El Fondo Editorial del Congreso presidido por Martha Moyano ha publicado "Constitución Política del Perú para escolares". Este es un comic de 140 páginas en el cual Memorex, un cerebro con su propia nave espacio-temporal, quiere revisar la historia para hacer una apología de la fuji-dictadura.

Debido a que el Congreso y su editorial son instituciones de todos los peruanos (y dicho libro infantil ha costado S/24,700 a todos los contribuyentes), se podría esperar un trabajo algo objetivo e imparcial, pero lo que tenemos es un pasquín sin autores y de Fuerza Popular.

Fuji-constitución

En la página 22 se muestra a Alberto Fujimori diciendo que él "Dejó sin efecto la constitución de 1979 a fin de devolvernos la paz y reconstruir la economía del país." Una caricatura de Carlín compara ello con decir que Pizarro dejó sin efecto a los incas y Hitler dejó sin efecto a los judíos. Lo que Fujimori hizo el 5 de abril de 1992 fue un golpe de Estado violando la constitución. Allí él intervino los poderes legislativo y judicial, el Colegio de Abogados, los medios y el Tribunal de Garantías Constitucionales (el cual, al igual que el Senado, quedó disuelto para siempre).

Lejos de devolver la paz trajo más violencia y narcotráfico (incentivado por él y por su familia), una autocracia ilegal, despidos y cierres de empresas masivos, la destrucción de la estabilidad laboral, y uno de los mayores remates de empresas estatales y robos de fondos públicos de nuestra historia.

En la siguiente página se asegura con grandes letras que esta carta magna fue aprobada por un 85.73% de los congresistas y que "el pueblo peruano votó a favor del Sí" con el "total nacional 55.3%". Eso es falso.

Las elecciones constituyentes del 22/11/1992 fueron boicoteadas por los 2 partidos históricos que gobernaron al Perú en las 3 previas décadas (AP y APRA) y por el grueso de las izquierdas y de los sindicatos. Hubo casi 2 millones de votos nulos/blancos y más de 3 millones de ausentes. Esos 5 millones que no votaron por nadie eran casi el doble de los 3 millones que votaron por el fujimorismo, el cual monopolizó al 55% del nuevo congreso constituyente.

La fuji-constituyente tuvo 80 miembros electos en un solo distrito a nivel nacional, lo que hizo que el grueso de las provincias se quedasen sin representantes. La mayor parte de ellos fueron de la capital (Lima y Callao) y todos tuvieron apellidos extranjeros (solo 2 tuvieron uno europeo y otro nativo). Sin congresistas de los trabajadores, ambulantes, campesinos y pobres, tuvimos una asamblea elitista y manipulada por la dictadura.

En el referendo del 25/12/1993, solo el 52.33% de los votos válidos (y no 3 puntos más, como resalta dicha historieta) fueron para el Sí. Empero, tomando en cuenta la gran cantidad de votos nulos y blancos, la actual fuji-constitución fue solo aprobada por el 47.63% de quienes fueron a sufragar. Los 3,895,763 votos a favor del Sí a esta se reducen a un tercio de los 11,620,820 electores inscritos, de los cuales casi un 70% no fue o no quiso ir a votar (pese a ser obligatorio).

Las elecciones de 1992 y el referendo de 1993 se dieron cuando teníamos una dictadura inconstitucional y muy represiva, la cual alteraba las votaciones, controlaba el grueso de los medios de comunicación y se valía de su pleno control sobre las FFAA y la PNP para hostilizar, terruquear o arrestar a muchos opositores. Pese a esas condiciones, la actual constitución nunca fue aceptaba por el grueso de los peruanos.

Carta magna ilegal

Según el Artículo 82 de la constitución de 1979: "Nadie debe obediencia a un Gobierno usurpador ni a quienes asuman funciones o empleos públicos en violación de los procedimientos que la Constitución y las leyes establecen. Son nulos los actos de toda autoridad usurpada. El pueblo tiene el derecho de insurgir en defensa del orden constitucional".

