El Gobierno manda al Congreso el proyecto de ley que facilita la denuncia de contenidos ilícitos en plataformas digitales

MADRID, 29 (SERVIMEDIA)

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, aprobó en su reunión de este martes el proyecto de ley para la mejora de la gobernanza democrática en servicios digitales y medios de comunicación, que, entre otras cuestiones, designa a la CNMC como coordinador de servicios digitales, y que será remitido al Congreso de los Diputados para afrontar con su tramitación parlamentaria.

Este proyecto normativo adaptará el ordenamiento jurídico español a la normativa europea sobre servicios digitales y medios de comunicación y, en concreto, recoge modificaciones en varias leyes ya existentes para incorporar las provisiones de los Reglamentos de la Unión Europea 2022/2065 (Reglamento Europeo de servicios digitales) y 2024/1083 (Reglamento Europeo sobre la libertad de los medios de comunicación), según precisó el gabinete de Óscar López en un comunicado.

El ministro explicó que, con esta ley, se completa el "triple escudo de protección digital que nos protegerá a los ciudadanos españoles como nos protege a nivel europeo", formado por el Reglamento de Inteligencia Artificial, el Reglamento de Servicios Digitales y el Reglamento de Medios de Comunicación, tres normas europeas que, a su juicio, "nos protegen y nos amparan".

"No se trata solo de que la democracia defienda el pluralismo y los derechos digitales. Se trata de que la democracia también se defienda del acoso, de la manipulación o del odio", puntualizó.

La futura norma modificará la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, para designar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) como coordinador de servicios digitales, otorgando a este organismo "amplias competencias de control, supervisión, inspección y sanción" sobre los servicios digitales intermediarios, aquellos que facilitan la transmisión de datos, el acceso a contenido digital o la conexión entre usuarios y proveedores de bienes o servicios en línea.

CNMC

De este modo, la CNMC "velará" por que los proveedores de servicios digitales cumplan con el Reglamento Europeo de servicios digitales y el ministerio recordó que la normativa comunitaria contempla obligaciones como establecer canales de denuncia de contenidos ilícitos; aumentar la transparencia en torno a los parámetros utilizados en sus sistemas de recomendación y en la publicidad presente en sus plataformas; proteger a los consumidores cuando realizan contratos online y establecer medidas para garantizar un "elevado nivel de privacidad, seguridad y protección de los menores".

Por su parte, la Agencia Española de Protección de Datos supervisará la prohibición de publicidad basada en categorías especiales de datos personales, como la ideología, la afiliación sindical, la religión, la orientación sexual, las creencias o el origen racial o étnico y también comprobará la prohibición de crear perfiles de menores con fines publicitarios.

Además, la futura norma establece un "riguroso" régimen sancionador para garantizar el cumplimiento de las obligaciones en materia de servicios digitales, con multas que alcanzan hasta el 6% del volumen de negocios anual mundial del infractor para infracciones muy graves.

De esta manera, la iniciativa permite que las autoridades españolas dispongan de un marco jurídico "más claro y eficaz" para luchar contra los contenidos y productos ilícitos, los discursos de odio y la desinformación en las plataformas digitales, lo que, según el ministerio, contribuye a la protección de los derechos fundamentales y a la creación de un entorno en línea "más seguro, predecible y fiable para los consumidores y empresas de la Unión Europea".

LEY COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

Junto a ello, el texto contempla la modificación de la Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual para adaptar parcialmente el ordenamiento jurídico nacional al Reglamento Europeo de Libertad de los Medios de Comunicación y dar cumplimiento a varias medidas contempladas en el Plan de Acción por la Democracia y, en particular, en su eje de transparencia y pluralidad.

La Ley 13/2022, de Comunicación Audiovisual pasa a denominarse Ley General de Comunicación Audiovisual y de Medios de Comunicación, incluyendo a los prestadores de servicios de prensa dentro de su ámbito de aplicación. Además, se adapta el objeto y las definiciones de la Ley 13/2022 para garantizar la correcta comprensión del contenido del Reglamento Europeo de Libertad de los Medios de Comunicación y el respeto a las competencias de las comunidades autónomas respecto de los medios de comunicación de su ámbito territorial.

En línea con el Plan de Acción por la Democracia, se contempla la creación de un registro estatal de prestadores de servicios de medios de comunicación de carácter público, dependiente de la CNMC, en el que los medios de ámbito estatal deberán inscribirse y mantener actualizada información sobre su estructura de propiedad, el importe total anual de fondos públicos destinados a publicidad estatal que se les ha asignado y el importe total anual de los ingresos de la publicidad recibidos de autoridades o entidades públicas de terceros países.

El registro, que será de libre acceso, se configura como un instrumento de transparencia al servicio de la ciudadanía y de las empresas, con la finalidad de facilitar información sobre la propiedad de los medios de comunicación. Además, se crearán registros autonómicos coordinados con el registro estatal en los que se inscribirán los prestadores de servicios de medios de comunicación de ámbito autonómico.

PLURALISMO MEDIÁTICO

Asimismo, se establecen las líneas básicas de un nuevo procedimiento liderado por la CNMC para evaluar el impacto sobre el pluralismo mediático de las operaciones de concentración en el mercado de los medios, que se desarrollará reglamentariamente, con el fin de garantizar el pluralismo y la independencia editorial de los mismos.

La futura norma también contribuye a identificar "con claridad" las autoridades estatales competentes en materia de medios de comunicación, esto es el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, que será competente para la propuesta de normativa en materia de medios de comunicación y para la promoción de la autorregulación y corregulación; y la CNMC, que será competente para el control y supervisión de las obligaciones previstas en la norma.

"El proyecto contribuye así a garantizar la libertad, la transparencia y el pluralismo de los medios de comunicación en el marco del mercado único europeo y está basado en la idea de que disponer de una amplia gama de fuentes de información fiables y de periodismo de calidad es un factor indispensable para la formación de la opinión pública y uno de los pilares de la democracia y del Estado de derecho", apostilló el ministerio.

El texto contempla la modificación de la Ley 3/2013, 4 de junio, de creación de la CNMC, para asignar nuevas funciones y facultades de supervisión y control en materia de servicios digitales intermediarios y servicios de medios de comunicación.

Para ello, se cambia la estructura de este organismo, creando dos nuevas direcciones a las que corresponderá el ejercicio de estas funciones, la Dirección de Servicios Digitales y la Dirección de Medios de Comunicación.