Las últimas palabras que en su alegato final en el juicio contra el independentismo catalán pronunció Jordi Cuixart, presidente de Òmmium Cultural, antes de que Marchena pronunciara el “visto para sentencia” fueron “Ho tornarem a fer” (lo volveremos a hacer). Hoy Òmmium tiene otro Presidente, Jordi Cuixart está en Suiza atendiendo su empresa y el único que lo ha vuelto a hacer ha sido su señoría Marchena que en una interlocutoria y de acuerdo con las peticiones de la Fiscalía, no olvidemos que éste es un organismo que depende del Gobierno, ha lanzado un jarro de agua fría sobre las expectativas que los condenados por el Supremo, tanto como ERC y Pedro Sánchez, esperaban después de la remodelación del Código Penal. El Tribunal Supremo, con Marchena a la cabeza, ha hecho una interpretación torticera de la modificación del Código Penal aprobada por los otros dos poderes del Estado: el legislativo y el ejecutivo, y, retorciendo el nuevo texto del Código Penal lo ha amoldado a sus deseos pasándose por el arco de triunfo lo acordado por la mayoría política, convirtiéndose, de hecho,en la máxima autoridad del país a la hora de marcar quienes pueden presentarse a las elecciones electorales.

Pero los jueces del Supremo, con Marchena a la cabeza, no sólo se han contentado con retorcer el articulado de la legislación penal para adaptarlo a sus deseos, han ido más allá de su función de impartir justicia, se han instituido en los salvadores de la patria y en la interlocutoria se han permitido criticar al Gobierno presidido por Pedro Sánchez, enmendando la plana a los legisladores y abogando disimuladamente, entre lineas, por un cambio de Gobierno haciendo suyos los deseos y las teorías del PP y VOX. En los salones, con olor a naftalina, del Tribunal Supremo no ha gustado nada la eliminación del delito de sedición porque, según Marchena, “deja impunes los procesos secesionistas sin violencia” y abre la puerta a un proceso “de ruptura territorial que prepara la secesión de una parte del territorio del Estado”. Al parecer los jueces están arrogándose las funciones de “salva patrias” que en 1978 y “manu militari” se impuso al Ejercito en la Constitución.

La incompetencia de Rajoy trasladó a la Justicia la resolución de un conflicto territorial cuya solución está en el diálogo y la política, y el rey en su discurso del 3-O, dos días después del Referéndum, les azuzó con el “a por ellos” a que no dejaran impunes a quienes se habían atrevido a preguntar mediante las urnas a los ciudadanos catalanes si querían ser libres y dueños de su destino. Y entre Llarena y Marchena tejieron una sutil red en la que atrapar con años de cárcel a los acusados, les juzgaron como rebeldes cuando sabían que no se podía aplicar el delito de rebelión a su comportamiento, pero dicha acusación permitió a la Justicia mantenerles en prisión preventiva hasta la celebración del juicio. Durante el juicio se demostró que no existió la rebelión y les condenaron por sedición, a pesar que sus actos en ningún momento se ajustaban a la definición que reflejaba el Código Penal para este supuesto.

Ahora, desaparecida la sedición, a los togados del Supremo no les ha quedado más remedio que interpretar a su manera los nuevos artículos del Código Penal y retorcer la definición de “malversación agravada” para dejar fuera de juego a los miembros del Govern de Puigdemont. La comisión de este delito requiere lucro en el malversador, lucro que aquí no ha existido, y, a mayor abundamiento, el ministro Montoro en su día afirmó que ni un sólo euro de la caja de la Generalitat había servido para financiar el 1-O. Con todos estos movimientos del Tribunal Supremo español volvemos a estar, una vez más, ante una utilización de la Justicia en beneficio de una idea política, la de las dos derechas, enemigas del dialogo, el progreso y la libertad.

Si alguien creía que Llarena y Marchena iban a estar callados ante la modificación del Código Civil, fruto del pacto entre Pedro Sánchez y ERC, estaba muy equivocado. Para ambos magistrados el independentismo es una piedra en el zapato que les hace caminar escorados hacia la derecha más extrema y el nacionalismo español. El estamento judicial español cada día está más desacreditado, estos días también lo estamos viendo en las rebajas de condena que algunos jueces están llevando a cabo en la revisión de las sentencias con la nueva ley del “solo si es si”. Dan patadas a Pedro Sánchez en el culo de las mujeres y el independentismo.

Mientras no se remueva y renueve la cúpula judicial la democracia española cojeará escorada a la derecha. Marchena y sus togados han dado un golpe contra Pedro Sánchez, el gran Satán, el malvado vendedor de la patria. Leyendo las argumentaciones de tipo político en la interlocutoria he creído intuir entre lineas una llamada para que, en próximas citas electorales, sea apartado de la primera fila de poder y substituido por personas de las llamadas “de orden”, seguro que más de uno de los “barones” del PSOE está de acuerdo con el escrito y las opiniones de Marchena. Opiniones que puestas negro sobre blanco en sentencia son un peligro porqué están creando jurisprudencia a la que tendrán que someterse los jueces de las otras jurisdicciones. Esperemos, nos llevará mucho tiempo, que Europa mediante el TEDH repare los desaguisados cometidos por Marchena y sus togados.