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Con el voto de todos los grupos políticos municipales, se ha aprobado en el último Pleno del Ayuntamiento de Madrid la modificación del Plan General de Madrid. Con ello avanza el desarrollo de la Operación Chamartín, pendiente ahora de la aprobación definitiva por la Comunidad Autónoma de Madrid y la atención a las reclamaciones presentadas. Se ha superado la parálisis que impuso Ahora-Madrid, con Carmena en la alcaldía. Y en sólo unos meses ha cambiado la situación, la disposición de todo, y hasta las personas que tenían la facultad de decidir.

Por conocido, no es necesario detallar qué había y hay en el Ministerio de Fomento-ADIF. Basta citar que es titular de parte de los terrenos, que licitó y adjudicó el concurso para hacer la Operación, que ha pasado por algunos cambios, y que ha visto cómo los populares Íñigo de la Serna (ministro) y Juan Bravo (en ADIF) cedían el mando a los socialistas José Luis Ábalos (ministro) e Isabel Pardo (en ADIF).

En cambio, sí conviene advertir lo ocurrido en Distrito Castellana Norte (DCN), adjudicatario del concurso. DCN, participado al 75% por BBVA y al 25% por Constructora San José, recientemente ha sufrido dos hechos relevantes consecuencia de una conexión con el llamado Caso Villarejo: La imputación de BBVA, que afecta al expresidente Francisco González. Y el cese del director de DCN, Antonio Béjar. La nueva situación de ambos interesa. González, que era el principal impulsor de la Operación Chamartín, al apartarse, deja sin apoyo la que parecía ilusión estelar final de su carrera profesional. Béjar, por su parte, como director de DCN, era, además de cabeza del adjudicatario del concurso, el adalid de todo. A él se deben una buena parte de las iniciativas, la dinámica diaria, las complejas negociaciones en las modificaciones de contrato, la táctica publicitaria, la estrategia y modos con los medios de comunicación (mejor no ver detalles). Y el último de los impactos rutilantes, aparecido hace unas horas como ‘bombazo informativo’ sin calibrar, que queremos ver como servicio a la causa y no como motivo de coacción o influencia: La posibilidad (sin precisar origen) de una cesión (supuesta) de derechos del concurso, que corresponden a DCN como adjudicatario, a un inversor árabe (sin precisar si fondo, persona o grupo, nos dan en confidencia), a cambio (se supone) de una contraprestación no desvelada, sin fijar posiciones legales, formales y reales; ni consensuar contraprestaciones, circunstancias y consecuencias con afectados, Ministerio de Fomento-ADIF y Ayuntamiento de Madrid.

Llegados a este punto, podría entrarse en los motivos para el cese de Béjar (personales, profesionales, o de otro tipo), las perspectivas que surgen con su salida (nueva cabeza, testaferro continuista o rupturista dirigido por quién y como sea), el futuro de la zona Norte de Madrid (a costa de quién y cómo), y el desarrollo de lo que concibieron Borrel y Mercé Sala en 1993. Pero, con la nebulosa tejida a lo largo del tiempo, parece más adecuado ceñirse a lo que hay: Una situación, propiciada por Carmena, que, sin Béjar y con árabe o sin él, ha de ver el nuevo alcalde Martínez-Almeida. Fijémonos en Carmena y Martínez-Almeida. No son iguales. Ella es septuagenaria, abuela y casada; y él cuarentón, soltero y sin hijos. Tienen en común que son gente de leyes, juez jubilada ella y abogado del Estado en excedencia él. Pero no se parecen. En nada. Las diferencias anteriores, aunque notables, son insignificantes si se comparan con lo que importa en la alcaldía de Madrid y en la concepción y desarrollo de la Operación Chamartín. Entre ellos, la principal diferencia es su forma de entender la participación política y cómo gestionar la rex pública. Ahí es donde sus diferencias, más que notables, son abismales. Para ambos, la participación política es trabajar desde convicciones y principios ideológicos. La diferencia entre ellos está en sus convicciones y principios.

