Amnistía Internacional reclama a los talibanes que acaben con "cuatro años de injusticia e impunidad"

MADRID, 15 (SERVIMEDIA)

Amnistía Internacional (AI) reclamó este viernes a los talibanes que restituyan los "marcos jurídicos formales" y el Estado de derecho en Afganistán y les exigió que pongan fin a "cuatro años de injusticia e impunidad" en el país.

Lo hizo en un comunicado de prensa coincidiendo con el cuarto aniversario de la recuperación del poder por parte de los talibanes, a quienes conminó a "acabar de inmediato con la administración arbitraria y sin garantías de la justicia, restableciendo un marco formal constitucional y jurídico y el Estado de derecho, en cumplimiento de las obligaciones internacionales de Afganistán en materia de derechos humanos".

Amnistía Internacional constató que en estos últimos cuatro años "el marco jurídico de Afganistán ha sido totalmente desmantelado y sustituido por un sistema basado en la religión y conformado por su estricta interpretación de la 'sharia' (ley islámica)".

Este sistema, continuó AI, se encuentra "plagado de incoherencias" y apuntó que en él "la impunidad y la ausencia de rendición de cuentas son generalizadas, hay juicios arbitrarios, sin garantías y a puerta cerrada". También denunció que "se aplican preferencias personales en la imposición de castigos", entre los que citó "flagelaciones públicas y otras formas de tortura y otros malos tratos".

ORDENAMIENTO "OPACO Y COERCITIVO"

Ante esta situación, la responsable de campañas de la organización para la región de Asia Meridional, Samira Hamidi, advirtió de que "tras cuatro años de régimen talibán, lo que queda es un ordenamiento jurídico sumamente opaco y coercitivo que da prioridad a la obediencia frente a los derechos y al silencio frente a la verdad".

Alertó de que "el sistema de justicia de los talibanes origina flagrantes errores judiciales", lo que le sirvió para aseverar que "no es sólo que se haya alejado de las normas internacionales de derechos humanos, sino que ha anulado casi veinte años de avances".

Amnistía Internacional recordó que antes de que los talibanes recuperaran el poder en Afganistán "las leyes afganas se basaban en una Constitución escrita y eran aprobadas por órganos legislativos elegidos después de que las reformas de 2001 introdujeran diversas mejoras en el país".

Añadió que "había varios niveles de actuación judicial (tribunales de primera instancia, de apelación y superiores), respaldados por fiscales independientes y estructuras de defensa legal", y explicó que "las decisiones de los tribunales por lo general estaban documentadas, podían recurrirse y estaban sujetas a control público".

La organización deploró que actualmente "los procedimientos judiciales suelen estar dirigidos por un único juez ('qazi') acompañado de un jurista religioso ('mufti') que asesora sobre el dictamen de sentencias religiosas ('fetuas') basadas en su interpretación personal de los textos religiosos".

SITUACIÓN DE LA MUJER

Por su parte, AI evocó que antes de la recuperación del poder por parte de los talibanes las mujeres ejercían activamente de juezas, fiscales y abogadas, mientras que ahora "la mayoría se han visto obligadas a esconderse o exiliarse tras haber sido despedidas de sus puestos".

Samira Hamidi atestiguó que "el sistema de justicia de los talibanes socava principios básicos de equidad, transparencia, rendición de cuentas y dignidad", ya que "no se basa en la protección de los derechos humanos, sino en el miedo y el control", por lo que "para muchas personas afganas, especialmente las mujeres, la justicia ya no es algo que puedan buscar. Es algo sin lo cual deben sobrevivir".

Por todo ello, AI exigió a los talibanes "retirar de inmediato sus severos edictos, acabar con los castigos corporales y mantener y defender los derechos humanos de toda la población del país"; y "respetar, proteger y defender activamente la independencia judicial y el Estado de derecho", lo que pasa por "reformar el sistema de justicia y asegurarse de que jueces y juezas puedan proporcionar sus servicios a la población afgana con arreglo a las obligaciones internacionales del país en materia de derechos humanos".

Por último, solicitó a la comunidad internacional que "actúe de inmediato, mediante la presión diplomática y la interacción basada en principios con las autoridades 'de facto' talibanas, para exigir el restablecimiento de un sistema jurídico formal, la protección de los derechos humanos y el Estado de derecho en Afganistán".