Hay muchas maneras de definir “ley”. Y otras tantas, de abordarla. Para la Real Academia Española, existen varias acepciones. Regla constante que rige situaciones o cosas; precepto dictado por autoridad competente; relaciones existentes entre los diversos elementos de un fenómeno, etcétera. Y, coloquialmente, “le tengo ley”, es decir, lealtad y fidelidad (“le tengo fe”).

El ex presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), del Paraguay, Jorge Oviedo Matto, integrado por representantes del Congreso Nacional, el Poder Judicial e instituciones universitarias, maneja a su antojo este organismo colegiado, según denuncias públicas y funcionarios de este ente que juzga y sentencia a los jueces y fiscales del Paraguay.

Aristóteles, en el libro VI de la Política, atisbó la División de Poderes, y el propio Montesquieu, considerado padre de la idea, se basó en el estagirita sin citarlo, si bien nuestra “Escuela de Salamanca” se había anticipado al francés. También el inglés Locke se adelantó y propuso limitar la soberanía del Poder estatal. 

El Consejo General del Poder Judicial aprobó el 23 de noviembre del año 2005 su reglamento de honores, tratamientos y protocolo a aplicar en los actos judiciales solemnes. El motivo de esta regulación es «colmar lo que, hasta este momento, ha constituido una importante laguna jurídica, la organización del protocolo en los actos del propio Consejo y de los órganos de gobierno del Poder Judicial.

En España todos somos entrenadores de fútbol, expertos en cómo administrar el país y capaces de juzgar, sin otra preparación que la fatuidad de un ego sobredimensionado, con más acierto y solvencia que un juez o magistrado que haya dedicado su vida a la ardua tarea de aplicar las leyes del país.

El establishment del Estado español estaría formado por las élites financiera-empresarial, política, judicial, militar, jerarquía católica, universitaria y mass media del Estado español, herederos naturales del legado del General Franco que habrían fagocitado todas las esferas de decisión.

El actuar de la Ministra hace presumir que su imparcialidad este seriamente en duda, atentando la propia Carta Magna y demás normativas legales que les obligan a actuar jurisdiccionalmente de manera imparcial e independiente para dictar resoluciones conformes a Derecho. Su gestión en todos estos años ha fomentado la corrupción en todas las ramas y en todos los niveles del poder judicial.