El grupo parlamentario de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) quiere poner fin a los distintos supuestos de aforamiento y otro tipo de "privilegios" procesales de los que, a su juicio, "disfrutan" en la actualidad más de 10.000 políticos y cargos públicos.

Así, la formación magenta aprovechará el Pleno de este miércoles para interpelar al Gobierno en relación con las reformas legales que considera necesario poner en marcha para eliminar este tipo de prerrogativa. La subsiguiente moción será votada el próximo 18 de junio.

La discusión de esta iniciativa tendrá lugar días después de que el juez instructor del 'caso Campeón' en el Tribunal Supremo, José Ramón Soriano, haya propuesto a la Sala de lo Penal del Alto Tribunal que tramite el suplicatorio que debe remitirse al Congreso para juzgar al exministro de Fomento José Blanco por un delito de tráfico de influencias. Una decisión que Blanco ha recurrido.

UPyD justifica la formulación de la interpelación porque, según apunta, en un Estado de Derecho como España no tienen cabida "privilegios" como el aforamiento, que consiste en que determinadas personas no sean enjuiciadas por el órgano judicial predeterminado por la ley sino por un tribunal distinto.

Según explica en el texto, la figura del aforamiento --a la que pueden recurrir diputados y senadores, el presidente del Gobierno y sus ministros, según la Contitución-- carece de sentido en las democracias modernas, "una vez asentado el principio de la separación de poderes y el de la independencia del Poder Judicial".

Prueba de ello es que, según destaca, en la mayoría de los países de nuestro entorno el aforamiento, que provoca importantes "disfunciones" en la labor de la justicia y "obstaculiza" la lucha contra la corrupción política, no existe o ha sido erradicada. Tal es el caso de Alemania o Reino Unido.

En otros países, como Portugal o Italia, no existe más aforado que el presidente de la República, mientras que en Francia su número alcanza en torno a diez personas (el presidente de la República, el primer ministro y sus ministros).

Sin embargo, el partido que lidera Rosa Díez lamenta que en España, "lejos de restringirse", esta figura haya sufrido una "extraordinaria" expansión "al calor del desarrollo del Estado de las Autonomías y de la colonización de los partidos de todas las instituciones del Estado".

Así, según denuncia, en la actualidad no sólo "disfrutan" de este "privilegio" los indicados en la Constitución, sino que se ha extendido a otros ámbitos como la justicia, los entes reguladores o el Defensor del Pueblo, lo que a su vez ha sido "imitado" por los sucesivos estatutos de autonomía alcanzando a todo tipo de cargos público, estatales, autonómicos e incluso locales "hasta alcanzar la asombrosa cifra de ¡10.000! aforados".