Los diputados de las Corts Valencianes votarán en el pleno de este miércoles la proposición de ley presentada por el grupo parlamentario popular que autoriza al Consell a la extinción, disolución y liquidación de Radio Televisión Valenciana (RTVV) SAU.

Este martes, el vicepresidente y portavoz del Consell, José Císcar, comunicó al Comité de Empresa de RTVV que no aceptaban el plan de viabilidad propuesto por este organismo y que, por tanto, se reafirmaban en el cierre de la radio y la televisión públicas. En un escrito dirigido al presidente del comité, justificó que "en la actual situación económica, no hay tiempo material de renegociar un nuevo modelo organizativo, ni su ejecución", y señaló que la "alternativa" del comité es "inconcreta en muchos aspectos" y "no da solución al problema con la celeridad y la urgencia que se requiere".

Por su parte, el comité ratificó su "total oposición" al cierre y responsabilizó "única y exclusivamente de esta decisión al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra y, por extensión, al Partido Popular de la Comunitat Valenciana". Asimismo, advirtió de que "continuarán trabajando por mantener el servicio público a los ciudadanos, manteniendo las ofertas de diálogo, pero también a través de la movilización y, si hace falta nuevamente, por la vía judicial".

En el texto que se votará este miércoles en la sesión plenaria del Parlamento autonómico, el PP pide a la Mesa de las Corts que "dada la naturaleza y simplicidad" de la formulación de la proposición de ley, y al amparo del artículo 135 del Reglamento de las Corts, sea tramitada por el procedimiento de lectura única.

El objeto de esta proposición de ley es suprimir la prestación de los servicios de radiodifusión y televisión de ámbito autonómico de titularidad de la Generalitat y, en consecuencia, autorizar al Consell a la extinción, disolución y liquidación de RTVV.

De este modo, se suprime la prestación del servicio público de radio y televisión de ámbito autonómico prestado por la Generalitat, por cualquier medio o canal de difusión, así como la prestación de cualquier otro servicio de interés general que en materia de radio y televisión presta la Generalitat en virtud de sus competencias estatutarias.

La norma deroga la Ley 3/2012 de 20 de julio de Estatuto de Radio Televisión Valenciana. Asimismo, autoriza al Consell para que, constituido en Junta General de Accionistas, extinga RTVV SAU y lo faculta para cesar a los miembros del consejo de administración de la sociedad.

La proposición de ley explica que, en el acuerdo de disolución, se nombrará una comisión de liquidación compuesta por tres miembros que llevarán a cabo "las actuaciones legales y estatutariamente establecidas".

Asimismo, señala que, como consecuencia de la supresión de la prestación de los servicios de radio y televisión y el cese de las emisiones, se producirá la extinción de los contratos de trabajo de la totalidad de la plantilla.

Añade que RTVV SAU "asumirá las consecuencias económicas" resultantes del proceso de disolución y liquidación, "con cargo a la consignación presupuestaria que se preverá en la Ley de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2014". También indica que el Gobierno valenciano responderá, en su caso, de las consecuencias económicas derivadas de la sentencia dictada por la Sala de lo Social del TSJCV el pasado 4 de noviembre.

La exposición de motivos de esta proposición de ley, que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV), explica que la situación económica que atravesaba en los últimos años RTVV determinó, entre otras medidas, el "redimensionamiento de una plantilla que alcanzaba a más de 1.600 trabajadores".

Al respecto, recuerda que la sentencia del TSJCV declara nulo el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) y obliga a readmitir a los más de mil trabajadores, pero "dicha readmisión hace inviable la continuidad de la empresa", ya que "la Generalitat no puede asumir --los costes-- en unos momentos de crisis económica y en los que la escasez de recursos económicos le obliga a priorizar los servicios que se consideran básicos".