Carmena, por lo visto en su gestión, asume las convicciones y principios de la izquierda: El Estado organiza la sociedad, marca y decide. Por ello, entendió que en la Operación Chamartín la parte de la Administración que dirigía, el Ayuntamiento de Madrid, debía actuar como hizo: Sin parar en lo decidido por otros estamentos (ministerio de Fomento-ADIF). Modificando los acuerdos municipales anteriores a ella (con Ana Botella); y cuestionando actos ajenos, como el contrato ADIF-DCN, tomando como base-motivo la capacidad municipal sobre las Licencias de las Obras que se hacen en el municipio. En su momento, buscamos los modos urbanistas de la izquierda. Sabíamos de la vinculación de Carmena con ese ámbito, por su matrimonio con Eduardo Leira, arquitecto autor del proyecto para la Revisión del Plan General de Madrid, y tratamos de ver hasta qué punto las ideas de Leira podrían estar influyendo en el ámbito municipal. Hicimos algunas entrevistas con urbanistas de derecha e izquierda. Y nos topamos con un arquitecto joven, José Manuel Calvo, concejal encargado del Urbanismo madrileño en el equipo de Carmena. Revisamos su biografía y, por su experiencia, temimos que pudiéramos estar ante un obediente, útil para imponer en el Ayuntamiento madrileño lo que una de nuestras fuentes llamó “dictados de los adinerados santones urbanistas de la izquierda madrileña”. Para conocer qué pretendía Ahora-Madrid sobre la Operación Chamartín, intentamos hablar con Calvo, pero, huidizo, nos evitó. Pero en él descubrimos un ánimo de urbanista franquista que había echado atrás el proyecto del Decano del Colegio de Arquitectos de Madrid, José María Ezquiaga. Fue en su tesis doctoral “El Poblado Dirigido de Caño Roto: Dialéctica entre morfología urbana y tipología edificatoria” donde descubrimos que el urbanismo puede convertirse en una forma de hacer política. Es un hecho importante, que diferencia a Carmena y Martínez-Almeida: Dictadura en el urbanismo de la ciudad para imponer y hacer política, frente a libertad, ley y normas municipales sobre urbanismo.

Pero en la Operación Chamartín, además de leyes y urbanismo, hay compromisos contraídos. Unos compromisos que Carmena pudiera no haber considerado al principio, cuando desbarató lo que había (Propuesta Ana Botella y Proyecto Ezquiaga), para meterse en lo que a la postre ha resultado un berenjenal que ha producido, entre otros, efectos tan rotundos como los siguientes: Retraso de cuatro años. Necesidad de volver a cuestionar lo que estaba acordado. Rotura de Ahora-Madrid por divergencias sobre el respeto a los derechos de DCN. Aparición de lo que alguien ha definido como “Disputa pública entre vejetes urbanistas de la izquierda”. Y posible cesión de los derechos contractuales de DCN.

Porque es irrelevante, aunque afectara a Carmena, y porque no atañe a Martínez-Almeida y a la Operación Chamartín, no es momento de abundar en la disputa urbanista de Mangada, Leira y Calvo. Lo que importa es desarrollar la Operación sin rémoras y atender su realidad: Necesidad de mejora del Norte de Madrid. Atención de urgencias urbanas, apremio ferroviario y comunicación de zona. Satisfacción de necesidades y derechos de propietarios y afectados. Y respeto al compromiso Ministerio de Fomento-Adjudicatario-Ayuntamiento.

Si, ahora, en la Operación Chamartín surge, además, la posible cesión de los derechos contractuales, de DCN, que conocemos desde hace unas horas, conviene añadir algo: Como vimos en alguna entrega anterior, en el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid se han cedido competencias a la vicealcaldesa Villacís, puede ser momento de que se haga cargo de ellas. Con ello, quedaría aparte, y desligada de la gestión de Villacís, la aparición de un árabe (fondo de inversión, persona o grupo) y la posición y autoridad del alcalde Martínez-Almeida, que no es Carmena y puede obrar como convenga.