Los desarrolladores de software de facturación, obligados a adaptar sus programas a Verifactu desde este martes

MADRID, 26 (SERVIMEDIA)

El próximo martes entra en vigor la obligación para todos los desarrolladores de software de facturación -unas 30.000 empresas en España, según el Instituto Nacional de Estadítica (INE)- de adaptar sus programas al reglamento técnico aprobado por la Agencia Tributaria, conocido como Verifactu.

Se trata de una norma clave para la digitalización fiscal del tejido empresarial español que afectará a todas las facturas y facturas simplificadas emitidas por más seis millones de autónomos y pymes, según el experto en digitalización TeamSystem.

Este cambio normativo, enmarcado en la Ley Antifraude, se aplicará en dos fases: desde enero de 2026 para las empresas que tributan por el Impuesto sobre Sociedades y desde julio de 2026 para los autónomos.

Sin embargo, la realidad del empresariado español está aún lejos de cumplir con estos requisitos. Según un informe elaborado por TeamSystem, junto a la consultora Materia Prima, más del 60% de los autónomos de España sigue facturando a mano, con papel, boli o Excel. Además, el 46,4% de los negocios esperará a ver cómo se adaptan otros antes de actuar, y un 38% lo dejará para el último momento.

La brecha digital continúa siendo un freno: el 50% de los negocios no muestra interés en contratar un software de facturación, y entre quienes ya lo utilizan, el 28% ni siquiera conoce la marca del programa que usa. Esta falta de digitalización genera un coste oculto estimado en más de 3.600 millones de euros al año por errores, duplicidades y tiempo improductivo.

Para apoyar esta transición, el programa Kit Digital, financiado con fondos europeos, ofrece ayudas a la implantación de herramientas digitales de gestión y facturación, especialmente dirigidas a autónomos y micropymes.

Desde TeamSystem recuerdan que el uso de software adaptado será obligatorio y que el nuevo reglamento prohíbe expresamente los programas de doble uso, es decir, aquellos que permiten manipular facturas o llevar contabilidades paralelas. Las sanciones por incumplimiento pueden alcanzar hasta 50.000 euros.