El Gobierno vuelve a aprobar la ley de secretos oficiales para cumplir con el PNV

MADRID, 22 (SERVIMEDIA)

El Gobierno volvió este martes a refrendar el anteproyecto de Ley de Información Clasificada y la remitirá al Congreso para su tramitación parlamentaria cumpliendo así con la promesa que le hizo al exportavoz del PNV Aitor Esteban el pasado 26 de febrero.

El Consejo de Ministros dio este martes el primer paso para cumplir la promesa que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le hizo al exportavoz del PNV en la Cámara Baja, Aitor Esteban, el día que se despidió del Hemiciclo tras más de dos décadas como diputado. "Cuente con que esta legislatura vamos a modificar la ley de secretos oficiales", le prometió Sánchez el pasado 26 de febrero a Esteban.

Se trata del enésimo intento de cambiar la Ley de Secretos Oficiales del franquismo que data de 1968 y que el PNV considera irrenunciable. El Ejecutivo de Sánchez ya aprobó en 2022 un anteproyecto de ley sin consenso de sus aliados y que decayó por el adelanto electoral del 23-J de 2023. En esta nueva norma se rebajan las sanciones económicas para los filtradores sobre el proyecto de 2022 y se añade como "criterio de graduación" el "derecho a la libertad de información", pero se alude expresamente a que se podrá aplicar el Código Penal.

Por otro lado, el texto sostiene que las causas relativas a las violaciones de los Derechos Humanos o crímenes de lesa humanidad no podrán ser objeto de clasificación. Así, el proyecto de ley regula cuatro categorías de información clasificada: "Alto Secreto", "Secreto", "Confidencial" y "Restringido". Las dos primeros son competencia exclusiva del Consejo de Ministros, y a cada una de ellas se le asigna gradualmente un límite temporal de clasificación teniendo en cuenta el riesgo de revelación no autorizada o uso indebido.

La principal novedad, según fuentes gubernamentales, es que se producirá el levantamiento del secreto de todos los documentos clasificados hace 45 años o más; es decir, de todos los anteriores a 1981, lo que incluye la dictadura franquista y la Transición. Los posteriores a esa fecha se irán desclasificando a medida que cumplan los plazos previstos en la nueva ley: hasta 60 años para los de "alto secreto"; 45 para los "secretos"; entre 7 y 9 para los "confidenciales"; y 4 o 5 para los "restringidos". El tiempo máximo de clasificación será de 45 años prorrogables de forma motivada otros 15 años.

La propuesta actual introduce un sistema de desclasificación automática de la información que ya está declarada secreta. Según sostiene el anteproyecto: "Se desclasificará automáticamente la información clasificada transcurridos cuarenta y cinco años o más desde su clasificación". La desclasificación será automática, sin embargo, el Ejecutivo se reserva el siguiente epígrafe: "salvo que la autoridad de desclasificación aprecie motivadamente, y de forma excepcional, que perdura la amenaza o el perjuicio para la seguridad y la defensa nacional". Por lo que esa "nueva clasificación deberá ser revisada anualmente".

A diferencia de la norma registrada en 2022, este nuevo anteproyecto también amplía las personas que pueden pedir la desclasificación de una información que ya es secreto. "Toda persona física o jurídica que sea titular de un derecho o interés legítimo o que pueda justificar un interés profesional en la información clasificada podrá solicitar a la autoridad competente su desclasificación", sostiene el documento.

En materia de sanciones, esta norma también sostiene un régimen sancionador más leve y rebaja la multa máxima por difundir un "Alto Secreto" o un "Secreto" (los dos niveles máximos) de tres a 2,5 millones de euros. La multa mínima es de 30.000 euros, y son de aplicación tanto a personas físicas como jurídicas. Además, establece que a quienes revelen información clasificada se les podrá aplicar el Código Penal, además de las sanciones que recoge esta ley.

La reunión hace una semana del lehendakari Pradales con Sánchez en La Moncloa constató la voluntad de los nacionalistas vascos de mantenerse junto a los socialistas, con los que cogobiernan en el País Vasco, pero con queja por el insuficiente avance en el traspaso estatutario pendiente de la gestión de la Seguridad Social. Los cambios ahora en este anteproyecto atenúan algunas de las críticas que realizó el PNV a la anterior norma que decayó en lo que tiene que ver con el tiempo en que se guardará esa información reservada y con la cuantía de las eventuales multas a quienes la difundan.