad Social.

El entramado llegó a montar hasta diez empresas con gran cantidad de trabajadores en su nómina. Las investigaciones desvelaron que no se cumplía con los pagos y obligaciones con los distintos organismos implicados, tales como los abonos de obligaciones fiscales y laborales contraídos por las empresas y los supuestos trabajadores, concretándose en que no tienen actividad, por lo que queda patente que se trata de empresas simuladas.

De esta forma, la red y su máximo responsable obtenían cuantiosos beneficios económicos, ya que a todos los trabajadores a los que daba de alta en las empresas se les cobraba una cantidad económica. Además a estas personas se les decía que tenían que abonar el coste que para cualquier empresa supone tener a un trabajador, seguros sociales o retenciones a cuenta, cantidades que iban a parar al cabecilla y que nunca llegaban a la Administración.

Gasto de 2,6 millones a la administración
De esta manera, ocasionaron un gasto a la Administración en forma de cotizaciones, prestaciones por desempleo y demás conceptos muy superior a los 2,6 millones de euros, cantidades que ya están siendo rembolsadas a los Organismos correspondientes.

Debido a la gran cantidad de detenciones que se han realizado por toda España, la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Cádiz, ha contado con el apoyo de las distintas Comandancias.

Noticias relacionadas

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) reclamó este jueves a las Cortes Generales del Estado que impulsen una reforma de la Ley General de Subvenciones para que no se concedan ayudas a las empresas que no respetan la cuota mínima legal de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad, fijada en el 2%.

La Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., (CHJ) ha declarado la situación excepcional por sequía extraordinaria en toda la Demarcación debido a la ausencia continuada de precipitaciones en gran parte de la cuenca. Según los datos recopilados por el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH), el presente año hidrológico 2023-2024 está siendo el más seco de los últimos 33 años.

El Gobierno está elaborando un real decreto para obligar a las empresas de más de 50 trabajadores a contar con protocolos para garantizar la igualdad de oportunidades de los trabajadores LGTBI y contra la discriminación y el acoso de los mismos, contemplando que, desde la aprobación del texto, el plazo para adoptar estas medidas sea de un año.

 
Quiénes somos  |   Sobre nosotros  |   Contacto  |   Aviso legal  |   Suscríbete a nuestra RSS Síguenos en Linkedin Síguenos en Facebook Síguenos en Twitter   |  
© Diario Siglo XXI. Periódico digital independiente, plural y abierto | Director: Guillermo Peris Peris
© Diario Siglo XXI. Periódico digital independiente, plural y abierto