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Ser acusado de barato como la peor ofensa a un político

El precio por Diputado

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El empresario Osvaldo Domínguez, exitoso empresario y dirigente deportivo que estuvo a punto de alcanzar la presidencia del Paraguay, criticó alguna vez a un legislador acusándolo de ser un “diputadito barato”.

Se explica el adjetivo porque es normal en Paraguay que tanto legisladores, militares, funcionarios diversos e incluso organizaciones tengan un precio determinado, al punto que ser acusado de venderse a bajo precio constituye una afrenta pública.

Aunque por lo general los políticos se venden a la embajada norteamericana, donde acuden a realizar proselitismo en lugar de hacerlo ante el pueblo, también es frecuente que lo hagan al gobierno de Taiwán y últimamente al de Venezuela, por lo general a todos ellos y en el mismo día.

La embajada norteamericana es la de mayor solvencia por razones obvias, y tan segura está de tener comprados a los sátrapas que puede darse el lujo de afirmar que no le interesa que también se vendan a la embajada de Venezuela.

“El presidente puede relacionarse con quien quiera, ya que nosotros tenemos también un acercamiento con los países que queramos” declaró alguna vez Liliana Ayalde, por entonces embajadora norteamericana en Paraguay. Su antecesor James Cason, según wikileaks, había informado al departamento de estado que la izquierda paraguaya solo fingía simpatía por Venezuela, motivada exclusivamente por el dinero.

Hay que decir en defensa de los políticos, que también se venden los periodistas y medios de comunicación con notable asiduidad. En Paraguay, todo tiene su precio, y las tasaciones de diputados e incluso gobiernos no constituyen una novedad.

Cuando a principios de la década de 1930 personeros de Rockefeller incitaron a Bolivia a apoderarse del Chaco Boreal para quedarse con su petróleo, la Shell financió al ejército paraguayo para que lo defienda y las ganancias de los mercaderes de la guerra costó más de cien mil paraguayos y bolivianos muertos, merced a los líderes de ambos países.

A principios del siglo XX, un empresario portugués de nombre Manuel Rodríguez, testaferro de Percival Farquhar, pagó doscientas mil libras esterlinas por lograr un cambio de gobierno en el Paraguay, que entonces igual que hoy, se encontraba gobernado por el Partido Liberal. Los golpistas devolvieron su dinero al inversionista, que buscaba concesiones ferroviarias, cargando la cuenta sobre las escuálidas arcas fiscales.

Los testaferros de Farquhar lucraron en Paraguay depredando grandes zonas boscosas para vender la madera, lucrativa actividad que adoptaron con el transcurso del tiempo la mayoría de las autoridades civiles, militares y eclesiásticas de turno en el país.

La impunidad en los negocios explica que la política en Paraguay abra las puertas del paraíso terrenal, donde no se tiene opinión diferente a la propia, de allí que sea muy tenso el equilibrio entre la gente que quiere entrar y aquellos que no quieren salir.

Para mantenerse en su lugar, a lo largo de su propia historia, la clase política paraguaya ha sido capaz de entregar el poder a un dictador perpetuo, pedir ayuda para alcanzar el poder a las mismas tropas de ocupación brasileña, conspirar en Buenos Aires, reformar la constitución para permitir reelecciones indefinidas y, entre tantas otras anécdotas, permitir al poder de turno integrar la Corte Suprema de Justicia a su medida.

Sucedió esta semana en la Cámara de Diputados, donde las transacciones se realizaron a la luz pública y en plena sesión, permitiendo el inicio de un juicio político cuyo único objetivo es concentrar mayor poder en la persona del presidente Horacio Cartes, desatando el cuoteo y permitiéndole contar con una justicia a la medida. El periodista Chiqui Ávalos ironizó al respecto afirmando que ahora se buscan los cuatro votos que faltan en la cámara de Senadores ofreciendo medio millón de dólares por cabeza, en hecho que molestó a los diputados que cambiaron su postura por apenas cincuenta mil dólares.

Algunos senadores afirman que por principios no votarán por un juicio político que sólo llevará al cuoteo y permitirá al presidente concentrar más poder, pero conociéndolos, quizás esas declaraciones sólo tienen por objetivo aumentar la cotización del voto. Como en pocos lugares, en Paraguay la política es pedir el voto de los pobres y el dinero a los ricos para proteger a unos de los otros. Y como alguna vez lo dijo George Bernard Shaw: El dinero no es nada, pero mucho dinero, eso ya es otra cosa.

