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Carlos Laguna
Carlos Laguna
La publicidad institucional la pagamos entre todos/as los ciudadanos/as
No sé qué asesor/a (espero que no sea periodista) de la alcaldesa de Benicàssim, Susana Marqués –o si ella misma– habrá tenido la feliz, sesuda y democrática idea de cerrar el grifo informativo a un medio de comunicación con el que, al parecer –o sin parecer–, discrepa por el contenido de las noticias que este medio ofrece relativas a su municipio y, por consiguiente, a su gestión.

Si a la rocambolesca medida adoptada, añadimos que también la primera edila le cierra al medio el grifo de los medios económicos con los que éste necesariamente debe subsistir, la publicidad, para garantizar su pluralidad informativa y libertad de expresión, nos encontramos ante la agitación de una coctelera cuyos ingredientes son el gravísimo déficit democrático que esto supone, con la vulneración de nuestra carta magna y las actitudes mafiosas en algunos países no democráticos –y en otros democráticos también–, en los que se persigue con fruición a los medios y periodistas que denuncian aquellas indeseadas prácticas. Amargo cóctel sale de ahí.

La publicidad institucional, de cualquier tipo y venga de donde venga, la pagamos entre todos/as los ciudadanos/as. No sale del bolsillo del político/a de turno y está bien que en ocasiones “se premie” al medio afín –así se ha dilapidado, durante estos años, ingentes cantidades de dinero público en televisioncillas de mierda u otros medios con la misma condición escatológica–, en los que también los periodistas de mierda permanentemente les ponen “sonrisa Profidén” al político/a de turno y protectores económicos, genuflexión incluida, dando pábulo a la recargada alabanza sin ser merecida.

Pero intentar asfixiar a un medio de comunicación plural, que según la OJD llega a miles de ciudadanos/as, negándole sistemáticamente información o publicidad institucional porque informa de los errores que se puedan cometer en una gestión política, será más bien, según dicen, un ejercicio bolivariano o del chavismo que tan hipócritamente critican algunos/as últimamente para luego emularlos.

Suele ocurrir que, en los últimos tiempos, han aterrizado en la política gentes que ni han mamado ni han luchado por la libertad; les ha venido dada. Ésta la tienen aparcada, o en la nube de Google, porque hay otros intereses bastardos inconfesables. El bagaje político y democrático de muchos/as para llegar a ciertos puestos ha sido la escuela de la lealtad pagada, tan efímera ella. Así, reproducen por mímesis los esquemas cerebrales de sus padres putativos con el rechazo enfermizo a la libertad de expresión, a pesar de que en el sueldo público llevan implícitamente la aceptación de la crítica, sea ésta constructiva o no.

Yo, en el sitio de Javier Moliner, flamante presidente provincial del PP castellonense y flamante presidente de la Diputación Provincial, que ha sabido recomponer positivamente situaciones indeseadas de antaño por falta de diálogo y golpes de espuela, fuera y dentro del ayuntamiento de ayuntamientos, tomaría cartas en el asunto y con su proverbial mano derecha, daría algún consejo o algún toque de atención por ahí. Porque una cosa es que, por imperativo legal, se intente cumplir con las leyes de transparencia –tan lights ellas–, pero otra cosa es cumplir voluntariamente con leyes no escritas de convivencia democrática y pluralidad ideológica entre gentes a las que se les supone civilizadas.

Mientras tanto, ya puede FAPE (Federación de Asociaciones de Periodistas de España) y los editores también (aunque la insolidaridad de muchos es patente frente a otros compañeros de viaje, esperando recibir más porción de la tarta), exigir al Gobierno que, de una vez por todas, se regule adecuadamente la inserción de publicidad institucional en los medios de comunicación que, vuelvo a repetir, pagamos todos/as para que se acabe con el intento de apesebramiento de los medios por parte de mucho falso/a prócer y preboste que, cuando ocupa un cargo de cierta relevancia, confunde el culo con las témporas.

Hoy ha sido la alcadesa de Benicàssim, del PP, pero hay sentencias condenatorias, desde hace años, a la Junta de Andalucía, gobernada por el PSOE, por marginar a algunos medios de comunicación en aquel territorio, vulnerando así el artículo 14 de la Constitución. Ya quisieran los corruptos/as que no existieran ni medios de comunicación ni periodistas. Además de no devolver la pasta no nos enteraríamos de quienes son.

Artículos del autor

A buenas horas mangas verdes –que diría aquél–, se nos descuelga el jefe del Ministerio Público o fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, con una serie de aseveraciones sobre la lucha contra la corrupción, sin duda irrefutables.
 
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