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El Supremo detecta "falta de sintonía" en los datos económicos de Ábalos y pide información al Congreso y al PSOE | |||
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MADRID, 10 (SERVIMEDIA) El Tribunal Supremo ha requerido al Congreso de los Diputados y al PSOE que aporten información detallada sobre todas las retribuciones y donaciones realizadas por el exministro José Luis Ábalos entre 2014 y 2024, tras detectar importantes discrepancias en los datos económicos disponibles. El magistrado instructor, Leopoldo Puente, toma esta decisión después de que la UCO hallara diferencias significativas entre las percepciones económicas declaradas y los movimientos bancarios del extitular de Transportes. El auto destaca que, mientras la Agencia Tributaria registra pagos del Congreso a Ábalos por 751.421 euros, en sus cuentas solo constan ingresos por 79.841 euros. Además, Hacienda refleja donaciones al PSOE de 44.729 euros, pero sus cuentas solo muestran transferencias por 8.471 euros. El instructor señala que estas "aparentes faltas de sintonía" en la información disponible sobre la situación económica del exministro hacen necesario recabar datos adicionales para esclarecer las discrepancias detectadas en el marco de la investigación. RASTREO PATRIMONIAL El magistrado también ha ordenado a la Agencia Tributaria y la Seguridad Social que aporten información detallada sobre los empresarios investigados en la causa y sus compañías, incluyendo la fundación Fiadelso, para determinar su verdadera situación patrimonial. La investigación busca conocer la estructura personal de las diferentes empresas y los vínculos laborales entre las personas contratadas, cruzando estos datos con la información bancaria ya solicitada previamente a distintas entidades financieras. El juez ha requerido específicamente las vidas laborales de los cinco empresarios investigados, así como de Santos Cerdán, Koldo García y la exmujer de este último, Patricia Uriz, para el periodo 2014-2024. AMPLIACIÓN DE PESQUISAS La petición de información a la Agencia Tributaria incluye el Informe de Suministro a los Juzgados sobre todas las personas físicas y jurídicas investigadas, extendiendo el requerimiento a la Hacienda Foral de Navarra en el caso del investigado Joseba Antón Alonso y su empresa Servinabar 2000. Esta nueva fase de la investigación pretende completar el mapa de relaciones empresariales y económicas entre los investigados, así como determinar los periodos exactos en que determinadas personas prestaron servicios profesionales para las empresas bajo sospecha. |
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