La defensa de Cerdán estudia acciones legales contra la autorización a la UCO para conocer las visitas al exdirigente socialista

MADRID, 18 (SERVIMEDIA)

La defensa del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán estudiará todas las acciones legales a su alcance tras haber autorizado el Tribunal Supremo que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investigue las visitas a este exdirigente socialista en la cárcel de Soto del Real (Madrid), donde se encuentra en prisión provisional por el 'caso Koldo'.

Fuentes de la defensa de Cerdán explicaron que las visitas a los reclusos están protegidas por la "confidencialidad" y que así está reconocido por la legalidad actual.

Por este motivo, los abogados del exsecretario de Organización socialista estudiarán todas las opciones posibles, que podrían pasar por un recurso de amparo ante el Supremo o solicitar el respaldo de los colegios de letrados.

En este sentido, en providencia dictada este viernes, el magistrado instructor, Leopoldo Puente, no se opone a que Instituciones Penitenciarias facilite a la UCO la información solicitada sobre "quién y cuándo" realiza las visitas al recluso.

SIN IMPEDIMENTO JUDICIAL

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias había consultado al Supremo sobre una petición de la UCO para acceder a estos datos, excluyendo expresamente el contenido de las conversaciones mantenidas durante las visitas al interno.

El instructor señala que "ninguna resolución judicial se ha dictado en esta causa especial concerniente en concreto a la cuestión referida", por lo que Instituciones Penitenciarias debe actuar frente a la solicitud "en los términos que considere normativamente conducentes".

La providencia responde a un oficio remitido por el secretario general de Instituciones Penitenciarias el pasado 16 de julio, en el que informaba de la solicitud de información por parte de la UCO sobre las visitas al recluso.

El magistrado instructor deja claro que no existe impedimento judicial para que se faciliten estos datos, siempre que se respete la confidencialidad del contenido de las conversaciones mantenidas durante los encuentros.

La decisión se enmarca en una causa especial que instruye el Tribunal Supremo, aunque la providencia no detalla los motivos concretos de la investigación ni los presuntos delitos que se investigan.