MADRID, 08 (SERVIMEDIA)
La Guardia Civil ha investigado a 36 personas físicas y dos personas jurídicas por la comisión de delitos de usurpación de aguas públicas y contra el medio ambiente en la provincia de Málaga, donde se han esclarecido 20 delitos por el aprovechamiento ilegal de recursos hídricos con afección medioambiental.
Según informó este martes el Instituto Armado, durante casi un año de operación policial los agentes realizaron 110 inspecciones de infraestructuras de extracción y manipulación de aguas, principalmente en pozos, sondeos y balsas de acumulación.
Entre los casos más graves destaca una empresa de materiales de construcción que durante al menos cinco años extrajo agua de pozos para su venta y reparto ilegal con cisternas a viviendas, piscinas y uso industrial, generando beneficios superiores a 240.000 euros.
La investigación reveló que esta empresa utilizó 2.400 cubas para transportar unos 12 millones de litros de agua extraídos ilegalmente, causando graves daños al dominio público hidráulico en una zona declarada en sequía persistente.
187 DENUNCIAS
Los agentes del Seprona formularon 187 denuncias por infracciones administrativas, incluyendo extracciones sin autorización, consumos superiores a los permitidos y ausencia de contadores volumétricos para controlar el gasto de agua.
Las investigaciones también destaparon la apertura ilegal de pozos y sondeos, construcción de balsas sin licencia urbanística y transformación no autorizada de cultivos de secano a regadío.
La situación se vio agravada por la declaración de sequía persistente en la provincia, que incluso llevó a establecer restricciones de agua en algunas zonas durante varios meses.
OPERACIÓN COORDINADA
La operación fue desarrollada por agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil en Málaga, bajo la dirección de la Fiscalía de Medioambiente provincial.
Las actuaciones contaron con la participación del Servicio de Dominio Público Hidráulico de la Junta de Andalucía y los Guardas Fluviales y agentes de Medio Ambiente autonómicos.
Los investigadores consideran especialmente graves estas infracciones dado el contexto de escasez hídrica que sufre la provincia, donde las captaciones ilegales agravan los problemas de abastecimiento.
IMPACTO MEDIOAMBIENTAL
Las extracciones ilegales detectadas han causado daños significativos a los acuíferos y recursos hídricos de la zona, comprometiendo la sostenibilidad del ciclo del agua.
La Benemérita mantiene abiertas las investigaciones para identificar posibles nuevos casos de captaciones irregulares que puedan estar afectando a los recursos hídricos de la provincia.
Las autoridades recuerdan que estas prácticas ilegales no solo constituyen un delito, sino que ponen en riesgo el abastecimiento de agua para consumo humano y actividades esenciales.
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