El 1 de Julio del 2021, Ricardo Méndez, destacado periodista mexicano ha publicado un artículo bien detallado sobre la actual situación de la justicia en la Republica del Paraguay, dando un enfoque particular al modus operandi de la Ministra Gladys Bareiro de Módica, involucrada en varios proyectos que le brindan recursos financieros del sector privado y estatal al mismo tiempo, y por sobre todo constantemente está violando la constitución nacional del Paraguay. A continuación, compartimos lo escrito por Ricardo Méndez y publicado en el prestigioso diario Analítica de Venezuela.

“En un informe publicado por el Departamento de Estado en Abril 2020 sobre los Derechos Humanos y libertades fundamentales en la República del Paraguay, se analiza la politización y la corrupción que han paralizado las actividades en todo el Poder Judicial, y son causa de una morosidad de alto nivel en el marco de las resoluciones tomadas por la Corte Suprema de Justicia.

Es importante destacar la permeabilidad del crimen organizado en las altas esferas del Poder Judicial, el documento del Departamento de Estado enfatiza que “las acusaciones y condenas por corrupción de funcionarios públicos de nivel medio y bajo se produjeron con mayor frecuencia, mientras los funcionarios públicos de alto rango gozaron de un alto grado de impunidad”.

En el informe del Departamento de Estado se hace referencia a las conexiones que altas autoridades de la Corte Suprema de Justicia, entre ellos Gladys Bareiro de Módica, tienen con estudios jurídicos privados de tal manera recaudan beneficios financieros del sector privado y estatal al mismo tiempo.

El actuar de la Ministra Bareiro de Módica hace presumir que su imparcialidad este seriamente en duda, atentando la propia Carta Magna y demás normativas legales que les obligan a actuar jurisdiccionalmente de manera imparcial e independiente para dictar Resoluciones conformes a Derecho.

Que por cierto escrito se ha Formulado Recusación con Expresión de Causa contra la Ministra Gladys Bareiro de Módica, el cual refiere a la violación de las garantías Constitucionales del Debido Proceso y de legítima Defensa en Juicio, debiendo ser Juzgado por Jueces Imparciales y Otros, de conformidad a lo establecido por el Artículo 17 de la Constitución Nacional en concordancia con los Artículos 20 y 26 del Código Procesal Civil y la Jurisprudencia de nuestros Tribunales y por fundados argumentos como refiere a continuación:

En este caso, es de público conocimiento de que la Ministra Gladys Bareiro de Módica está involucrada con el Estudio Jurídico Alonso y Asociados en varias ocasiones. La estrecha amistad entre Bareiro de Módica con el Abogado Julio Alonso esta manifestada por gran familiaridad y frecuencia de trato, violando el Artículo 20 inciso i) del Código procesal civil de la República del Paraguay. Asimismo el socio comercial de Bareiro de Módica, Sr. Julio Alonso es abogado a su vez de José Ortiz, Gerente General de la Empresa Tabesa S. A. y del Grupo Cartes, propiedad de Horacio Cartes Jara que también sería propietario de la Empresa ENEX Paraguay.

Cabe resaltar que Julio Alonso fue defensor de la Ministra Bareiro de Módica y este vínculo de amistad como profesional, forma el aspecto subjetivo en el estado emocional de la citada magistrada que hace incidir en la toma de decisión de la Acción, obstaculizando la observancia de la imparcialidad debida en todo juzgador en todo estado de derecho.

En el informe presentado por el Secretario de Estado, Antony Blinken, se resalta el mecanismo de las chicanas jurídicas, las cuales fueros favorecidas por la Ministra Gladys Bareiro, durante toda su trayectoria. Teniendo en cuenta de que esta Alta Magistrada está violando la ética al decir que, en virtud de una ley que prohíbe que los casos judiciales duren más de cuatro años, los políticos y las personas influyentes condenados en tribunales inferiores han colaborado constantemente con ella de forma rutinaria al presentar apelaciones y mociones hasta alcanzar el plazo de prescripción o al solicitar con éxito la destitución o suspensión de los jueces y fiscales que trabajan en sus casos.

El caso de Gladys Bareiro de Módica es una perfecta ilustración de las maniobras que favorecen la impunidad endémica para los funcionarios gubernamentales de alto nivel acusados de delitos y por graves hechos de corrupción.

La actitud y comportamiento de Gladys Bareiro consiste en la inclinación deliberada de la más Alta Magistrada en favorecer a uno de los justiciables y de este modo plenamente relacionado a su fuero interno a lo institucional; de tal manera ella fácilmente deja entreverse en los indicadores materiales como sus actuaciones administrativas. En el caso con Expediente número 361, año 2.021 se elabora claramente la parcialidad de la ministra Bareiro y la Corte Suprema de Justicia ha puesto a una jueza que favorece a uno de los justiciables. Es obvio que toda recusación es odiosa, pero piénsese que más odioso resulta imponer a las partes un Juez que siendo fundamentalmente sospechoso de manifiesta parcialidad.

La gestión de Bareiro de Módica, en todos estos años ha fomentado la corrupción en todas las ramas y en todos los niveles del poder judicial, corrompiendo a los periodistas de investigación y que desarrollan informes falsos o superficiales sobre la performance de la Corte Suprema de Justicia en el tratamiento de los casos de malversación de fondos, evasión fiscal, enriquecimiento ilícito, abuso de la confianza pública, documentos falsos y asociación delictiva.

El Paraguay tiene altos índices de corrupción, se encuentra en una grave crisis económica y política.

El poder judicial bajo la gestión de la Ministra Gladys Bareiro se encuentra en una encrucijada muy sensible entre la percepción negativa de la sociedad y la falta de integridad entre los magistrados.

Destituir de forma urgente a la ministra Gladys Bareiro le convendría al buen funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia y por sobre todo el Paraguay tendría mejor imagen ante sus socios internacionales y sin dudas recibiría una positiva evaluación en los próximos informes del Departamento de Estado.”