Dijo con certeza Stanislaw Jersy Lec que todos somos iguales ante la ley, pero no ante los encargados de aplicarla. Un célebre humorista redondeó la misma idea afirmando que aunque todos somos iguales ante la ley, hay algunos que son más iguales que los otros.

Eso se comprobó hace pocas semanas en Paraguay, cuando algunos fiscales mediáticos movidos por hilos casi invisibles desde la embajada norteamericana, decidieron arremeter contra congresistas del partido gobernante tras haber ignorado centenares de denuncias contra funcionarios de otros signos políticos.

La motivación del inusual suceso empezó a develarse cuando pocos días después, tal vez buscando el efecto contrario al desencadenado, los funcionarios judiciales se jactaron en la prensa de haber recibido un “total respaldo” de la embajada norteamericana. Evidenciando que los tiempos en que tal “total respaldo” era inapelable han pasado, el presidente Horacio Cartes y su Canciller expresaron a través de los medios de comunicación su disgusto por esta intromisión en asuntos internos paraguayos.

Es más, varios legisladores también se animaron a señalar la injerencia. El diputado oficialista Walter Harms, secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja, afirmó que la actitud asumida por el embajador de EE.UU., de reunirse y dar respaldo a unos fiscales manipulados por la prensa subsidiada por NED y USAID para hostigar a congresistas fue “una clara intromisión en asuntos internos” del Paraguay.

Harms y otros legisladores oficialistas manifestaron su respaldo al presidente Horacio Cartes y a su Canciller Eladio Loizaga, por haber reaccionado haciendo notar la injerencia norteamericana en temas internos del Paraguay.

Todo empezó con la publicación, en medios relacionados con NED USAID CIA, de fotografías de fiscales paraguayos posando con el embajador de Estados Unidos en Paraguay. Inmediatamente, el gobierno de Horacio Cartes señaló su intromisión en asuntos internos, a través de fiscales mediáticos manejados por el poder imperial.

Activistas de ONG financiadas por USAID junto a medios subsidiados por el National Endowment for Democracy y fiscales mediáticos manejados por la embajada, muchas veces participan de operaciones encubiertas contra autoridades paraguayas al estilo de los "golpes suaves", sin que la sociedad paraguaya advierta de la mano de Washington. Este no fue el caso, dado que el actual gobierno los puso al descubierto.

La injerencia de embajadas extranjeras, entre ellas por supuesto la de Estados Unidos, ha empezado a ser notoria para los referentes del gobierno de Horacio Cartes.

Ha sido el más alto costo de los últimos operativos mediáticos, emprendidos por especialistas en ocultar el puño imperial en los sucesos políticos de Paraguay.

De acuerdo con las declaraciones del canciller paraguayo, estos embajadores han rebasado la línea diplomática y han cometido intromisión en asuntos internos paraguayos, evidenciando que manejan a su antojo a fiscales mediáticos desde sus respectivas embajadas.

De acuerdo con el diputado oficialista Oscar Tuma, el Fiscal General del Estado de Paraguay ha dejado de lado alrededor de un millar de denuncias por corrupción, para ocuparse exclusivamente de denuncias contra legisladores, en medio de presión mediática y manifestaciones organizadas desde las ONG financiadas por USAID.

El sacerdote Pedro Robadin denuncia en un acta notarial relacionada al caso, que los fiscales René Fernández, Carlos Arregui, Claudia Criscioni y José dos Santos, involucrados en una campaña contra representantes de la clase política en el Parlamento, ignoran en forma intencional gravísimos daños al patrimonio del Estado y desconocimiento y atropello a los derechos humanos.

Cita como ejemplo un daño patrimonial de tres millones de dólares en la entidad binacional Yacyreta, debido a una violación del Tratado del mismo nombre firmado entre Paraguay y Argentina.

Robadin, sujeto de persecuciones por parte de gobiernos anteriores al de Cartes, pide al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados la investigación de los fiscales mencionados, comparando el accionar de los mismos en temas que atañen a legisladores oficialistas con su inacción en casos como la violación del Tratado de Yacyreta, a propósito del cual se encargó de presentar documentos de validez irrefutable.

Todo lo expuesto evidencia que la quisquillosidad de estos funcionarios obedece a criterios selectivos, y se encuentra direccionado por fuerzas que se agazapan en la penumbra.

Ya lo advirtió un conocido catedrático estadounidense, lo malo es cuando se usa la ley como un arma y no como una herramienta. Los fiscales mediáticos al servicio de embajadas extranjeras en Paraguay lo confirman.