El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado este jueves, tras más de ocho horas de discusión, imponer una sanción de tres años de suspensión -la máxima posible- al magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona Santiago Vidal por una falta disciplinaria muy grave, concretamente por vulnerar el deber básico de fidelidad a la Constitución y al ordenamiento jurídico al participar en la elaboración de una Carta Magna catalana. La sanción impuesta conlleva la pérdida de destino.

La decisión ha supuesto una evidente fractura en el órgano de gobierno de los jueces, ya que ha sido adoptada por los doce votos frente a nueve, los de la mayoría conservadora y el presidente Carlos Lesmes frente a la oposición de los vocales del denominado "bloque progresista", que han anunciado voto particular, y a los que se ha sumado el vocal designado a propuesta del PNV Enrique Lucas.

Pese a que hasta ayer se daba casi por casi seguro que una mayoría respaldaría la propuesta de expulsión defendidas por la fiscalía y por el promotor de la Acción Disciplinaria, Antonio Jesús Fonseca-Herrero, finalmente la falta de un consenso amplio que respaldara esta medida tan contundente ha derivado en la imposición de un castigo disciplinario algo menor.

Hasta poco antes de votarse los tres años de la sanción, el ponente de la propuesta que se discutía en el Pleno del Consejo en relación con este expediente, Rafael Fernández Valverde, había sugerido reemplazar la sanción de expulsión de la Carrera por la de suspensión por dos años del magistrado.

Este cambio en el plan inicial era consecuencia de la retirada, por asentimiento de todo el Pleno, de una de las acusaciones que el Promotor de la Acción Disciplinaria de este órgano realizó contra Vidal, la de realizar actividades incompatibles con el cargo de juez - contemplada en el artículo 417.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). El Pleno había optado, también por doce votos frente a nueve, mantener la segunda de las faltas muy graves de disciplina atribuidas a Vidal, la regulada 417.14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por ignorancia inexcusable en el cumplimiento de los deberes judiciales.

DIVISIÓN EN TODAS LAS VOTACIONES
El Consejo lleva todo el día votando diferentes propuestas en relación con este expediente, y todas ellas han evidenciado la fuerte división existente en este órgano en relación al caso Vidal.

En primer lugar los vocales discutieron sobre una cuestión de procedimiento, para validar si la propuesta del promotor debió ir como lo hizo directamente al Pleno o si tenía que haber pasado previamente por el filtro de Comisión Disciplinaria, ganando los primeros por la misma proporción de votos (12-9). Los vocales que votaron en contra han anunciado también un voto particular al respecto de este asunto.

Seguidamente, los vocales han discutido sobre la posible prescripción del expediente, y el resultado de la votación sobre este asunto ha sido de 13 frente a 8, según han informado fuentes del Consejo. En cuanto a la indefensión alegada por Vidal, ha sido también rechazada por 14 votos frente a 7.

Después de dirimir estas cuestiones, y tras un receso para comer, los miembros del CGPJ comenzaron a abordar el fondo de la cuestión. El relato de hechos realizado por el promotor, que ha sido defendido por el vocal Rafael Fernández-Valverde, obtuvo el apoyo de doce de los vocales frente a nueve.

Han votado a favor de imponer la sanción, además de Lemes, los vocales Juan Manuel Fernánez, Gerardo Martínez Tristán, Ángeles Carmona, Nuria Díaz, Rafael Ferández Valverde, Fernando Grande-Marlaska, Vicente Guilarte, Carmen Llombart, José María Macías, Juan Martínez Moya y Wenceslao Olea.

En contra se han posicionado Mar Cabreras, Álvaro Cuesta, Roser Bach, Victoria Cinto, Enrique Lucas, Clara Martínez de Careaga, Rafael Mozo, Concepción Sáez y Pilar Sepúlveda.

La propuesta del promotor justificaba la expulsión de Vidal por considerar probado que "ha participado activamente, y al margen de cualquier cobertura, en un grupo de trabajo de composición heterogénea tenía por objeto elaborar y redactar una 'Constitución catalana'" y que además admitió de forma pública que su intención era ponerla a disposición o que sirviera de modelo para quienes promovieran la celebración de una consulta por el llamado 'derecho a decidir' y la independencia de Cataluña.

A ello se añadía, según el promotor, que el magistrado había efectuado "de forma reiterada declaraciones públicas en defensa de la independencia de Cataluña y, asimismo, ha apoyado y participado activa y públicamente en iniciativas políticas que adoptaban instituciones públicas catalanas y entidades privadas sobre un proceso por y para la independencia de Cataluña".