El precio por Diputado

Ser acusado de barato como la peor ofensa a un político
Luis Agüero Wagner
jueves, 11 de diciembre de 2014, 08:15 h (CET)
El empresario Osvaldo Domínguez, exitoso empresario y dirigente deportivo que estuvo a punto de alcanzar la presidencia del Paraguay, criticó alguna vez a un legislador acusándolo de ser un “diputadito barato”.

Se explica el adjetivo porque es normal en Paraguay que tanto legisladores, militares, funcionarios diversos e incluso organizaciones tengan un precio determinado, al punto que ser acusado de venderse a bajo precio constituye una afrenta pública.

Aunque por lo general los políticos se venden a la embajada norteamericana, donde acuden a realizar proselitismo en lugar de hacerlo ante el pueblo, también es frecuente que lo hagan al gobierno de Taiwán y últimamente al de Venezuela, por lo general a todos ellos y en el mismo día.

La embajada norteamericana es la de mayor solvencia por razones obvias, y tan segura está de tener comprados a los sátrapas que puede darse el lujo de afirmar que no le interesa que también se vendan a la embajada de Venezuela.

“El presidente puede relacionarse con quien quiera, ya que nosotros tenemos también un acercamiento con los países que queramos” declaró alguna vez Liliana Ayalde, por entonces embajadora norteamericana en Paraguay. Su antecesor James Cason, según wikileaks, había informado al departamento de estado que la izquierda paraguaya solo fingía simpatía por Venezuela, motivada exclusivamente por el dinero.

Hay que decir en defensa de los políticos, que también se venden los periodistas y medios de comunicación con notable asiduidad. En Paraguay, todo tiene su precio, y las tasaciones de diputados e incluso gobiernos no constituyen una novedad.

Cuando a principios de la década de 1930 personeros de Rockefeller incitaron a Bolivia a apoderarse del Chaco Boreal para quedarse con su petróleo, la Shell financió al ejército paraguayo para que lo defienda y las ganancias de los mercaderes de la guerra costó más de cien mil paraguayos y bolivianos muertos, merced a los líderes de ambos países.

A principios del siglo XX, un empresario portugués de nombre Manuel Rodríguez, testaferro de Percival Farquhar, pagó doscientas mil libras esterlinas por lograr un cambio de gobierno en el Paraguay, que entonces igual que hoy, se encontraba gobernado por el Partido Liberal. Los golpistas devolvieron su dinero al inversionista, que buscaba concesiones ferroviarias, cargando la cuenta sobre las escuálidas arcas fiscales.

Los testaferros de Farquhar lucraron en Paraguay depredando grandes zonas boscosas para vender la madera, lucrativa actividad que adoptaron con el transcurso del tiempo la mayoría de las autoridades civiles, militares y eclesiásticas de turno en el país.

La impunidad en los negocios explica que la política en Paraguay abra las puertas del paraíso terrenal, donde no se tiene opinión diferente a la propia, de allí que sea muy tenso el equilibrio entre la gente que quiere entrar y aquellos que no quieren salir.

Para mantenerse en su lugar, a lo largo de su propia historia, la clase política paraguaya ha sido capaz de entregar el poder a un dictador perpetuo, pedir ayuda para alcanzar el poder a las mismas tropas de ocupación brasileña, conspirar en Buenos Aires, reformar la constitución para permitir reelecciones indefinidas y, entre tantas otras anécdotas, permitir al poder de turno integrar la Corte Suprema de Justicia a su medida.

Sucedió esta semana en la Cámara de Diputados, donde las transacciones se realizaron a la luz pública y en plena sesión, permitiendo el inicio de un juicio político cuyo único objetivo es concentrar mayor poder en la persona del presidente Horacio Cartes, desatando el cuoteo y permitiéndole contar con una justicia a la medida. El periodista Chiqui Ávalos ironizó al respecto afirmando que ahora se buscan los cuatro votos que faltan en la cámara de Senadores ofreciendo medio millón de dólares por cabeza, en hecho que molestó a los diputados que cambiaron su postura por apenas cincuenta mil dólares.

Algunos senadores afirman que por principios no votarán por un juicio político que sólo llevará al cuoteo y permitirá al presidente concentrar más poder, pero conociéndolos, quizás esas declaraciones sólo tienen por objetivo aumentar la cotización del voto. Como en pocos lugares, en Paraguay la política es pedir el voto de los pobres y el dinero a los ricos para proteger a unos de los otros. Y como alguna vez lo dijo George Bernard Shaw: El dinero no es nada, pero mucho dinero, eso ya es otra cosa.

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