¿Qué hace la justicia cuando una mujer vecina de Torà es agredida por un joven del pueblo que “ya ha ocasionado molestias a los vecinos en otras ocasiones?” Casos semejantes se repiten más de la cuenta. La ciudadanía ante estos casos de violencia cree que la justicia no hace nada. Si se detiene a los violentos entran por la puerta principal y salen por la de servicio. Existe una desconfianza muy generalizada hacia la justicia.

Un juez de Madrid ya ha dictado sentencia aplicando las normas europeas y ordena crear plazas fijas para 22 maestras interinas que estaban en abuso de temporalidad como interinas y ha anulado unas oposiciones. Y desde hace meses se han conocido más sentencias en un sentido similar.

Hablaban en Unidas Podemos de acabar con las puertas giratorias, pero les ha faltado tiempo para absorber en el «Ministerio de Igual Da» a una condenada y dos procesados. Imagínense a la tal Serra, Isa, condenada por atentado a la autoridad. Cualquiera que cometa un atentado es un terrorista, y ahora quieren convencernos de que no lo es, a pesar del espectáculo que montó contra la policía femenina, a quien llamó de todo menos bonita, con vejaciones incluidas.

Un Estado de Derecho avanzado, debidamente representado por un Gobierno íntegro, de todos y para todos, ante el título de este artículo solo debería, como ejemplo para la sociedad civil, guardar un respetuoso acatamiento y manifestar la intencionalidad de ajustar la sentencia del Tribunal Constitucional a los derechos individuales.

Dicen haber triunfado esos bastardos por la sentencia del TC al considerar inconstitucionales los confinamientos durante el estado de alarma de la primera ola de la pandemia, considerándolos ilegales. A pesar de que la Ley que regula el estado de alarma cita textualmente que está prevista para «epidemias».