La aplicación de dicha norma constitucional conduciría a invalidar automáticamente la carta magna impuesta durante el fuji-golpe, la cual fue solo apoyada por 33% del electorado en condiciones represivas, y obliga al restablecimiento de la de 1979 y también a revisar todos los contratos lesivos al Estado desde entonces.

Este artículo pudo haber sido aplicado por los gobiernos de Valentín Paniagua (2000-2001), Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-11), Ollanta Humala (2011-16), o los subsiguientes presidentes antifujimoristas. Sin embargo, todos ellos prefirieron convivir con la actual carta magna ilegal e impopular. En su segundo gobierno, García no quiso volver a la redactada por su jefe, Víctor Raúl Haya de la Torre, la cual rigió su primer periodo (1985-90). Pese a que en 2002-2005, Javier Alva Orlandini, como presidente del Tribunal Constitucional, demandaba una nueva constituyente y constitución, el belaundismo y el "centro" ha ido abandonando dicha bandera. Pedro Castillo propuso una nueva constituyente, pero acabó triturado por un Congreso dominado por el fujimorismo.

El actual parlamento rechaza ir a un nuevo referendo para decidir si el pueblo apoya una nueva constituyente o avala preservar la actual, la misma que ya lleva 3 décadas (y es una de las que más ha durado de la docena que ha tenido el Perú).

Contradicciones

Según el constitucionalista Omar Cairo, en declaraciones a Epicentro TV recogidas por El País de España, el contenido de ese texto puede ser clasificado como delito de apología. De acuerdo al artículo 316 del Código Penal. “El que quien públicamente exalte, justifique o enaltezca un delito o a la persona condenada por sentencia firme como autor o partícipe será reprimido con pena privativa de libertad no menor de un año ni mayor de cuatro años”. Para ese reputado hombre de leyes, ese “es el caso de Fujimori, que está en prisión”.

A pesar de la gravedad de lo sucedido, todas las bancadas del mal llamado "Bloque Democrático" que controlan al Congreso (FP, PL, APP, AvP, RP, SP, UD y alvistas) se callan la boca. El silencio otorga.

El 7 de diciembre, en 6 minutos, este Parlamento vacó a Castillo por pronunciar un discurso similar al de Fujimori durante su autogolpe. No circuló la moción removedora por escrito, ni hubo derecho a la defensa o se dio una sola intervención, pero Castillo fue echado por un acto que no ha llegado ser tan grave como cuando Fujimori envió tanques contra los palacios judicial y legislativo e impuso una dictadura cívico-militar.

En una reciente entrevista a Canal N, cuyas citas reproduce La República, Martha Moyano justifica las ideas de ese texto impreso bajo su gestión: “Desde el año 2000, la caviarada tomó el Estado, básicamente el Ministerio de Educación, y entró en la mente y a la memoria a través de los libros de los niños. Más de 20 años son suficientes para que a un niño le cambies su forma de pensar y se le cambie la historia, todo al revés lo han contado. Cuentan que Alberto Fujimori fue un dictador, pero el pueblo fujimorista está en las calles”.

A lo que la ultraderecha insulta como "caviares" son aquellos que han denunciado la mega-corrupción y las violaciones a los derechos humanos de su dictadura. Ahora, el cerronismo ha sido aceptado para integrar el bloque de la DBA y la mesa directiva congresal, pues este se ha sumado al mismo planteo de que el Estado post-Fujimori es uno caviarizado y que todas las fuerzas que odian a los caviares se deben unirse contra estos.

Los regímenes autoritarios siempre buscan lavar el cerebro de las nuevas generaciones. El fujimorismo lanza este cuaderno de adoctrinamiento a los niños, a la par que se han erradicado materias como Geografía e Historia del Perú y Universal del curriculum escolar. Con todo ello se busca forjar infantes sin capacidad crítica y atontados por la TV y la media basura.

Urge des-fujimorizar al Estado y a sus instituciones. Un paso adelante debe ser una nueva Asamblea Constituyente, donde hayan representantes electos y revocables de cada una de las 196 provincias y de las organizaciones laborales, estudiantiles, campesinas y populares. Este debe contar con plenos poderes para que sea capaz de reestructurar radicalmente a la sociedad y aprobar una nueva carta magna.