La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado, mediante un escrito que prevé presentar en próximas horas ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), la imputación del expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps y de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, en el marco del caso Nóos, a raíz de su intervención en las negociaciones dirigidas a contratar al Instituto Nóos para la organización del evento Valencia Summit.
Así lo han informado fuentes jurídicas, que han precisado que en base a los alegatos de las partes el TSJCV deberá resolver ahora si acepta o no la competencia para instruir los hechos relativos a ambos aforados.
Más en concreto, el Ministerio Público atribuye a Camps y Barberá la presunta comisión de delitos de malversación continuada, prevaricación, fraude a la Administración y falsedad en documento oficial, en la línea de la exposición razonada, de 70 páginas de extensión, que elevó el juez instructor del caso Nóos a la máxima instancia judicial de Valencia para pedir que asumiera la instrucción de estas pesquisas.
En su escrito, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, subrayaba cómo la contratación del Instituto Nóos de cara a impulsar el Valencia Summit, por cuyas tres ediciones la entidad percibió unos tres millones de euros públicos, respondía "sólo al deseo" de ambos de "doblegarse a las exigencias de Don Iñaki Urdangarin en atención a su parentesco con la Casa de S.M. El Rey".
A partir de ahí, aseveraba el magistrado, las contrataciones de Nóos fueron actos "estrictamente voluntaristas en la medida en que no obedecían a procurar el interés general" sino "sólo al deseo de doblegarse a las exigencias, que por muy cortésmente que se planteasen no dejaban de serlo", del Duque de Palma.
Así, el juez recalcaba el hecho de que, sin que se iniciara "absolutamente ningún procedimiento administrativo de contratación" y "en exclusiva atención" a que por parte de Camps era "hartamente conocido" que al frente de Nóos estaba Urdangarin, el expresidente valenciano "entendía que era obligado acceder [a las pretensiones del Duque] en atención a que era el yerno de S.M. El Rey".
Asimismo, aludía a la presunta intervención de Camps en las negociaciones de unos Juegos Europeos que nunca tuvieron lugar pero por los que Nóos percibió 382.000 euros del gobierno valenciano.
Al respecto, el instructor incidía en que la aprobación del convenio por parte de la Generalitat no estuvo precedido de ningún estudio económico ni de mercado, aseverando que "sin el beneplácito del presidente, don Francisco Camps, no se comprende ese sometimiento [del gobierno valenciano] a las exigencias" del marido de la Infanta Cristina. "El objetivo del convenio nunca llegó a cumplirse pero las arcas de la Comunidad Valenciana se vieron reducidas en la suma de 382.203 euros", abundaba.
El magistrado destacaba en esta línea la "sorprendente celeridad" con la que fue tramitado este expediente en la medida en que "tres días consecutivos, navideños por demás [a finales de 2005], lo que un es un impedimento jurídico pero sí una no muy usual práctica", bastaron para que en distintos ámbitos administrativos "perfectamente sincronizados entre sí se pudiera informar, concertar y aprobar" el convenio de colaboración para la organización de los JJEE.
Un convenio rubricado por un importe de seis millones de euros que, "al modesto entender" del juez, es "difícilmente conciliable con la serenidad y profundidad con la que se deben abordar cuestiones de tal importancia". Castro hacía hincapié en el hecho de que a la dotación económica de la Generalitat se la llamase "subvención" como "una manera de burlar las ineludibles previsiones de las normas sobre contrataciones de las Administraciones Públicas, que se inspiran en los principios de igualdad y publicidad".
Aspectos de los que "deliberadamente se prescindió para contratar arbitrariamente a quien estaba detrás del Instituto Nóos, Don Iñaki Urdangarin, al objeto de que desplegara toda su área de influencias tanto en su condición de vicepresidente del Comité Olímpico Español como en razón de su parentesco con la Casa Real, intencionadamente utilizado para vencer cualquier resistencia".
Comentarios
Casas Viejas
03/sep/13 07:30 h.
En la Fundación "Guru-gú" recomiendan que para entender este caso en su justa medida hay que ponerse en el lugar del que roba gallinas, saber logaritmos neperianos y milésimas artilleras. El cante por peteneras o como irse de rositas en un Estado fallido es una fase mas del proceso. Ahora bien, todo ello hay que enmarcarlo en el 26 aniversario de la célebre y muy puñetera "sentencia": En España la justicia es un cachondeo. En el supuesto de que algún lugareño le pusiera comillas a esta "sentencia" que sepa que es un auténtico bellaco. Igualmente bellaco es el que se las ponga a lo dicho por la escritora Almudena Grandes: La justicia me da asco. Por todo ello hay que esperar a saber si las recomendaciones de Luis Solana se pondrán en marcha con Rajoy en la presidencia o cuando se marche a cascarla. La verdad es que los centros de decisión en Europa presionan de cojones para que se pongan en marcha cuanto antes, es la única fórmula que hay para que este país pueda salir de la órbita de los Estados fallidos. Tan fallido como Somalia o México sin ir mas lejos. Vamos a ver, Luis, el hermano de Javier dice que hay que poner a un guardia civil al frente de algunas de las instituciones. El motivo no lo dice, pero está claro y lo saben hasta las ranas del nacimiento del Cuervo, a saber, las instituciones están casi todas podridas. Un ejemplo, Mafo/Fdez Ordoñez -en su dia- ponía cara de asco a la hora de controlar, un guardia civil jamás hubiera hecho eso. Los del Tribunal de Cuentas queda demostrado que no saben contabilidad básica, cualquier guardia civil sabe las cuatro reglas. En el Consejo de Estado no hace falta poner a ningún guardia civil, allí con Cocodrilo Dandy/Fdez de la Vega, sobra. Máxime ahora que ya no tiene el record en déficit de reclamo masculino. El mismo jaguar de Ana Mato si le encarga la búsqueda a un Cabo y cuatro guardias civiles aparece en horas. Que digo en horas, en minutos. Y lo mas importante, el mismo Pedro Pacheco está dispuesto a matizar su famosa frase en sede parlamentaria, la única condición que ha puesto es que la jueza Mercedes Alaya termine con los Eres y le meta mano A Griñán. Meterle mano al cacique de Arenas no hay cataplines en todo el sistema. Y menos al gorila de Casco. Ahí está todavía el puto enano de Solchaga sin matizar aquello de hacerse rico en cuatro días. Con el visto bueno del también gorila de Felipe González. Y en ese plan. Ninguno.
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