Los obispos dicen que impedir celebraciones "por motivos religiosos" es "una discriminación" que no cabe en sociedades democráticas

MADRID, 07 (SERVIMEDIA)

La Conferencia Episcopal Española (CEE) apoyó este jueves a la Comisión Islámica tras la decisión del Ayuntamiento de Jumilla (Murcia) de no permitir actos religiosos en instalaciones deportivas públicas. Los obispos católicos consideran que "hacer estás restricciones por motivos religiosos es una discriminación que no puede darse en sociedades democráticas".

Fuentes de la CEE recordaron que "las manifestaciones religiosas públicas, entendidas como libertad de culto, están amparadas por el derecho a la libertad religiosa, un derecho humano fundamental protegido por la Constitución española".

De hecho, los prelados españoles recordaron que el artículo 16.1 de la Carta Maga asegura que "se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley".

Por tanto, según el Episcopado, "la única intervención posible por parte de las autoridades públicas es la perturbación del orden público que estas celebraciones puedan causar", algo que "debe ser valorado con objetividad por especialistas y con criterios técnicos para que no responda a una decisión arbitraria o ideológica".

"Las restricciones, si buscan proteger el bien común, se deben extender a cualquier tipo de manifestación que se realice en espacios públicos y no solo a las religiosas", sentenciaron desde la Conferencia Episcopal.

Por su parte la CEE también remitió a la Declaración de los Derechos Humanos, que en su artículo 18 afirma que "toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia".

Por ello, el Episcopado español concluyó que "la limitación de estos derechos atenta contra los derechos fundamentales de cualquier ser humano, y no afecta solo a un grupo religioso, sino a todas las confesiones religiosas y también a los no creyentes".