MADRID, 24 (SERVIMEDIA)
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, afronta la vuelta al curso político, con la reanudación este martes de las sesiones ordinarias del Consejo de Ministros tras el parón estival, con materias prioritarias para su cartera como titular de las políticas laborales, entre las que destaca la reducción de la jornada laboral y la aprobación del Estatuto del Becario.
Ambos asuntos fueron situados por Díaz durante el mes de julio como esenciales, enmarcados en el "giro social" que, a su criterio, debía adoptar el Gobierno de coalición entre el PSOE y Sumar, espacio político que ella lidera en el Ejecutivo.
Y es que la vicepresidenta segunda endureció el tono contra el PSOE tras conocerse la implicación del exsecretario de Organización del partido, Santos Cerdán, hombre de la máxima confianza de Pedro Sánchez, en presuntos casos de corrupción, junto a su antecesor en el cargo y exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y el asesor de este, Koldo García.
Para Díaz, es "imprescindible" adoptar medidas de regeneración democrática pues, en contra de lo manifestado por Sánchez, considera que "la corrupción cero sí existe" y es posible. Además, exhortó a que estas acciones se acompañen de una agenda social "potente" para dar "motivos" a la ciudadanía para seguir confiando en el Gobierno y mejorar su vida.
Junto a la reducción de jornada y el Estatuto del Becario, Díaz situó también en el centro de esta hoja de ruta la ampliación de los permisos de maternidad y paternidad, lo que se aprobó antes del parón veraniego. En cambio, el Estatuto del Becario sigue encallado después de más de dos años.
Cabe recordar que a las puertas del verano de 2023 el Ministerio de Trabajo cerró un acuerdo con los sindicatos, con la oposición de la CEOE, que no salió adelante por diferencias internas con la parte socialista del Ejecutivo y el adelanto de las elecciones generales para el 23 de julio.
La aprobación de este Estatuto es uno de los puntos del acuerdo de Gobierno entre Sumar y los socialistas y recoge medidas encaminadas a reforzar los derechos de las personas en prácticas, al tiempo que limita el número de becarios que puede tener una organización en función de su tamaño, con el fin de luchar contra la figura de los 'falsos becarios'.
REDUCCIÓN DE JORNADA
En paralelo, la reducción de la jornada de 40 a 37,5 horas no ha visto por el momento tampoco la luz ni se ha sometido a votación en el Congreso, después de que el Gobierno decidiera retrasar este debate para un momento político mejor, dado que en julio había "mucho ruido" y un asunto tan "importante" debe trabajarse en las "mejores condiciones" posibles, en palabras de la propia Yolanda Díaz.
Lo cierto es que, con este movimiento, el Ejecutivo ganó tiempo para seguir negociando con los socios de investidura, especialmente con Junts, el partido más beligerante con la medida. Si los de Puigdemont unen sus votos a Vox y PP contra esta reforma legal, el texto no podrá ser aprobado. Y, por el momento, los tres partidos mantienen viva la enmienda a la totalidad que cada uno presentó, lo que significa que de prosperar alguna de ellas, la rebaja del tiempo de trabajo ni se sometería a votación, porque sería devuelto al Consejo de Ministros.
Esta reforma del Estatuto de los Trabajadores, rechazada por CEOE y Cepyme, pero respaldada por CCOO y UGT, que amenazan con movilizaciones si no sale adelante con inmediatez, contiene otras dos grandes medidas: la regulación del derecho a la desconexión digital y el refuerzo del control horario en las empresas, de manera que sea digital e interoperable por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS).
La reducción de jornada es esencial para el Ejecutivo pero, especialmente, para Yolanda Díaz, quien sitúa como reto posterior la apertura de una mesa de diálogo para debatir con los agentes sociales una reforma de la legislación del despido en España, aunque ese melón todavía no se ha abierto.
En estas semanas de agosto, Díaz ha podido descansar en Galicia y participó este jueves en una manifestación en su tierra contra la gestión de la Xunta, presidida por el 'popular' Alfonso Rueda, ante la oleada de incendios que ha arrasado el 10% de la provincia de Ourense.
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