MADRID, 23 (SERVIMEDIA)
El sindicato CSIF criticó este miércoles que el real decreto aprobado por el Gobierno y publicado este mismo miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE) que establece el proceso de traslados de los menores migrantes no acompañados a las comunidades autónomas excluye el refuerzo de las plantillas de los centros y el incremento de recursos materiales y humanos.
Según explicó el CSIF en un comunicado, el real decreto recoge explícitamente en su Disposición adicional segunda que la aprobación "no implicará aumento de gasto público, ni supondrá incremento de gastos de personal", lo que significa que no habrá ni refuerzo de plantillas de los centros que recibirán a estos menores ni incremento de medios materiales.
La organización exigió al Gobierno y a las administraciones autonómicas, competentes en materia de protección de menores, la puesta en marcha "urgente" de una batería de medidas para garantizar la seguridad de los profesionales que trabajan en los centros que acogerán a los menores.
Entre esas peticiones destacan el refuerzo de plantillas y de unos ratios (menores por educador) adecuados, la implementación de protocolos de prevención y actuación ante agresiones con un registro específico, la contratación de un servicio de vigilancia las 24 horas del día para todos los centros de acogida y de menores, y establecer nuevas medidas organizativas como un mínimo de dos personas para cada turno.
También, el CSIF reclamó una dotación de sistemas de alarma y pulsera de pánico para todos los profesionales con conexión al centro de seguridad y servicios de emergencias, evaluaciones de riesgos psicosociales, un reconocimiento del complemento de peligrosidad o medidas compensatorias, y protección jurídica gratuita, entre otras cosas.
El real decreto establece cómo deberán actuar las comunidades autónomas para acoger a los miles de menores procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla desde el 28 de agosto. El sindicato considera que al Gobierno no "le importa la repercusión" que la llegada de los menores migrantes tendrá en las plantillas de los centros, ni la situación en que quedan los empleados públicos con competencias en materia de inmigración.
Además, el CSIF afirmó que el propio Ejecutivo reconoce que la inmigración de menores extranjeros no acompañados se incrementó un "221% en los últimos ocho años, por lo que es urgente dotar a los centros de los recursos necesarios para gestionar esta situación".
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